Agentes de la Policía Nacional han liberado a siete víctimas de trata con fines de explotación sexual en una operación en la que se han detenido a 24 personas por su presunta participación en una organización criminal que captaba a mujeres en Colombia y las distribuía por pisos y chalés de Madrid.

Allí, eran obligadas a ejercer la prostitución y a consumir y traficar con sustancias estupefacientes conviviendo hacinadas y vigiladas las 24 horas del día. Para dificultar ser descubiertos, los integrantes de la red adoptaban numerosas medidas de seguridad.

Además de los 24 arrestados hay que sumar otros 12 pero por infringir la Ley de Extranjería. Algunas de estas últimas personas son las propias víctimas que, si declarar contra sus captores y colaborar con la Policía podrían beneficiarse de las condiciones que indica la Ley para regular su situación administrativa en España.

La investigación

La investigación comenzó hace un año tras una llamada al teléfono de atención a las víctimas de trata de una mujer que denunciaba ser sometida por esta red criminal. A este testimonio se unió el de otras cinco jóvenes que manifestaban haber sido captadas por una mujer que organizaba vuelos desde Colombia a España y que les consiguió un billete de avión a Madrid.

La organización captaba a chicas en situación de vulnerabilidad ofreciéndoles un puesto de trabajo en unas condiciones determinadas, no siempre relacionadas con la prostitución. Pero una vez que llegaban aquí les cambiaban las condiciones y se les exige una cantidad de dinero como pago del traslado, de los billetes, del alojamiento, "absolutamente de todo".

Una vez en la capital, eran entregadas a una segunda mujer quien se encargaba de su colocación y distribución dentro de un circuito de pisos y chalés donde eran obligadas a ejercer la prostitución para solventar la supuesta deuda contraída con el viaje, ha detallado a los medios el inspector jefe de la Sección de Trata de seres humanos de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, Víctor de la Serra,

Sin poder salir los primeros 21 días, hacinadas y vigiladas 24 horas, una vez alojadas en estas viviendas, bajo el control de varios responsables que cubrían todas las franjas horarias del día, estas mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones insalubres, en turnos de 24 horas, sin poder salir durante los primeros 21 días del inmueble.

En torno a 10 o 15 mujeres convivían en cada piso hacinadas en habitaciones con literas. Incluso llegaron a encontrar a tres chicas durmiendo en una misma cama.

Como reclamo, además todas eran publicitadas en anuncios de páginas web de prostitución asociadas a teléfonos de contacto y, si el cliente lo solicitaba, eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes e, incluso, a transportarlas cuando salían del domicilio, bajo amenaza de castigos o expulsión de estas viviendas.

De hecho, paralelamente a la actividad de explotación sexual, algunos de estos inmuebles operaban como puntos de venta de todo tipo de drogas. De hecho, en investigación también se ha detenido a personas que se encargaron de llevar mercancía en los inmuebles donde se ejercía la prostitución y la trasladaban a otros puntos para el consumo de sustancias estupefacientes.

A los agentes también les consta de que los delincuentes enganchaban a las víctimas de trata a la droga para engancharlas y que aumentara así su deuda.

Más de medio millón de beneficio obtenido y blanqueo de capitales

Los investigadores consiguieron determinar que los integrantes de esta red criminal adoptaban numerosas medidas de seguridad para dificultar la localización de estos pisos y el rastreo de los pagos. Utilizaban cada día una cuenta bancaria diferente, asociada a diversos números de teléfono con lo que complicaban el seguimiento de estas transacciones.

Tras el análisis de estos movimientos, los agentes llegaron a la conclusión de la existencia de un entramado financiero con el que la red diversificaba las ganancias obtenidas de la explotación sexual y el tráfico de drogas, llegando a alcanzar un beneficio superior al medio millón de euros.

Entre estas actividades, los agentes constataron que parte del dinero era utilizado para la compraventa de joyas y otros efectos de valor. La Policía calcula que la organización ha ganado 600.000 euros con esta actuación ilícita y les ha llamado la atención de que muchos pagos se efectuaban en Bizum.

Actualmente la investigación continúa abierta a la espera de los análisis de cuentas bancarias, si bien la fecha de la liberación de estas mujeres y la detención de los miembros de la red criminal se produjo a comienzos de noviembre, tras realizarse seis registros en distintas localidades de la Comunidad de Madrid.

Por estos hechos, los arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos, prostitución, contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los dos máximos responsables de esta red ingresaron en prisión provisional.

El futuro de las víctimas 

Las víctimas estén en manos de la Administración regional y de ONGs especializadas, alejándolas del sitio donde estaban siendo explotadas, formándolas y ofreciéndolas posteriormente un trabajo.

Además, a partir de ahora cuentan con la figura del testigo protegido para que no haya ningún tipo de relación con la organización, ni en la toma del juicio oral ni en ninguna otra parte.

La Policía alerta de que la prostitución cada vez está más escondida en casas particulares y que llegan a los clientes puteros a través de contactos, pasquines o Internet. "A las víctimas se las obliga a no tener ningún tipo de horario y a realizar cualquier tipo de práctica sexual", ha indicado el investigador, que ha agradecido la "excelente relación y colaboración" con la Fiscalía Delegada de Extranjería y Trata de Seres Humanos.

La Policía Nacional incide en que la vía más importante para poder ayudar a las víctimas de este delito es poner el hecho en conocimiento de las autoridades, subrayando que cualquier persona que conozca o sufra una situación de estas características la denuncie a través del teléfono 900 10 50 90, del correo electrónico trata@policia.es, así como de las formas habituales de contacto con la Policía Nacional a través del teléfono de emergencias 091 o en cualquier dependencia policial.