LOS chilenos votarán este domingo un plebiscito sobre la segunda propuesta de Constitución redactada en menos de dos años. Así determinarán si mantienen la Constitución de la dictadura de Pinochet o adoptan una todavía más conservadora que podría eliminar la restringida ley de aborto y endurecer el trato hacia la migración irregular.

Chile se embarcó hace cuatro años en un proceso para reemplazar la Constitución que en 1980 elaboró el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), ante las protestas de 2019 en reclamo de mayor igualdad social.

Cuando el país ardía al calor de masivas y violentas manifestaciones, las fuerzas políticas acordaron iniciar el proceso de reforma. Un año más tarde, en 2020, por un 80% los chilenos aprobaron en un plebiscito iniciar el camino hacia una nueva Carta Política.

La propuesta de la asamblea constituyente, dominada por la izquierda, preveía transformaciones de fondo, como el derecho al aborto. Pero el proyecto fue a plebiscito en septiembre de 2022 y fue rechazado por un contundente 62%.

Se inició entonces un segundo proceso constitucional liderado por un consejo elegido por voto popular y que terminó dominado por el ultraderechista Partido Republicano, que sedujo con su discurso de mano dura contra la inseguridad que asocia principalmente con la migración venezolana.

El gobierno de Boric apoyó con fuerza el primer proyecto de Constitución, pero se ha mantenido al margen de la discusión sobre la segunda propuesta.

Las encuestas -que por ley se dejaron de difundir hace dos semanas- anticipan un nuevo rechazo, aunque el alto número de indecisos podría cambiar la tendencia.

"La opción que triunfe lo va a hacer por poco. Finalmente, el nivel de desánimo es tan alto que (al día siguiente), probablemente el 95% de los chilenos va a estar mucho más interesado en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo que del proceso constituyente", dice el politólogo Fernando Wilson, de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Aunque la actual Constitución pasó por varias reformas que eliminaron sus normas más autoritarias, todavía divide a este país de casi 20 millones de habitantes, con un 70% que nació después de la dictadura.

Sin embargo, en las calles el plebiscito genera poco entusiasmo.

"Hay un ambiente de mucho desencanto, de poco interés, poca motivación, de cansancio con el tema constitucional. El electorado se va a movilizar básicamente porque el voto es obligatorio, si fuese voluntario tendríamos una bajísima participación", dice Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile.

En estos cuatro años, los chilenos han acudido a nueve elecciones, entre ellas las presidenciales en la cual resultó electo el mandatario izquierdista Gabriel Boric, de 37 años, que apoyó el primer proyecto.

La pandemia detuvo la efervescencia popular tras las protestas de hace cuatro años. La inflación y el posterior estancamiento económico, pero sobre todo la creciente sensación de inseguridad hicieron girar las preocupaciones de los chilenos.

"La gente quiere cosas más básicas: quiere seguridad, orden público, más policías en las calles; volver a la normalidad después de un par de años de una vida muy anormal", agrega Heiss.

Aborto y migración

La propuesta profundiza el carácter conservador de la Constitución de la dictadura, en especial en temas como el aborto y la seguridad pública.

El texto vigente protege "la vida del que está por nacer", mientras que el proyecto que irá a plebiscito amplía esa protección constitucional a "quien" está por nacer, lo que según sus promotores consagra el derecho a la vida desde la concepción.

Si bien algunos constitucionalistas lo consideran un cambio "simbólico" destinado a reforzar las convicciones ultraconservadoras, otros creen que podría dar pie a una eventual impugnación de la ley de aborto en tres causales (riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal y violación).

"Desde la juventud republicana asumimos como un desafío ser una generación 'provida' que se plantee, no hoy, pero en los años que sean necesarios, que en nuestro país no haya ninguna ley de aborto", sostiene el presidente de la juventud del Partido Republicano, Cristóbal García, de 27 años.

En medio de la preocupación creciente de los chilenos por la seguridad, vinculada a la llegada de extranjeros, la nueva propuesta establece la expulsión en el "menor tiempo posible" de los migrantes irregulares.

Esta noche se conocerá si las repetidas citas en las urnas y las propuestas de políticos, académicos y expertos fueron tres años perdidos.