En medio de protestas por parte de los sindicatos de los profesores, la plenaria del Concejo de Bogotá aprobó ayer por 24 votos a favor frente a 11 en contra la autorización para que la Administración Distrital, por medio de la Secretaría de Educación, asuma compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales para el período 2019-2028 y así construir 13 colegios en concesión.

En una accidentada sesión, los policías tuvieron que sacar a la fuerza a los ciudadanos que estaban en las barras porque sabotearon con una bocina al concejal Andrés Forero. En la misma sesión, la concejal Lucía Bastidas sustentó que se construirán 13 colegios que beneficiarán a 13 mil estudiantes de Usme, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar con educación de calidad y jornada única.

En este sentido, el concejal independiente, Juan Carlos Flores, quien presentó ponencia negativa y después de un estudio técnico llegó a la conclusión de que no hay operadores suficientes para los 13 nuevos colegios. “Para mejorar a fondo la educación pública necesitamos muchos más colegios de jornada única. Pero Enrique Peñalosa quiere entregar los pocos nuevos colegios que tendremos a operadores privados”, sostuvo.

Las concejales Gloria Díaz y María Clara Name, mediante ponencia positiva, afirmaron que en virtud de las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo, donde se planteó la meta de construcción de 15 colegios en la modalidad de concesión, la iniciativa busca justamente cumplir con el Plan y así mismo brindar a los niños y jóvenes un tiempo de mejor calidad mediante la jornada única, fortalecer los resultados académicos y el desarrollo social.

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Según la administración, el propósito del proyecto radica en la necesidad de continuar con la construcción de 13 colegios con la modalidad de concesión que quedaron estipulados en el Plan de Desarrollo, por tanto, solicitan vigencias futuras por un valor de $368.675 millones.

Además, la Secretaría Distrital de Educación aseguró que los 22 colegios en concesión que actualmente operan en la ciudad, han permitido mejorar los resultados de los estudiantes en los exámenes de Estado, así como reducir la tasa de deserción escolar.

Por otro lado, la Alcaldía señaló que mediante la construcción de los 13 colegios se beneficiará a 5 mil estudiantes en 2019 lo que aumentará a 12 mil en 2021.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el Proyecto de Acuerdo cumple con los indicadores de solvencia y proyección de balance primario de la administración, según la Ley 358 de 1997.

Cabe resaltar que de los 13 colegios en procesos de construcción, siete están en obra, cuatro se encuentran en etapa de diseño, uno presenta medidas cautelares y otro enfrenta problemáticas con la ciudadanía, debido a que la comunidad se opone al sitio donde se piensa construir.

Frente a lo expuesto por la administración, los concejales Manuel Sarmiento, José David Castellanos, Emel Rojas, Celio Nieves, Diego Molano y Venus Albeiro Silva votaron negativo con el argumento de que se privatiza la educación.

Por un lado, la administración afirmó que los beneficios de los colegios públicos en concesión son más altos que los colegios públicos tradicionales en materia de calidad educativa, jornadas escolares, comedores escolares, entre otros, y además cuál es la metodología planteada para evaluar el impacto de los colegios en concesión, especialmente en las localidades con más problemáticas socioeconómicas.

La plenaria pidió conocer el estado de los títulos de los 13 lotes donde se construirán los colegios, la participación del Gobierno Nacional en la construcción de las instituciones educativas y las fechas de apertura de matrículas y cuántos cupos brinda cada colegio.

También solicitaron conocer los motivos de los retrasos de los colegios en San José de Maryland, Volcán de la Pradera y la segunda etapa de Porvenir, puesto que asegura que son obras de la administración pasada.

Aunque los sindicalistas fueron sacados de las barras del Concejo, durante toda la sesión y hasta que finalizó, las arengas en inmediaciones de la corporación no pararon a pesar de que el proyecto pasa a sanción del alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa.