La iniciativa que tiene un gran sentido social, propone que las personas de los grupos A, B y C del sisben IV; Grupos étnicos, Población campesina, población víctima del conflicto armado y población con discapacidad, que se encuentren cursando un programa de pregrado en cualquier institución de educación superior pública del país, no paguen los derechos de grado.

Para la Senadora Ana María Castañeda Castañeda, eximir el costo de los derechos de grado es una reducción significativa en la carga financiera que enfrentan los estudiantes al final de su periodo de estudios, pues “a la fecha, el costo promedio de un derecho de grado alcanza incluso el millón de pesos, desmotivando a muchas personas que no tienen los recursos, y se se sienten limitados en esta etapa de transición de vida. Aquí nos estamos poniendo al día, pues un estudiante que superó sus retos académicos, se ganó ya el derecho a graduarse y no tiene porque pagar por el”, señaló la senadora ponente.

Además, la senadora Castañeda afirmó que la implementación de esta ley representa un avance en la actualización del país en términos de reconocimiento a los estudiantes que completan satisfactoriamente sus estudios, ya que al hacerlo, adquieren el derecho directo a graduarse, lo que supone un alivio significativo en términos económicos.

Esta medida tiene como objetivo apoyar a los estudiantes en situaciones vulnerables, facilitando su transición y asegurando que el logro de culminar una carrera universitaria no se vea obstaculizado por barreras económicas.