La Procuraduría General de la Nación le solicitó al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, algunas precisiones frente a la decisión de intervención de Air-e. 

A través de la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, el ente de control pidió a Quiroga aclarar, con base en qué estudio técnico se le solicita a la CREG concepto favorable para proceder a la toma de posesión de la empresa Air-e; además, en cuáles causales de la Ley 142 se apoya dicha toma de posesión.

En el oficio, el Ministerio Público preguntó sobre las fuentes de recursos a los que recurrirá la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para garantizar el servicio y el monto mensual de gastos necesarios para garantizar la prestación del servicio en el área de cobertura de Air-e. Adicionalmente, cuestionó cuál es el saldo por cobrar por concepto de la Opción Tarifaria.

La Procuraduría urgió información sobre los subsidios causados y aún no girados a la empresa con corte a agosto de 2024, y el comportamiento de los indicadores: pérdidas, recaudo, calidad del servicio (SAIDI y SAIFI). 

Finalmente, el oficio recordó que la Procuraduría no coacciona ni coadministra, implemente actúa como articuladora extendiendo recomendaciones y haciendo llamados al cumplimiento normativo legal vigente en las materias objeto de actuación, con el fin de que sean los actores quienes adopten las acciones necesarias para buscar soluciones a las situaciones existentes que podrían afectar la prestación de los servicios públicos en territorio.