Los retos del nuevo Gobierno en materia de agricultura, la despolitización de las entidades, la sustitución de los cultivos ilícitos y los incentivos económicos al sector del campo fueron algunos temas abordados por el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya.

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EL NUEVO SIGLO: ¿Qué le espera al campo colombiano con el gobierno del presidente Iván Duque?

JORGE ENRIQUE BEDOYA: Se esperan varias cosas. Unos retos de inmediato plazo, otros grandes en su primer año de gobierno y los demás para trabajar en los próximos cuatro años que va a durar el gobierno del presidente Duque.

Lo primero es la restricción presupuestal por los recursos que se necesitan en el campo y que desafortunadamente son insuficientes frente a lo que ha sido en estándar y lo que consideramos que debe ser el tema de la agricultura.

Entonces no le corresponderá a este gobierno antes de irse, sino al presidente Duque con sus ministros designados, tanto en Agricultura como en Hacienda, buscar al menos 4 billones de pesos para todo lo que significa darle ese empuje a la ruralidad colombiana con bienes públicos el año entrante.

ENS: ¿Cuál es el segundo reto?

JEB: Un segundo gran reto es la despolitización de las entidades, que lo veremos con los nombramientos que haga, no solamente en las cabezas de las instituciones, sino en muchas de las posiciones.

Obviamente que ya con la designación de Andrés Valencia como ministro de Agricultura es una excelente señal para la ruralidad, y será en cabeza del señor ministro a quien toca liderar entidades tan criticas como las que tiene la cartera también en cargos estratégicos en la misma entidad.

ENS: ¿Y el tercer gran reto?

JEB: Temas particulares, como es la negociación con la Nueva Zelanda, Australia, donde hay sensibilidad de productos como los lácteos, el azúcar, la carne de res. Si el gobierno del presidente Santos avanza en la negociación es muy importante lograr excluir esos productos de este proceso.

De igual manera las preocupaciones en las coyunturas en materia de la producción y la comercialización del arroz, que será algo que se vendrá a ver principios o mitad de agosto, que también requerirá la atención del ministro de Agricultura y de su equipo.

En materia ya de elaboración del Plan de Desarrollo, en las líneas estratégicas viene todo un tema de la seguridad jurídica de la propiedad rural. El gobierno del presidente Santos se había comprometido a llevarlas al Congreso. Confiamos a que lo haga antes del 20 de julio y una vez lo haga, y si no logra sacarla en el Congreso, será una tarea que le corresponde al nuevo gobierno. De la misma manera con el proyecto de ley de la dignificación del trabajador rural y la flexibilización de contratación laboral para el campo. Ya surtió una ronda en la Cámara de Representantes y ahora pasa los dos debates finales al Senado.

Y sin duda alguna, toda la elaboración de los programas. El gobierno que pueda contar con la financiación necesaria para tener elementos de la política de vías terciarias y secundarias, el rol de la mujer en la ruralidad y cómo generar emprendimiento rurales.

También lo que tiene que ver con las políticas crediticias para que se conviertan en un incentivo a la empresarización del campo. Esa implementación con presupuesto suficiente y con las condiciones que anteriormente mencionaba, pueden contribuir a la transformación de la ruralidad tal como lo ha planteado el Presidente electo.

ENS: ¿Cuándo usted habla de despolitización de entidades quiere decir que este gobierno las politizó?

JEB: Eso ha sido histórico. Y es muy importante que sean personas de carácter técnico y no simplemente representaciones o cuotas burocráticas que no están preparadas para los cargos, y que tampoco tienen un compromiso con las entidades.

Aquí uno no va de decir que esto ocurre en todas las entidades y confiamos que nuevo ministro de Agricultura de alguna u otra manera lo termine convirtiendo en una realidad.

 

Reformas que vienen

 

ENS: ¿No termina siendo complicado que este gobierno presente el 20 de julio una reforma al régimen de tierras cuando apenas le queda 17 días? ¿Esto no debería ser para el nuevo gobierno?

JEB: No, en la medida que es un proyecto que se ha venido concertando y trabajando desde octubre del año pasado.

Obviamente, será el próximo gobierno, con sus mayorías en el Congreso, quien haga su valoración, pero al menos lo que nosotros hemos visto es un proyecto de gran utilidad y por eso queremos que se estudie. Y además ha sido un compromiso del presidente Santos de darle seguridad jurídica a la propiedad rural. Y es un elemento fundamental. No es un capricho, es una necesidad para que se dinamicen las inversiones en el campo.

ENS: ¿Ya se evalúo dentro del empalme este proyecto de ley?

JEB: No puedo comentar temas del empalme. Como usted sabe, yo hago parte de ese grupo y la información que se maneja allí es confidencial.

ENS: Uno de los temas importantes del gobierno del presidente Santos es lo que tiene que ver con la frontera agrícola. ¿Cómo ve la SAC la definición de frontera agrícola y si se puede determinar dónde se puede cultivar?

JEB: La definición de la frontera agrícola lo que genera es una metodología para la estimación de la frontera, como primer elemento.

Segundo elemento: es una metodología viva y dinámica que permitirá aportes de entidades públicas como privadas para su perfeccionamiento.

Tercero, y es una gran ventaja tener un plano de trabajo donde uno ya sabe: cuarenta millones de hectáreas cultivables y sesenta millones que hay que proteger, para que el Gobierno nacional vaya detrás de los narcotraficantes, de los usurpadores de tierras, las vías ilegales, la minería criminal y que en las cuarenta millones de hectáreas haya una producción ordenada con una presentación de mercado que le permita al sector agropecuario y a sus productores tener una rentabilidad.

ENS: ¿Qué tan viable es en Colombia remplazar 209.000 hectáreas de cultivos ilícitos, por 209.000 hectáreas de cultivos lícitos rentables para el campesinado?

JEB: Lo realmente importante es acabar con el negocio del narcotráfico, no solamente desde la perspectiva de los cultivos ilícitos, sino todo el tema de la interdicción, de la producción de clorhidrato y compra de cocaína, y obviamente e ideal que la gente se dedique a sembrar cultivos lícitos.

Pero hemos visto que los programas de sustitución en su mayoría son un fracaso. Aquí se debe implementar la política desde el punto de vista de mercado. Es decir, esto no es darle a la gente tierra, semilla y transporte, sino buscar la manera que entiendan cómo la comercialización hay que generarla, vías secundarias y terciarias, y sin duda alguna esas 209.000 hectáreas se pueden sustituir ya bien sea de manera voluntaria u obligatoria; pues bienvenido, porque es lo que están contaminando muchas de las áreas del país, el Pacífico y parte del departamento del Putumayo, que es la penetración del narcotráfico por medio de los cultivos ilícitos y adicionalmente de los negocios que se derivan de ellos.

ENS: ¿Es viable cambiar la mentalidad del campesino cocalero, frente a optar por otro cultivo?

JEB: El reto es cómo competir con un cultivo que tiene un flujo de caja muy rápido, que tiene más rentabilidad, que frente a los problemas de las vías terciarias tiene soluciones específicas, que tiene garantizada la compra de la cosecha y eso requiere de programas del Estado, particularmente en los temas de infraestructura, en materia de energía, educación, pero también en una verdadera voluntad de quienes los están cultivando, y por supuesto las condiciones de judicialización que se requiere frente a los actores en la cadena de narcotráfico.

ENS: Años atrás, en un ejercicio en el Putumayo se le dijo a los campesinos cocaleros que sustituyeran y empezaran al cultivar palmitos, pero ese es un cultivo muy aislado y que tiene un mercado que no está en Colombia. ¿Cómo corregir ese error de no sustituir con cultivos que no son rentables?

JEB: El problema no es la rentabilidad económica a corto plazo, sino la sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo, porque todos sus cultivos tienen sus épocas malas. Y esa es un poco la labor misional de buscar educar a la gente en que entienda que estar en la economía ilícita genera riesgos. Y adicionalmente que también requiere diferentes mecanismos que motiven, o que generen condiciones para que la gente sepa que participar en economía ilícita tiene un costo.

Subsidios y reforma tributaria

 

ENS: ¿Qué le van a pedir al nuevo gobierno en materia de subsidio?

JEB: Hay mecanismos como la OMC, como los acuerdos comerciales que lo que buscaron generar fueron condiciones para darle tiempo a los productores nacionales adaptarse frente a los subsidios de otros países.

Uno quisiera que, si Colombia tuviera los recursos suficientes, orientara mucho a los bienes públicos para que los sectores no dependan de los subsidios, porque los poquitos que se dan en Colombia desafortunadamente son insuficientes y son insostenibles. De tal manera que hay que ser realistas. Aquí hay que trabajar, tratar de ser competitivos, hacer alianzas estratégicas, integraciones verticales, economías de escalas y diseñar los mecanismos de protección cuando se requiera.

ENS: Como está la economía, ¿la agricultura puede seguir siendo el jalonador del PIB?

JEB: La verdad le digo que para nosotros ser jalonador del PIB no es lo más importante, porque si ser jalonador del PIB es a costa de la rentabilidad del productor no hacemos nada.

Lo que necesitamos es que las tasas de crecimiento del sector agropecuario vayan dadas en la medida de que la rentabilidad sea sostenible, no solamente en el mercado nacional, sino es los productos que tienen orientación exportadora.

Fíjese lo que paso con la leche, fíjese lo que pasó con el arroz, lo que ha pasado con otros cultivos que por andar creciendo, pero con un gran consumo que no se mueve a la misma velocidad, se generan sobreofertas y problemas de rentabilidad.

ENS: Usted dijo que en Colombia hay un problema en que la gente que está quedando en el campo es de mayor edad. ¿Cuáles son las implicaciones sobre esto?

JEB: Hay sitios de Colombia donde ciudadanos que han migrado de Venezuela, por la crisis generada por el dictador Maduro, andan recogiendo café. Y se ha visto en algunos casos que cuando usted mira las cifras oficiales que se ha hecho más empleo temporal en las zonas rurales, pero empleos informales. Ese es un elemento que preocupa a la producción nacional. Y en ese sentido el proyecto de ley que le comentaba anteriormente busca en algo contribuir a ese gran problema dignificar al trabajador rural y que los sistemas de contratación se flexibilicen, que tenga las condiciones apropiadas de cosecha.

ENS: ¿El tema fitosanitario en Venezuela está afectando la frontera con Colombia?

JEB: Ese es un elemento que juega con los temas de seguridad, el tema de la falsificación de productos e insumos, el tema de contrabando no solamente de ganado.

Es muy poco probable confiar en que el gobierno de Venezuela tenga los mismos controles que Colombia y es allí donde se debe trabajar conjuntamente con el ICA, las Fuerzas Militares y policiales.

ENS: El gobierno de Duque arranca con petición del Consejo Gremial de que disminuya los impuestos a las empresas y busque nuevas fuentes para cubrir ese hueco. ¿Ello no puede afectar al campesinado?

JEB: Hay que ver como el gobierno toma las propuestas, pero las propuestas no están solamente orientadas a alivianar la carga tributaria corporativa. Comparada con otros países de América Latina y países de la OCDE es muy alta.

Aquí lo que se busca es dar herramientas a la DIAN para que fortalezca la lucha contra la evasión, eliminar las exenciones, revisar el tema pensional, buscar elementos que aumenten la productividad.

De nuevo será algo muy retador en la medida. Una cosa es una reforma tributaria que primero sea el gobierno que la presenta al Congreso y en el Legislativo todo puede cambiar.

 

Ley Zidres

 

ENS: ¿Qué se ha podido hacer con base a la ley Zidres?

JEB: En el caso de la ley Zidres, como sabe la Corte Constitucional la declaró exequible y ahora lo que falta es su reglamentación.

Entendemos nosotros que el Gobierno nacional anunciará la primera zona Zidres en Meta, pero falta la reglamentación que permita los verdaderos incentivos generalizados en la ley, de tal manera que la inversión de los pequeños productores en alianza productivas con pequeños agro-industriales pueda generar una ilusión de competitividad en las zonas que se definan.

ENS: ¿El tema de la violencia, cómo está el campo?

JEB: Hay retos en algunas zonas del país: la presencia de cultivos ilícitos, de disidencias de las Farc, de los carteles mexicanos, de las bandas criminales, de la minería criminal, del Eln, la extorsión y el abigeato genera una necesidad de que el próximo gobierno redoble esfuerzos en materia de seguridad.