La Procuraduría General de la Nación denunció el embargo irregular a los recursos de la salud, y pidió a la Fiscalía, la Contraloría y la Judicatura acciones penales, fiscales y disciplinarias contra jueces, abogados y particulares vinculados con estos carteles.

Aunque la Constitución y las leyes prevén que los recursos para la salud son inembargables, actualmente $500.000 millones de pesos permanecen en depósitos judiciales como respaldo para cubrir obligaciones con terceros como contratistas y trabajadores. De este monto $300.000 millones corresponden a EPS del régimen contributivo y subsidiado y a la red pública de hospitales.

Un informe del Ministerio Público encontró que en Sincelejo, Mocoa y Valledupar jueces civiles locales estarían ordenando el embargo de los recursos que debían ser girados a las empresas sociales del estado en su condición de instituciones prestadoras de salud.

Para el caso de Sincelejo se pudo identificar que el Juzgado Tercero Civil del Circuito ordenó el embargo de cerca de $11.000 millones de pesos, que tenían como destino la ESE Hospital Universitario de Sincelejo, en procesos donde la mayoría de los reclamantes eran representados por un mismo abogado y el monto de esas deudas no superaba los $4.000 millones de pesos.

En total al Hospital Universitario de Sincelejo por vía judicial le han embargado más de $20.000 millones de pesos. En el departamento de Sucre los embargos a la salud superan los $30.000 millones de pesos.

En comunicación al  fiscal Néstor Humberto Martínez; al contralor Edgardo Maya Villazón, y al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Edgar Sanabria, la Procuraduría remitió copia del informe preventivo sobre la vigilancia a los procesos de embargos aplicados a los recursos del sistema de salud, que sirvió de base a la entidad para iniciar acciones disciplinarias.

Como parte de las medidas para hacer frente a estos carteles, el ente de control emitió una circular en la que ordena a los procuradores judiciales del país intervenir en los procesos donde se haya ordenado o se pida el embargo de los recursos de la salud, para advertir sobre la prohibición legal y, si es del caso, solicitar las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar.

El Ministerio Público recordó que el fin último de estos recursos es su circulación en el sistema de salud, y no terminar como depósitos judiciales, existiendo otros medios para garantizar el pago de esas acrecencias.