Tras ser declarado departamento exitoso en sustitución de cultivos ilícitos, Arauca inició la definición de los planes de apoyo social a las familias que levantaron toda la coca, y que se traducirán en comedores escolares, atención básica en salud, guarderías y atención a la tercera edad, en el componente comunitario del Plan de Atención Inmediata (PAI).

Se trata de uno de los mecanismos contemplados en los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno y las Farc, que debe ser coordinado e implementado por el Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

El proceso de atención vinculará a 365 familias que levantaron 406 hectáreas de hoja de coca en veredas de Arauquita (Arauca), según el último informe de verificación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

El director del PNIS, Eduardo Díaz, recordó que el PAI tiene dos componentes: el familiar, que incluye acciones, recursos y desarrollo de proyectos productivos legales para los núcleos familiares de cultivadores; y el comunitario, para las veredas en general, que tiene varios componentes: programa de guarderías infantiles, construcción y dotación de comedores escolares y suministro de víveres; programas contra el hambre para la tercera edad; programas de superación de la pobreza y generación de ingresos; mecanismos de información para facilitar el acceso a oportunidades laborales y brigadas de atención básica y puestos de salud.

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“Se trata de una acción innovadora, nunca antes desarrollada, que implica la vinculación de los organismos del estado, la participación directa de las autoridades departamentales y locales, y una respuesta a las necesidades de las gentes más golpeadas por el conflicto en Colombia”, destacó Díaz.

El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, quien ha apoyado decididamente la sustitución de cultivos en el departamento, tendrá una vinculación activa en el Plan de Atención Inmediata, que cubrirá veredas del municipio de Arauquita, del departamento de Arauca.

Entre tanto, con la preselección de siete organizaciones para el desarrollo de proyectos productivos, el PNIS inició en Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré, Córdoba, la fase de asistencia técnica para apoyar a los campesinos que erradicaron sus cultivos de uso ilícito.

Las organizaciones que sean seleccionadas trabajarán, en principio, en los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré.

Allí Díaz recordó que “se trata de un paso clave para que las familias en el territorio puedan desarrollar proyectos productivos, apoyadas por el Estado y la empresa privada, que garanticen no solamente su protección alimentaria, sino una actividad lícita y rentable que mejore sus condiciones de vida”.

Durante 2017 en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré se vincularon al PNIS 2.885 familias cultivadoras de coca, recolectoras y no cultivadoras.