Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el senador Mario Alberto Castaño Pérez se acogió a sentencia anticipada, por liderar una estructura criminal que, en complicidad con un grupo de alcaldes, funcionarios y particulares cómplices, se apropió de multimillonarios recursos de la administración pública provenientes del patrimonio del Estado.
El senador aceptó los 19 delitos que le formuló la Sala Especial de Instrucción, entre ellos concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión.
Tras la aceptación de los múltiples cargos por parte del procesado, se remitirá el expediente a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para que emita la sentencia correspondiente a los hechos aceptados.
En presencia de la delegada de la Procuraduría General de la Nación y los apoderados de las entidades públicas afectadas, el senador Castaño, asistido por su defensor de confianza, fue informado en la diligencia de los beneficios que implica la aceptación de cargos.
El proceso
Mario Castaño es investigado desde hace varios meses por presuntamente ser el líder de una red criminal, creada para obtener porcentajes de contratos manipulados de varios departamentos.
En marzo se filtró una grabación de audio en donde el senador habló sobre una prórroga de un contrato en una empresa de licores que le generaría ingresos de $15 mil millones en 15 años.
Días después Castaño aseguró a medios nacionales que “estaba borracho cuando se tomó el audio por el que lo señalan de tener presuntos nexos con la red de corrupción y que en realidad se refería a regalías para el departamento”.
Ese mismo mes, la Fiscalía informó en un comunicado que nueve personas fueron capturadas, entre ellas un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador, así como funcionarios públicos y particulares.
Según el ente fiscalizador, esta red “direccionaba contratos con la finalidad de apropiarse de recursos públicos del orden nacional, los cuales estaban destinados para cubrir obras públicas en Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Risaralda”.
El Cuerpo Técnico de Investigación estableció que “desde la oficina del senador, supuestamente, se direccionaban millonarios contratos a cambio del 10% del valor total de cada uno”, y que además funcionarios de diversas entidades, presuntamente, ajustaban los pliegos contractuales y condiciones exigidas en licitaciones de obras públicas en distintos departamentos para que quedaran en manos de los oferentes que el senador indicaba.
En diligencias realizadas en Cali, Popayán, Ibagué y Pereira fueron capturados y enviados a la cárcel diez presuntos integrantes de esta red. Se les imputaron los delitos de concierto de delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato.
Con el pago de dádivas, según la Fiscalía, la organización delictiva, previa intermediación de un congresista, formulaba propuestas y proyectos con los requisitos básicos para acceder a contratos a través de diferentes entidades, como pólizas o estudios de mercado por medio de empresas e ingenieros. Esto con el fin de garantizar la aceptación de las ofertas ante cualquier instancia o entidad.
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Todo se definía mediante el pago de dádivas que correspondían a porcentajes de los dineros recibidos luego de la adjudicación de cada contrato.
Parte de los recursos, supuestamente, se distribuía entre los gestores de los proyectos y otra quedaba en manos del congresista.
De esta manera, la estructura ilegal habría ganado en dos años cerca de 50 contratos, que ascendieron en valor a $43.433 millones.
Entre los contratos gestionados estarían la adjudicación de la comercialización del Aguardiente de Chocó por $14.492 millones; obras para atender una emergencia vial en Villamaría (Caldas) por $10 mil millones; la construcción de un parque en Nuquí (Chocó) por $1.250 millones; la realización de una obra civil en Manizales (Caldas) por $16.424 millones y una interventoría en un proyecto energético en Boyacá por $1.000 millones.
Por otro lado, hace algunos días el Consejo Nacional de Control Ético del Partido Liberal Colombiano informó que abrió una investigación disciplinaria en contra de todos los exalcaldes y alcaldes comprometidos en los procesos penales liderados por Castaño y que obtuvieron el aval de la colectividad para desarrollar sus campañas.