A PROPÓSITO del inicio del proceso para la conformación de la terna para Defensor del Pueblo, elección que hará la Cámara a más tardar en la tercera semana de agosto, dado que el periodo de Carlos Camargo, quien renunció hace unas semanas, finaliza el próximo 31 de agosto, empiezan los debates sobre cuáles deberían ser las prioridades del próximo titular del cargo. Uno de los temas es el Sistema de Alertas Tempranas – SAT, para monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo por efectos del conflicto armado y promover la acción de prevención humanitaria, el cual ha mostrado algunas falencias.

El SAT acopia, verifica y analiza información de diferentes fuentes; identifica y valora las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que afectan los derechos fundamentales de las comunidades, emite informes de riesgo y notas de seguimiento sobre factibles violaciones masivas de los derechos humanos, con el fin de que las autoridades competentes coordinen sus acciones.

Este mecanismo fue implementado en el país en el 2001, en un momento crítico para los derechos humanos por la violencia en las regiones provocada por las guerrillas y los grupos militares, en donde la población civil era la mayor afectada.

El Decreto 2124 de 2017 reglamentó el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo de Paz.

Establece esta norma que dicho sistema de prevención tiene dos componentes: uno de alerta temprana en la Defensoría del Pueblo, y otro de respuesta y reacción rápida en el Gobierno nacional, con la participación de las entidades territoriales, coordinado por el Ministerio del Interior.

El componente de respuesta se articulará a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para la Reacción Rápida (Ciprat), que está integrada por: el ministro del Interior o su delegado, el ministro de Defensa o su delegado, el director de la Unidad Nacional de Protección o su delegado, el Comandante de las Fuerzas Militares o su delegado, el director de la Policía o su delegado y el directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas o su delegado.

No siempre son atendidas

La Defensoría del Pueblo en los últimos años ha emitido un promedio de 60 alertas tempranas anuales informando al Gobierno por situaciones que amenazan y ponen en peligro a la población, principalmente por el accionar de los grupos armados en regiones como el Pacífico, la costa norte y la frontera con Venezuela por la disputa del territorio, las rutas del narcotráfico, la movilización de tropas, el desarrollo de la minería ilegal y el tráfico de armas.

Muchas alertas de la Defensoría del Pueblo son atendidas y tras una valoración en el Ciprat se traducen en acciones de prevención de la Fuerza Pública en el territorio para proteger a la población y también perseguir a los grupos armados.

Sin embargo, hay alertas que no se les presta la debida atención y solo después de que se produce la masacre o el desplazamiento de población es que se recuerda que uno, dos o tres años atrás se emitió una SAT en ese territorio.

Carlos Camargo en su posesión el 1° de septiembre de 2020 como defensor del Pueblo se comprometió a trabajar para mejorar el SAT, pues enfatizó la necesidad de adoptar “mecanismos tecnológicos y procedimentales que nos permitan administrar el riesgo de una manera más efectiva”.

En mayo pasado, el entonces defensor del Pueblo Camargo se quejó porque, dijo, en dos oportunidades buscó reunirse, sin encontrar respuesta, con el por esos días ministro del Interior, Luis Velasco, para hablar sobre la situación humanitaria en Cauca.

“Ya con esta es la segunda vez que le dirijo una comunicación al señor ministro del Interior para realizar una sesión extraordinaria de la Ciprat sobre las respuestas a las alertas tempranas y a las recomendaciones, donde a la fecha no he recibido respuesta por parte del ministro del Interior”, aseguró el entonces defensor Camargo.

Para tener en cuenta

El director ejecutivo de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), Luis Emil Sanabria Durán, dijo a EL NUEVO SIGLO que es baja la capacidad del SAT para convocar a las entidades que les corresponde actuar.

“Nosotros sentimos que hay que seguirlo fortaleciendo, pero su capacidad de convocar a las instancias que les corresponde actuar en relación con esas alertas tempranas es muy bajita, diría que en muchas oportunidades nula. Entonces, un esfuerzo tan importante se pierde porque termina guardado en las gavetas de quienes les corresponde prevenir realmente”, dijo el directivo.

Consideró que, al nuevo defensor del Pueblo, “además de fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas, debe volver a colocar esa instancia en el nivel que le corresponde como defensora de los derechos humanos, como defensora de los derechos de la gente que hace mucho tiempo perdió su capacidad. Y creo que hay que hacer unas reformas importantes en su interior, pero también en política definir un poco más su actuar a favor de quienes no tienen la forma de defenderse”.

Por su parte, María Teresa Palacios Sanabria, académica de la Universidad del Rosario y quien en ese claustro educativo fue directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos, dijo a este Medio que “creo que no se le ha dado a lo largo de la historia, no digo solamente este Gobierno, sino en general, no se le ha dado la importancia que ha tenido. Precisamente por eso ese sistema es tan complejo y tiene la colaboración, no solamente de los delegados de la Defensoría, sino también de algunos delegados de la personería en cada municipio o en cada lugar donde se produzcan los hechos de violencia. Y muchas veces también cuando la comunidad o los líderes sociales van a denunciar tampoco reciben ese apoyo institucional necesario”.

Estimó “creo que la alerta se queda en una alerta, pero el resto de arquitectura institucional como es Fiscalía, Policía Nacional y otras dependencias del Gobierno no hacen lo que deberían o no siguen una ruta de atención efectiva para evitar los asesinatos de los líderes, las tomas guerrilleras, etcétera. Entonces, creo que desafortunadamente es un sistema en donde la Defensoría sí ha hecho muchos esfuerzos, pero creo que hace falta articulación por los demás entes estatales”.

El conflicto armado ha mutado

Jorge Restrepo, director del Cerac (Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto), dijo a este Diario que cualquier sistema de alertas tempranas debe tener un mejoramiento continuo.

“Claro que el sistema tiene que adaptarse a los cambios que han ocurrido, en particular en el conflicto armado interno en los últimos años con la emergencia de disputas entre grupos criminales, con la difuminación de los límites que en el pasado muchos de esos grupos habían comenzado a respetar y después de la desaparición de las Farc han dejado de respetar”.

Explicó que no es solo que más grupos armados han emergido, sino que “del 2006 hasta el 2016 lo que caracterizaba el conflicto eran enfrentamientos de esos grupos con la Fuerza Pública, con el Estado. Del 2016 en adelante lentamente empezaron a surgir grupos de desertores del Acuerdo y otros grupos armados que empezaron a enfrentarse entre ellos, y eso cambió por completo el panorama de la violencia”.

Por ello, dijo Restrepo, “el Sistema de Alertas Tempranas tiene que adaptarse a esa nueva realidad de la violencia armada en Colombia. Esta violencia es mucho más localizada y persistente, no tiene un carácter nacional, tiene un componente terrorista menor, excepto por el Eln, afecta más a los civiles, en particular a los activistas comunitarios, a los líderes comunitarios, a los activistas defensores de derechos humanos, a las personas que están en la defensa del medioambiente”.

Agregó que esto significa un “cambio completo del riesgo y de cómo se debe medir, estimar, y cuál debe ser la respuesta, que en muchas ocasiones tiene una localización diferente a la que tenía antes”.

Concluyó Restrepo: “creo la Defensoría del Pueblo tiene como uno de sus principales retos para el próximo defensor, adaptarse a esta nueva realidad de la violencia armada en Colombia”.