La historia recordará que el fiscal de Nueva York logró algo en lo que todos sus colegas fracasaron: condenar penalmente a Donald Trump. Sin embargo, este expediente corre el riesgo de ser el único contra el expresidente estadounidense que la justicia examine antes de las elecciones de noviembre.

El fiscal que lo instruyó, Alvin Bragg, de 50 años, se mostró modesto tras el veredicto: "Hice mi trabajo. Hicimos nuestro trabajo", comentó con seriedad. "La única voz que cuenta es la del jurado, y el jurado ha hablado".

En abril del año pasado, Bragg se había convertido en el primer fiscal en procesar penalmente a un expresidente estadounidense.

En ese momento, la mayoría de los comentaristas jurídicos lo criticaron, entre otras cosas por la banalidad del caso en comparación con otras investigaciones de las que estaba siendo objeto Trump.

"Hace un año, la mayoría de la gente como yo habría dicho que este era el caso con menos probabilidades de llegar a juicio, que probablemente era el menos importante", dijo el exfiscal federal Randall Eliason.

Especialmente porque Bragg no se caracteriza por la solemne austeridad del fiscal especial Jack Smith ni por el sentido de la mordacidad de la fiscal Fani Willis. El primero tiene a cargo la instrucción de un proceso federal contra el expresidente republicano por presuntos intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020 y por retener documentos clasificados tras su salida de la Casa Blanca. La segunda encabeza la acusación contra Trump y otras 14 personas en el estado clave de Georgia (sureste) por presuntos actos de interferencia electoral en 2020.

Estos últimos casos son mucho más graves que el de Nueva York, ya que Trump no era candidato, sino un presidente saliente. Pero esto es precisamente lo que retrasó los procesos judiciales, explicó Randall Eliason.

El de Nueva York era un expediente "mucho más sencillo, lo que le permitió avanzar más rápidamente, ya que no implicaba muchas cuestiones constitucionales difíciles", añadió el experto.

Mediante apelaciones, los abogados del candidato lograron posponer indefinidamente los otros tres juicios.

Estos se encuentran suspendidos hasta que la Corte Suprema expida un fallo sobre la inmunidad penal invocada por Trump. No se espera que decida antes de finalizar este mes, o incluso julio. Así, la fecha y el texto de su decisión podrían comprometer definitivamente la celebración del juicio antes de las elecciones.

Si fuera elegido nuevamente, Trump podría, una vez que tomara posesión del cargo, en enero de 2025, ordenar el abandono de los procedimientos federales en su contra.

Apelación y donaciones

Entre tanto, en una rueda de prensa en la Torre Trump de Nueva York, el expresidente y candidato republicano dijo que su es producto de una "estafa" de juicio, organizado por orden de la Casa Blanca, y defendió que esta supuesta manipulación es un "gasto legal" sin la mayor trascendencia.

Sobre la condena insistió en que lo único que hizo fue "pagar un gasto legal a un abogado, y como tal los expertos legales lo incluyeron así en los libros de cuentas", y denunció cómo, a lo largo del proceso, asistió en silencio a la "crucifixión" de varios testigos a su favor.

Explicó que no testificó por recomendación de sus abogados y aseguró que "Me daba igual el perjurio. No me importa exponerme porque hay cosas que hay que hacer por este país. Esto es más grande que Trump, más grande que mi Presidencia".

Por todo ello, anunció que apelará la sentencia que le espera el próximo 11 de julio donde el juez Merchan podría imponerle pena de cárcel, libertad condicional o arresto domiciliario, para luego reiterar que “el 5 de noviembre será el día más importante de la historia de nuestro país".

Poco antes de la comparecencia de Trump, la campaña del expresidente aseguró que había recaudado 34,8 millones de dólares (unos 32 millones de euros) en pequeñas donaciones recogidas en solo 24 horas tras la condena, una cifra histórica.