La situación de orden público e inseguridad en el suroccidente del país continúa siendo preocupante. A los graves hechos de la semana pasada en los municipios de El Tambo y Argelia (Cauca), en donde una turba presionada por las disidencias de las Farc incendió tanquetas del Ejército e incluso secuestró por varias horas a 29 efectivos de la Policía antimotines y un militar, se sumó el asesinato de cinco uniformados en la misma zona la noche del martes, precisamente cuando se dirigían a instalar un puente militar que reemplazaría la estructura que fue dinamitada días atrás por el mismo grupo ilegal.

Esta sucesión de hechos criminales pone de presente que pese a los esfuerzos desplegados en los últimos cinco meses en el marco de la megaoperación “Perseo”, el control territorial en la región del Cañón del Micay no se ha podido recuperar. Por el contrario, lo que se está viendo es que integrantes de la facción ‘Carlos Patiño’ del llamado ‘Estado Mayor Central’, al mando de alias ‘Mordisco’, están desarrollando una escalada terrorista dirigida a hacer retroceder las tropas de los enclaves estratégicos de narcotráfico, minería ilegal y otras economías ilícitas que han sido ocupados tras intensos combates desde noviembre pasado.

El propio ministro de Defensa ha admitido que todavía no se ha recuperado el control jurisdiccional de esta zona estratégica en el suroccidente, cuyo control estatal es vital para dar un golpe contundente al negocio de las drogas que utiliza las vías fluviales y terrestres de la región para sacar grandes alijos hacia el océano Pacífico y de allí a Centroamérica y Norteamérica.

Aunque no se desconoce la complejidad que implica que las fuerzas militares y de policía puedan volver a predominar en este extenso y montañoso territorio, desde distintos sectores políticos, económicos, sociales e institucionales están urgiendo que se revisen los resultados de la ofensiva “Perseo” y se ajusten algunas de sus líneas operacionales, sobre todo para reducir de una manera más efectiva a la ‘Carlos Patiño’, principal responsable de terrorismo, ataques a la Fuerza Pública, masacres, asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, secuestros, extorsiones, reclutamiento forzado de menores y desplazamiento violento de población. De igual manera, ya hay alarmas prendidas en torno al peligro que estos grupos criminales implican para el proceso electoral que se avecina.

La necesidad de ajustar la estrategia de “Perseo” se hace más urgente por las declaraciones del propio presidente de la República, según las cuales en el Cañón del Micay el dominio no lo tiene el grupo residual de las Farc, sino los carteles de la droga mexicanos que han cooptado la mayoría organizaciones criminales de la región y se caracterizan por un alto nivel de violencia y sevicia contra Fuerza Pública y civiles. Un campanazo de extrema gravedad.

El narcotráfico es, sin duda alguna, el enemigo a vencer. No en vano las fuerzas militares denunciaron que uno de los principales móviles de la asonada de la semana pasada contra los uniformados fue un plan orquestado por la ‘Carlos Patiño’, que engañó y presionó a los campesinos cocaleros diciéndoles que habría una erradicación forzada de miles de hectáreas de narcocultivos, pese a que desde el día uno de la operación “Perseo” se precisó que la destrucción de los cocales será concertada y compensada.

Queda claro, entonces, que recuperar el dominio territorial del Cañón del Micay es imprescindible para poder frenar la extensión de los grupos armados ilegales en el suroccidente colombiano. Es evidente que estas facciones se aprovecharon de las gabelas de la accidentada política de “paz total” gubernamental, incluidos los improvisados −y muchas veces burlados− ceses el fuego que, principalmente, maniataron a las fuerzas militares.

Así las cosas, resulta innegable que las disidencias de las Farc y los carteles mexicanos le están planteando un desafío de alto calado al Estado en el Cauca y le corresponde tanto al Gobierno, como a la Fuerza Pública y a todo el aparato de institucionalidad, responder con la máxima contundencia posible. Si es necesario redoblar personal y equipos castrenses, debe procederse en esa dirección. No hay que darles tregua a los actores criminales ni permitir que sigan instrumentando a la población, como quedó evidenciado en unos impactantes audios de subversivos conocidos esta semana.

“Perseo” es una megaoperación que debe servir de ejemplo frente a otras crisis de orden público y seguridad como las del Catatumbo −con declaratoria de conmoción interior a bordo−, Chocó y otras regiones en donde los violentos buscan imperar a sangre y fuego y el principio legítimo de autoridad parece estar siendo desplazado, con todo lo que ello implica en cuanto a la desprotección de la población civil.