El gobierno de Juan Manuel Santos quien llegó al poder en 2010 está cerca de terminar y es hora de realizar un balance de lo que queda planteado en materia de infraestructura y de licitaciones que no alcanzar a ser concluidas en la actual administración.

Un análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) indica que el sector de infraestructura está en el ojo del huracán debido a los escándalos de corrupción. Con razón, la opinión pública está consternada sobre el impacto de los sonados casos de Odebrecht sobre la Ruta del Sol II-III, agravados recientemente por la postergación de la entrega de la obra del Túnel de La Línea para el 2019 y el colapso del puente en la vía Bogotá-Villavicencio a la altura de Chirajara.

La ocurrencia de todo esto no podía ser más inoportuna, después de un año 2017 lleno de zozobra y un cuasi-estancamiento en el crecimiento de la infraestructura vial (-0,1 por ciento anual durante 2017), lejos de las expansiones a doble-dígito que se pronosticaban a inicios del año.

Desde los escándalos de Odebrecht, entró al congelador buena parte de los cierres financieros de la segunda-tercera ola de las 4G. Algo de alivio regulatorio se ha logrado tras la aprobación de la Ley 1882 de 2018, pues despeja la incertidumbre financiera en aquellos casos en que ocurre una anulación del contrato de concesión por elementos extra-técnicos, como el de Ruta del Sol II.

También ha ayudado la rápida reversión de esa obra al Estado a través de Invías, para así acelerar nuevamente su construcción y ojalá pronta culminación.

Cabe aplaudir los avances legales en materia de la adopción del llamado “pliego tipo” para blindar las corruptelas en la contratación regional (realizadas “a dedo” en un 80 por ciento de los casos); y la mayor seguridad-jurídica para los “terceros de buena-fe” (contratistas-trabajadores-financiadores) en casos de caducidad-nulidad de contratos.

Lo que queda en el tintero

1. La licitación banda de 700 Mhz

El año pasado se anunció que en enero de este año se cumpliría con la subasta de la banda de 700 Mhz del espectro electromagnético, pero el proceso se comenzó realmente en abril cuando el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), en conjunto con la Agencia Nacional del Espectro (ANE), publicaron para consulta un segundo borrador de resolución de asignación de espectro de las bandas 700 y 1900 Mhz.

“Este texto se presentó después de efectuar los respectivos análisis de los comentarios del sector provenientes de distintos agentes, incluidos proveedores, industria, entidades de control y academia. Dentro de esta versión, se incorporaron ajustes considerados pertinentes, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados desde el inicio del proceso en materia de ampliación de cobertura y calidad de los servicios”, manifestó el ministro de TIC, Juan Sebastián Rozo.

2. Río Magdalena

La navegabilidad del río Magdalena es una de las obras que quedarán para ser desarrolladas por el próximo Gobierno.

Las obras fueron paralizadas cuando se descubrieron las irregularidades en el contrato con Navelena, empresa filial de Odebrecht, que utilizó recursos del Banco Agrario de Colombia para su financiación, Caso que ya fue resuelto y los recursos devueltos a la entidad financiera estatal.

El director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Carlos García, dijo que Cormagdalena adjudicó en mayo su propio contrato para asegurar los trabajos de dragado hasta finales del 2018.

De esta manera, informó García, “el puerto cuenta de manera permanente con los servicios de una draga para resolver las situaciones que puedan presentarse en el canal de acceso al puerto barranquillero”.

Finalmente reiteró la voluntad del Gobierno nacional para seguir trabajando de manera conjunta con los entes locales, para mejorar las condiciones de navegación por el Magdalena y continuar impulsando el desarrollo del puerto como eje fundamental para la competitividad y productividad de la región.

3. Galeón San José

Pasado mañana, después de dos prórrogas, se cerrará la licitación del galeón San José. Pese a que el Ministerio de Cultura publicó en marzo el acuerdo, los pliegos de condiciones y la minuta del contrato con sus respectivos anexos del proceso de Asociación Público Privada (APP), si no hay oferentes que cumplan con el lleno de los requisitos, todo indica que la empresa originadora Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG, que ya está precalificada, sería la seleccionada.

Según los pliegos, este contrato de más de 197.000 millones de pesos busca rescatar el galeón San José, preservar y aprovechar económicamente los bienes que están en el polígono autorizado en el mar Caribe, así como el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada, la cual se compone de un laboratorio para conservar los materiales rescatados y un museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación que haga parte de esta embarcación.

4. Buga-Loboguerrero-Buenaventura

Esta es la única salida de comercio exterior de Colombia hacia el Asia-Pacífico y en esta ruta han confluido todos los problemas imaginables diseños precarios; serios problemas ambientales; amenaza de la minería-ilegal sobre la propia obra; y dificultades en la adquisición de predios.

Una de las principales fallas de su estructuración ha tenido que ver con su división en cinco obras. Ha transcurrido casi una década y aún no culminan sus 113 kilómetros de vía. Actualmente solo operan los tramos de Loboguerrero-Mediacanoa, con 47 kilómetros y parcialmente el de Citronela-Loboguerrero, aproximadamente 39 kilómetros del total de 47 kilómetros.

Infortunadamente, en el arranque de 2018, la sorpresa ha sido que el propio concesionario está buscando la caducidad del contrato. De materializarse dicha caducidad, el país se vería abocado a reiniciar licitaciones, retrasando aún más la construcción de la principal arteria de comercio exterior hacia el Pacífico.

5. Túnel de La Línea

ANIF pronosticó que el Túnel de La Línea estaría siendo inaugurada en 2019, pues eran evidentes los repetidos percances-técnicos y las prórrogas.

Tras la quiebra del tercer contratista, el Gobierno anunció que su inauguración no le corresponderá al gobierno Santos. No solo han ido lentos los revestimientos del túnel, sino que sus salidas se contrataron tardíamente, generándose problemas para la doble-calzada Cajamarca-Calarcá.

Dadas las dificultades de contratación de ANI-Invías, la licitación del restante 12 por ciento de la obra (por 225.000 millones de pesos) ha requerido garantías de la Nación y hasta anticipos del 10 por ciento. Así, el costo del túnel terminará duplicando su presupuesto inicial (rondando los 1,4 billones de pesos) y con atrasos de casi 4 años frente al cronograma inicial.