EL PASADO 8 de marzo inició el periodo de inscripción para las elecciones de Congreso del 2026 de comités significativos de ciudadanos inscriptores de candidaturas y de promotores del voto en blanco apoyadas por firmas. Este mecanismo es para las personas que quieren aspirar fuera de los partidos. Sin embargo, a medida que ha calado como una opción viable en aras de fomentar la participación, se han visto goteras en su funcionamiento, como que sea utilizado de forma disfrazada para hacer campaña antes del tiempo permitido.

Otro problema que han expuesto analistas e instituciones especializadas como la MOE (Misión de Observación Electoral) es que no existen controles efectivos sobre las fuentes de financiación para la campaña de recolección de firmas de apoyo a las candidaturas respaldadas por movimientos significativos de ciudadanos ni para que se cumplan los límites de gastos establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Yann Basset, director del Observatorio Grupo de Estudio para la Democracia - Demos, de la Universidad del Rosario, dijo a EL NUEVO SIGLO que “es una figura que ha sido aprovechada por políticos tradicionales para hacer campaña anticipada, para no depender de su partido y para presentarse solos. Y ha habido muy pocos casos en que han servido para lo que se suponía que servían: para presentar candidaturas desde la sociedad civil, podríamos decir independientes”.

Añadió el politólogo que “me parece que ha habido un abuso realmente de la figura, aunque quizás un poquito menos desde hace algunos tiempos porque con la proliferación ahora de micropartidos, desde que la jurisprudencia de la Corte (Constitucional) y del Consejo de Estado han cambiado y han permitido la proliferación de esos partidos, pues de pronto se ha vuelto menos atractivo porque hay muchas pequeñas organizaciones para conseguir aval sin tener que acudir a las firmas”.

Por su parte, Diego Rubiano, coordinador en la MOE del Observatorio Político Electoral de la Democracia, dijo a este Medio que “hemos sido muy claros en la necesidad de la regulación de algunos aspectos sobre los grupos significativos. Efectivamente, desde el 8 de marzo pasado están en posibilidad de inscribirse los comités promotores e iniciar con todo el proceso de recolección de firmas para inscribir candidaturas para las próximas elecciones al Congreso”.

Añadió que “ellos en calidad de grupos significativos de ciudadanos y como opción distinta a las organizaciones políticas pueden hacer una campaña para la recolección de sus firmas, siempre y cuando ésta no tenga ningún llamado al voto. Es decir, todavía no estamos en ese proceso de la elección, ellos simplemente están recogiendo firmas para avalar un proceso político. Entonces si incurren en algún tipo de llamamiento al voto, pues sería una de esas irregularidades y esto lo verificaría el Consejo Nacional Electoral. Esa regulación existe frente a lo que pueden hacer en ese sentido”.

Agregó Rubiano sobre los temas de manejo de recursos que “ahí sí encontramos un vacío importante porque si bien el CNE ha tenido unas resoluciones en términos administrativos que los conmina a reportar sus ingresos y sus gastos en el proceso de recolección de firmas, pues éstas no son cumplidas del todo”.

Recordó el experto electoral que, en las elecciones del 2022, “básicamente lo que reportamos en su momento es que los grupos significativos de ciudadanos durante el proceso de recolección de firmas, más del 80% no reportó ni siquiera una vez un tema de ingresos o gastos en este proceso”.

Subrayó Rubiano que “sí hay una disparidad ahí frente a lo que conmina el Consejo Nacional Electoral y lo que hacen efectivamente estos grupos. Como opción democrática es válida y permitida por la Constitución, pero que se convierten en una zona gris, sobre todo en términos de financiación de campaña”.

Tampoco dejó de lado mencionar que “a pesar de ser una opción que se encuentra fuera de los partidos políticos, sino opción independiente, pues no tienen ninguna obligación de inscripción después de pasar las firmas. Entonces también nos hemos encontrado en algunos casos en que muchas personas que promueven su candidatura por esta opción, por la recolección de firmas y la inscripción como grupo significativo de ciudadanos, pues lamentablemente terminan avaladas por un partido político, y eso lleva a cuestionar más la figura”.

Incluso se han escuchado algunas versiones en anteriores elecciones acerca de que hay personas que aprovechan este mecanismo para hacer dinero, pues inscriben un grupo significativo de ciudadanos para respaldar una candidatura y recogen recursos privados de apoyo a la recolección de firmas. Sin embargo, no usarían en esto todo lo que recogen, sino que se embolsillarían una parte.

Consultado sobre esa especie, Rubiano dijo que “hasta el momento esto es una información que nosotros no hemos tenido conocimiento. No tenemos reportes ni sobre Pilas con el Voto ni información de campo que nos confirme esta situación”.

Ajustes en remojo

El CNE radicó en agosto pasado una iniciativa de ley estatutaria en relación con el financiamiento de campañas proselitistas, el cual contempla también un ajuste en la normatividad sobre los movimientos significativos de ciudadanos, al establecer la prohibición de que los candidatos postulados por esta figura reciban el aval de un partido político para participar en la misma elección. Sin embargo, la medida por el momento es una expectativa porque el proyecto sigue en trámite en el Congreso.

La fallida reforma al Código Electoral, que en agosto del 2024 por segunda vez se cayó en la Corte por vicios de trámite, también hacía ajustes a los movimientos significativos de ciudadanos. Una de las medidas que establecía era para tener un control efectivo del financiamiento de la campaña de recolección de firmas.

Al respecto establecía que “reportarán al Consejo Nacional Electoral en tiempo real, a través del medio que este disponga, los ingresos percibidos y los gastos empleados desde el registro del comité inscriptor y durante el proceso de recolección de firmas, incluso en aquellos eventos en los que se formalicen la inscripción de candidaturas o no se presenten los apoyos ciudadanos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil”.