En los últimos cuatro años son varios los procesos por pérdidas en el erario público develados

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Una ardua labor ha desarrollado la Contraloría General de la República en su función de realizar el control fiscal del Estado y mediante sus acciones se ha logrado desentramar una gran cantidad de actos de corrupción que le han costado billones de pesos al erario.

Casos como Reficar, Odebrecht, PAE, Inpec, Rama Judicial y otros son solo algunos de los casos de mayor renombre que han sido tocados por el ente de control y que ha logrado resultados satisfactorios para el país.

El contralor general Edgardo Maya dijo en recientes declaraciones que deja una Contraloría moderna y fortalecida, que requiere sin embargo unos ajustes para cumplir plenamente sus funciones, para lo cual reclamó que se le restablezca la Función de Advertencia e insistió en la supresión de las contralorías territoriales y la creación de una Contraloría única y fuerte y dedicada solamente a realizar auditorías, desprendiéndose de la tarea de establecer responsabilidad fiscal.

 

1. Reficar

 

Este ha sido uno de los casos en que más ha avanzado la Contraloría, al punto que la semana pasada expidió Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal por un monto de más de 2.400 millones de dólares, equivalentes a más de 5 billones de pesos, luego de haber comprobado la existencia de daño fiscal por la pérdida de las inversiones realizadas en la Refinería de Cartagena durante los años 2011 a 2015. La Refinería inicialmente planeada por un valor de 3.777 millones de dólares terminó costando 8.326 millones de dólares, descontando financiamiento e intereses.

 

2. Odebrecht

 

Entre 2009 y 2014, Odebrecht efectuó e hizo que se efectuaran pagos por más de 12 millones de dólares para asegurar contratos de obras públicas. La empresa obtuvo beneficios de más de 50 millones de dólares como resultado de esos pagos corruptos. La compañía constructora tiene presencia en Colombia desde el año 1991, entre el año 2009 y 2017, realizó pagos corruptos para asegurar contratos de obras públicas. En este periodo aparecen dos obras de alta ingeniería, la Ruta del Sol Sector 2, adjudicada en diciembre de 2009 por el transformado Instituto Nacional de Concesiones, y el contrato para la navegabilidad del río Magdalena, entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena, controlado por Odebrecht.

 

3. PAE

 

El Programa de Alimentación Escolar (PAE), ha sido una vena rota para las finanzas nacionales. La Contraloría detectó irregularidades en el programa bandera del Ministerio de Educación, a nivel departamental y municipal, en donde se encontraron contratos con altos sobrecostos y a personas o empresas que poco o nada tienen que ver con la preparación de alimentos. SE detectaron irregularidades en todas las regiones del país y hasta la semana pasada se produjo la primera captura por estos hechos.

 

4. Fuerzas Militares

 

Bajo observación se encuentran todos los gastos reservados de las Fuerzas Militares. La decisión tiene que ver con la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por un desfalco en 4.307 millones de pesos a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, regional Atlántico. Los hechos se remontan a una auditoría que realizó la Contraloría a la Agencia Logística en el año 2015 y según fuentes del proceso, entre las irregularidades se encontraron inconsistencias entre lo registrado en los bancos y lo reportado en los libros contables.

 

5. JEP

 

Un informe de la Contraloría señala que de miles de millones de pesos han estado en entredicho para cumplir con las obligaciones de la puesta en marcha de lo que es la columna vertebral de la consolidación del proceso de paz. El contralor general Edgardo Maya reiteró que solicitó al saliente secretario ejecutivo de la JEP y a la directora del Fondo Colombia en Paz, que maneja los fondos de las ayudas internacionales para la paz, una serie de puntos concretos que tendrán que responder, pues “son servidores públicos y han manejado unos recursos destinados para el Estado”.

 

6. Unidad de Víctimas

 

En un informe de Auditoría la Unidad de Víctimas la Contraloría detectó Entre los incumplimientos está que la Unidad ha entregado valores extremadamente bajos, que no cubren un mínimo vital. A más de 8.800 hogares conformados por víctimas se les hicieron giros de 50.000 pesos, y a algunos giros de solo 22.000 pesos. Por lo que se alertó que esta entidad no tiene contemplado un pago mínimo para cubrir las necesidades de alimentación y alojamiento temporal. Por otro lado, la Unidad no ha realizado el ajuste al Sistema de Información de Víctimas: la recolección, procesamiento y reporte de información relacionada con ellos, se encuentra en una tabla de Excel.

 

7. Rama Judicial

 

Tras la Auditoría de Cumplimiento al proceso de reconocimiento, liquidación, pago de salarios y prestaciones laborales de los servidores de la Rama Judicial para las vigencias 2013 a Octubre de 2017, la Contraloría detectó que en los últimos cinco años el Consejo Superior de la Judicatura ha pagado 2.813 millones de pesos de más en salarios y prestaciones de nómina. Asimismo, en este mismo período, ha adicionado cesantías por más de 4.406 millones de pesos, lo que para la Contraloría es señal de debilidades y falencias en los procedimientos que aplica para la administración de personal.

 

8. DIAN

 

Se determinaron 13 hallazgos administrativos, de los cuales uno tiene posible incidencia fiscal por más de 376 millones de pesos. El más grave descubrimiento se encuentra en una falta de control, seguimiento y monitoreo a los recursos interpuestos por los contribuyentes. Y es que en un caso específico un usuario debía pagar 376 millones de pesos a la entidad como sanción por no presentar información, sin embargo, la persona apeló la decisión y la DIAN jamás respondió. Esto ocasionó un grave detrimento patrimonial.

 

9. Regalías

 

Las auditorías de la Contraloría realizadas entre 2015 y 2017 arrojaron hallazgos con presunta incidencia fiscal por cerca de 840.000 millones de pesos, de los cuales alrededor del 40 por ciento son consideradas obras inconclusas, en abandono o terminadas sin uso. A finales de 2017, el alto valor de los excedentes sin ejecutar fue de 12,4 billones de pesos, que refleja los problemas de eficiencia en la ejecución de los recursos que han venido caracterizando el sistema. De esta suma, un valor de 4,2 billones de pesos reposaban en las cuentas bancarias que manejan las entidades territoriales. Las licitaciones se realizan con un único oferente en un porcentaje que supera el 70 por ciento, indicador que permite señalar que los riesgos de corrupción continúan siendo altos.

 

10. Vive Digital - Fonade

 

La Contraloría vio la necesidad de liquidar Fonade luego de que encontró irregularidades en la ejecución del convenio suscrito por dicha entidad con el Fondo TIC, para adelantar la Gerencia del proyecto de la Fase III de la estrategia “Puntos Vive Digital”. El valor total del convenio suscrito ascendió a la suma de 247.304 millones de pesos, de los cuales, a 31 de diciembre de 2017, el Fondo había desembolsado a Fonade 92.000 millones de pesos. En la contratación derivada celebrada por Fonade para cumplir el objeto del convenio, se pactaron anticipos a favor de los integradores de las 5 regiones, correspondientes al 30 por ciento del valor total de los contratos, los cuales, a la fecha del ejercicio auditor, ascendían a 44.870 millones de pesos.