Entre los puntos más altos del discurso de Iván Duque tras conocer los resultados con que ganó ayer la elecciones presidenciales está que aseguró que trabajará con todas las energías para el unir al país, que la lucha contra la corrupción, la politiquería y el clientelismo será su bandera y ratificó que en favor de las víctimas hará correcciones al acuerdo de paz que firmó Juan Manuel Santos.

Pero ¿cuáles serían esos cambios?, ¿podría hacer efectivamente esos ajustes teniendo en cuenta que este pacto quedó blindado por una reforma constitucional por los próximos tres gobiernos?, ¿qué efectos políticos podría traer a su administración meterle mano a este asunto?

El presidente electo Duque Márquez dijo en su discurso con respecto a los acuerdos “la paz implica que pasemos la página. Hoy todos somos amigos de los que queremos la paz y debe ser una paz que permita a la base guerrillera su normalización a la vida pública. Esa paz que añoramos reclama correcciones para que las víctimas sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Añadió que “le hemos dicho a los colombianos que no vamos a hacer trizas los acuerdos, pero vamos a hacer modificaciones para que la paz brille”.

Señaló también que la paz debe ante todo "preservar el deseo de desmovilización, desarme y reinserción de la guerrilla". Esto último se entendió por muchos como un mensaje al Eln, que está sentada desde hace más de un año en la mesa de negociación con la administración Santos, frente a lo cual hay incertidumbre si Duque dará continuidad a ese proceso o lo abortará porque hasta el momento no ha entregado resultados concretos.

Duque ha señalado en días anteriores sobre las tratativas con esta guerrilla que “si el Eln quiere desmovilización, desarme y reinserción, bienvenidos con las siguientes condiciones: concentración previa con supervisión internacional, suspensión de todas las actividades criminales y un tiempo perentorio para avanzar en el proceso de desmovilización, desarme y reinserción”.

Está de acuerdo “con reducción sustancial de penas”. No es partidario de dialogar durante un cese del fuego bilateral ni “mientras hay alguien en la ilegalidad ejerciendo la violencia”.

Mientras que Duque como candidato dijo sobre el acuerdo de paz que no lo va a “hacer trizas” pero sí le realizará “correcciones”, particularmente en lo que tiene que ver con endurecer las sanciones a los excombatientes de las Farc involucrados en la comisión de graves delitos así como restringir su participación en política.

“Se debe dejar claro que si una persona está en el Congreso y le ratifican una condena por crímenes de lesa humanidad debe dejar la curul y se debe nombrar quien lo sustituya, que no tenga ningún crimen de lesa humanidad”, ha señalado.

Otro ajuste que Duque podría buscar hacer al acuerdo de paz, ateniéndose a lo que dijo como candidato, tiene que ver con la lucha contra las drogas, específicamente en lo que tiene que ver con la erradicación de los cultivos ilícitos, que como se sabe la administración Santos adelanta un programa de erradicación y de sustitución.

“No puede ser voluntaria la erradicación ni la sustitución”, advirtió Duque hace algunas semanas.

El blindaje

Luego de que la Corte Constitucional dejara en claro que el acuerdo de paz no hace parte de la Constitución ni del bloque de constitucionalidad el Gobierno acudió a buscar otro mecanismo para tratar de asegurar el cumplimiento del pacto. Con ese objetivo, entonces, se tramitó, al amparo del ‘fast track’ un acto legislativo que si bien no elevó a norma constitucional, sí procedió a hacer obligatorio su cumplimiento para los próximos tres gobiernos.

Ese acto legislativo sostiene que “en desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos  fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales”.

Agrega que “… las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

Sin embargo expertos han señalado que el acuerdo puede cambiarse porque no quedó como norma constitucional. El entonces presidente de la Corte, magistrado Luis Guillermo Guerrero, dijo que “el acuerdo no tiene en sí ningún valor normativo, sino que requiere su incorporación a la Constitución, como se ha venido haciendo, a través de reformas constitucionales o de normas con fuerza de ley, sean ellas leyes aprobadas por el Congreso de la República o los decretos que el Gobierno expidió ya en desarrollo de las facultades  especiales”, ratificó.

Es decir que el gobierno del presidente Duque sí podría hacer ajustes al acuerdo de paz por medio de leyes y reformas constitucionales vía Congreso. Ahora será la Corte Constitucional después la que defina en su examen de constitucionalidad si cumple o no con el espíritu de lo pactado en La Habana.

Efectos políticos

En la coalición que apoyó a Duque en su aspiración estaban sectores del No en el plebiscito que han exigido ajustes al acuerdo de paz, como es el caso del exprocurador Alejandro Ordóñez, quien dijo que es un pacto para la impunidad.

Se prevé que esos sectores estarán a la espera de que el nuevo presidente haga los cambios al acuerdo en temas como participación política y el sistema de justicia de paz; no obstante en el caso del Partido Liberal, que en segunda vuelta pasó a apoyar a Duque, le pidió que los ajustes que contempla no afecten la esencia del acuerdo.

Así lo señaló el jefe único del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria: “El marco de nuestro apoyo está consignado en una constancia que le entregamos al entonces candidato Duque y a los medios de comunicación. Estamos totalmente comprometidos con el proceso de paz en curso y esperamos que las reformas que pretenda realizar el nuevo gobierno no menoscaben los compromisos adquiridos por el país, según el fallo de la Corte Constitucional”.

¿El Partido Liberal haría parte de la coalición del nuevo gobierno si no está de acuerdo con las correcciones que Duque le quiera hacer al acuerdo?, es una de las preguntas que surgen a la sazón.

Por su parte, Gustavo Petro dijo ayer en el discurso en que reconoció el triunfo de Duque acerca del anuncio de éste de corregir el acuerdo: "Los ocho millones de colombianos no vamos a permitir que Colombia regrese hacia la guerra. No vamos a retornar a la violencia, de pie ocho millones de colombianos".

En tanto que ayer el presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño, manifestó su interés de reunirse con Duque: “Queremos escuchar qué quiere decir cuándo habla de correcciones, porque de parte nuestra también podemos decir que hay muchas correcciones, muchas falencias en la implementación de los acuerdos y quisiéramos, ya que le escuché su disposición a jugársela por la paz, que las futuras generaciones no tengan que vivir lo que nos tocó vivir a nosotros”.