PRÁCTICAMENTE SIN cambio alguno se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y legislativas del 2026. El Congreso intentó hacer algunos ajustes en distintos aspectos al reformar el Código Electoral pero, como se recuerda, se cayó en la Corte Constitucional por vicios en su trámite.

Sin embargo, todavía hay tiempo para regular la participación de los grupos significativos de ciudadanos que respaldan candidatos por firmas, mecanismo que se dice se desvirtuó y es aprovechado para hacer campaña antes de tiempo.

Al respecto se está hablando de una iniciativa de ley estatutaria que radicó en agosto pasado el Consejo Nacional Electoral (CNE), entonces presidido por la magistrada Maritza Martínez Aristizábal, en relación con el financiamiento de campañas proselitistas.

El proyecto se concentra en tres reformas del proceso electoral: la prohibición de aportes y manejo de dinero en efectivo durante las campañas, la obligación de rendición pública de cuentas de la información financiera de la etapa de recolección de firmas y la prohibición de que los candidatos postulados por los grupos significativos de ciudadanos reciban el aval de un partido político para participar en la misma elección.

Sin embargo, esta iniciativa no ha tenido trámite en la Comisión Primera del Senado de la República, aunque se conoció que está lista para radicarla para su primer debate.

La magistrada Martínez le dijo a EL NUEVO SIGLO que “estamos esperando que lleguemos a marzo, porque resulta que el Congreso reanuda sesiones ahora en febrero, pero cuando son proyectos de ley estatutaria, en ese lapso entre febrero y marzo no se pueden tramitar. Entonces, toca a partir de marzo y estamos pendientes. Lo que me han dicho es que ya hay ponencia, pero que se va a presentar una vez reanuden las sesiones ordinarias”.

Martínez Aristizábal indicó que “se perdió la filosofía que había inspirado la autorización de grupos significativos de ciudadanos, que era para que aquellos ciudadanos que no se identificaban con partidos tradicionales pudieran optar por propuestas alternativas. Eso se perdió en el camino y se convirtió en un mecanismo para eludir las normas que le ponen término a la publicidad, al gasto de recursos en campaña”.

Explicó que lo que ha venido sucediendo es que en el proceso de recolección de firmas de apoyo al candidato que acompañan, los grupos significativos de ciudadanos hacen campaña desde un año antes de las elecciones y en varias ocasiones al final dicen ‘no conseguimos las firmas, nos vamos por un partido o movimiento con personería’.

O dicen algunos de estos grupos ciudadanos, agregó Martínez: ‘conseguimos las firmas, pero vamos a hacer una coalición con partidos o movimientos con personería’.

Por ello, la magistrada del CNE dijo que si este mecanismo es una opción que tienen esos ciudadanos que no se identificaban con partidos, en algunos casos sucede que terminan aliados con este tipo de colectividades.

“Entonces terminaron proliferando los grupos significativos de ciudadanos y generándonos un caos en ese tema de publicidad anticipada y uso de recursos también anticipados”, dijo la magistrada.

En similar sentido se pronunció en días pasados en entrevista con este diario el experto abogado en temas electorales Alfonso Portela.

“Hoy tenemos un proceso de recolección de firmas desprovisto de limitaciones en cuanto a los montos a invertir en ese proceso de recolección y en cuanto a los proveedores de los dineros para ello”, dijo. 

Consideró que “existe un boquete bastante, digamos, delicado en lo que tiene que ver con los procesos de recolección, porque se ha visto que las campañas han encontrado que con esa posibilidad lo que hacen es iniciar un proceso de campaña propiamente dicha, recostado sobre el tema de la recolección de firmas en la medida en que esas limitaciones no existen, salvo alguna resolución del Consejo Nacional Electoral”.

Añadió Portela que “son más procesos para llamar la atención, para pedirle a la ciudadanía que acude a estos mecanismos que por lo menos presenten unas cuentas, pero no hay una norma que los obligue a presentar cuentas sobre la recolección”.

El proyecto de ley estatutaria que radicó el CNE impone a los grupos significativos de ciudadanos que rindan cuentas de la financiación de la etapa de recolección de firmas, pues hoy no están obligados ni está prevista una sanción si no cumplen con esta disposición.

La iniciativa de ley estatutaria establece que dentro de los cinco días posteriores a la inscripción de las candidaturas por firmas, el comité inscriptor presentará el informe consolidado de ingresos y gastos de la etapa de recolección de rúbricas.

“En caso de no haber formalizado la inscripción de las candidaturas, el comité inscriptor deberá entregar el informe a más tardar el último día de inscripción de candidatos. Al informe de ingresos y gastos de campaña de que trata el presente artículo, los grupos significativos de ciudadanos deberán presentar en anexo separado el informe sobre la financiación de la etapa de recolección de firmas”, dice el proyecto de ley que radicó el CNE en el Senado de la República.

Otro aspecto clave del proyecto es que los candidatos que sean postulados por un grupo significativo de ciudadanos y respaldados por firmas no podrán recibir posteriormente el aval de un partido o movimiento político con personería jurídica para participar en la misma elección. “El incumplimiento de esta regla será causal de revocatoria de inscripción de la candidatura”, dice la iniciativa de ley.

Reforma puede aplicarse en 2026

Hay tiempo para que la reforma que propone el CNE en materia de regulación de grupos significativos de ciudadanos y candidaturas por firmas, así como prohibir a las campañas recibir aportes de dinero en efectivo como un mecanismo para garantizar la trazabilidad de los recursos que obtienen, aplique en las elecciones legislativas y presidenciales del año 2026.

La discusión de este proyecto, como se dijo, comenzaría en marzo próximo en la Comisión Primera del Senado y se espera que cumpla sus cuatro debates a más tardar el 16 de junio, cuando finaliza la tercera legislatura, para que  posteriormente pase a control automático de la Corte Constitucional, por su carácter estatutario.

En caso de que la iniciativa supere el examen constitucional, estaría lista para convertirse en ley de la República antes de noviembre próximo, cuando comienza la inscripción de listas para el Senado y la Cámara de Representantes en los comicios de marzo del año 2026.