Medios de comunicación nicaragüenses y activistas opositores en el exilio denunciaron este jueves la detención de un obispo según el cual la Conferencia Episcopal oraba por monseñor Rolando Álvarez, un crítico del gobierno de Daniel Ortega condenado a 26 años de prisión.

Aunque la policía en Nicaragua no se ha referido a la denuncia, opositores en el exilio en Costa Rica y Estados Unidos reportaron la detención del obispo Isidoro Mora, a cargo de la diócesis de Siuna, localidad caribeña ubicada a unos 300 km al noreste de Managua.

La abogada Martha Molina, investigadora de asuntos de la Iglesia nicaragüense, exiliada en Estados Unidos, dijo a la AFP que la policía detuvo al obispo el miércoles junto a dos seminaristas en el municipio La Cruz de Río Grande.

Medios como el diario La Prensa, El Confidencial y 100%Noticias, que trabajan desde Costa Rica, dijeron que Mora fue detenido después que el martes manifestara en una misa en Matagalpa, de cuya diócesis es obispo Álvarez, que los miembros de la Conferencia Episcopal están "siempre unidos orando por monseñor Rolando".

Mora, de 53 años, era vicario general en Matagalpa antes de ser nombrado obispo de Siuna en abril de 2021.

Álvarez, de 57 años, fue arrestado en agosto de 2022 y condenado el pasado 10 de febrero a 26 años de cárcel bajo cargos de traición a la patria, propagación de noticias falsas y desacato, un día después de que rechazara marcharse a Estados Unidos junto con 222 opositores presos expulsados del país.

En febrero, el presidente Daniel Ortega tildó a Álvarez de "soberbio" y "desquiciado".

Las relatorías de Derechos Humanos de la ONU pidieron en noviembre al gobierno de Ortega que libere "inmediata e incondicionalmente" a Álvarez, en "detención arbitraria".

El gobierno respondió diciendo que "cumple los protocolos de atención médica" al obispo y que éste gozaba de condiciones "preferenciales" de reclusión.

Álvarez ha preferido la cárcel al exilio. En julio estuvo libre unas horas, pero volvió a prisión tras rechazar irse del país.

Tampoco estuvo entre los 12 sacerdotes liberados en octubre y enviados a Roma tras un acuerdo del gobierno con el Vaticano, por lo que era el único obispo aún encarcelado en Nicaragua.

Nicaragua endureció las leyes sobre las oenegés y ha cerrado casi 3.500, entre ellas organismos y órdenes religiosas, tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU.

Una investigación de Molina detalló que desde 2018 hubo 740 ataques contra la Iglesia y que 176 sacerdotes y religiosas fueron expulsados, desterrados o se les prohibió ingresar al país.