Bogotá tiene aproximadamente 16.000 reclusos en las tres cárceles nacionales que se encuentran en la Capital, de los cuales 6.000 están recluidos sin condena y su sostenimiento le corresponde al Distrito. Por su parte, la Nación destina recursos únicamente para el sostenimiento de los condenados. Así lo señaló el Concejal Germán García, quien citó a un debate de control político sobre esta situación, pues con el dinero que se recibe para 10.000 reclusos, se deben sostener 16.000, ya que el Distrito nunca había incluido esta necesidad en su presupuesto.
Frente a lo anterior, el concejal García sostiene que este desequilibrio económico deriva del hecho de que ya no caben más reclusos en las cárceles que hoy se encuentran en estado de hacinamiento (Picota, Modelo y Buen Pastor). Además la falta de una política para el manejo de sindicados conlleva a tener las cárceles llenas de presos sin condena; por tanto se resalta la necesidad de atender los mandatos legales para de esta manera, generar un impacto real en la problemática
De otra parte, aunque el concejal señala que, si bien la Cárcel Distrital cumple con la ley y no presenta hacinamiento, resalta que ésta goza de condiciones especiales, puesto que no recibe sindicados y condenados por crímenes de alto impacto, por lo que es una cárcel VIP; por tanto, insiste en que las entidades territoriales deben asumir la responsabilidad del problema de hacinamiento y generar acciones que ayuden a solucionarlo.
Así mismo, la concejal María Victoria Vargas afirma que la problemática del sistema penitenciario no puede ser reducido a la inexistencia de cupos, sino a la falta de responsabilidades de las entidades territoriales y la necesidad de implementar una política de manejo de sindicados, que implemente medidas que garanticen una inflexión de la tendencia expansionista de la población reclusa y la consecuente liberación de los cupos. Así mismo indica que debe existir una integración y armonización entre la política criminal y penitenciaria, para lo cual se debe generar una unidad entre la pena y el desarrollo de los programas en los centros de reclusión.
El concejal Armando Gutiérrez agrega que el hacinamiento carcelario obedece a un tema nacional, donde 115.792 personas se encuentran privadas de la libertad y éste supera el 365%. No obstante resalta que una de las principales causas del hacinamiento se debe a la reincidencia de los reclusos, puesto que no hay un verdadero acompañamiento en su rehabilitación y resocialización logrando que vuelvan a cometer delitos; por tanto hace un llamado de atención a la Administración para tomar las medidas necesarias que garanticen la protección de los derechos fundamentales de los reclusos.
Frente al debate de la responsabilidad del Distrito Capital en el manejo y sostenimiento de la población reclusa, la concejal Luz Marina Gordillo calificó como deprimente y dramática la convivencia de las personas detenidas en los centros penitenciarios. También afirmó que la Política Criminal Colombiana ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, incoherente y subordinada a la política de seguridad; y que el manejo de dicha política ha contribuido a perpetuar la violación de los Derechos humanos de los reclusos.
Según el concejal Jorge Durán Silva, "el Distrito tiene la responsabilidad no sólo de atender a los internos de la cárcel Distrital sino a los de las cárceles nacionales, siempre y cuando no estén condenados; pero teniendo en cuenta lo evidenciado durante el debate, las autoridades Distritales no han cumplido".
Ahora bien, el concejal Álvaro Acevedo Leguizamón se refirió a la problemática que se presenta en las Unidades de Reacción Inmediata, donde se adelantan las formalizaciones de captura y las imputaciones de los sindicados. A consecuencia del hacinamiento de las cárceles, estas personas deben permanecer más tiempo del debido, teniendo en cuenta que éstas unidades no cuentan con la capacidad en materia de infraestructura y servicios para su permanencia, dijo.
Problemáticas
1. Todos los reclusos de Bogotá (cerca de 16.000) cuentan con sólo seis (6) abogados, tres (3) en la Picota, dos (2) en la Modelo y uno (1) en el Buen Pastor. Esto represa el trámite judicial, aumentando el hacinamiento derivado de los retrasos en trámites judiciales.
2. Para atender a todos los reclusos de Bogotá hay una única ambulancia no medicalizada, que debe responder por traslados hospitalarios, atención de urgencias y por toda situación crítica que se presente entre los 16.000 internos y 1.300 funcionarios carcelarios.
3. En las visitas, especialmente las dominicales, se logran concentrar cerca de 15.000 personas en la picota, 9.000 en La Modelo y 4.000 en El Buen Pastor. Estas aglomeraciones no son vigiladas ni controladas por ningún organismo de riesgos y ante la ausencia de ambulancias, se puede decir que hay 27.000 personas en riesgo permanente sin derecho a ambulancia o planes de contingencia.
Por la gestión y permanente denuncia del Concejal Germán García Maya, en el presupuesto de 2018 para Bogotá se incluyó una partida de $5.500 millones, para la adecuación de una zona de la Picota, donde espera recibirse a quienes hoy se encuentran en las URI y Estaciones de Policía.