CUANDO SE esperaba que ayer la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera si acogía o no la ponencia que presentaron en mayo pasado los magistrados Álvaro Prada y Guillermo, en la que piden abrir investigación y formular cargos al presidente Petro por irregularidades que se habrían presentado en la financiación de su campaña en 2022, pospuso la votación al próximo 30 de septiembre, debido a que la magistrada Olga Velázquez, quien se reintegró hace pocos días porque estaba incapacitada por motivos de salud, solicitó tiempo para estudiar este expediente.

Velázquez, quien es cercana a los sectores políticos afines al Gobierno porque fue elegida al CNE en la lista que presentó el Pacto Histórico, argumentó que no alcanzó a estudiar el proyecto de resolución que presentaron Ortiz y Prada, que son más de 350 páginas del pliego de cargos y los más de 8.300 folios del expediente.

Además de aplazar la decisión sobre esta ponencia, la Sala Plena del CNE negó una recusación anónima que presentaron contra todos los magistrados, la cual solo fue aceptada por Velázquez y Fabiola Márquez, esta última también cercana al Gobierno. 

Así mismo, la Sala Plena negó un recurso que radicó la defensa del presidente Gustavo Petro para anular el proceso, pues cuestiona la competencia del CNE para investigarlo, a pesar de que el Consejo de Estado hace pocos días conceptuó que si puede hacerlo en materia administrativa; aunque en una eventual pérdida del cargo la competencia recae exclusivamente en el Congreso de la República.

Sin embargo, el abogado Héctor Carvajal advirtió en Blu Radio que “nadie está obligado a reconocer una decisión totalmente violatoria de la ley”, enfatizó que “si va en contra del fuero presidencial, la decisión no será reconocida. No la acataremos y presentaremos descargos”.

Añadió que “nosotros no haremos caso a una decisión que se adopte en ese sentido, sino que nos iremos en una acción de tutela y activaremos las medidas cautelares”, incluso dijo que  acudirían ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

No para la discusión

El presidente Petro ha insistido en estas semanas que el CNE no tiene competencia para investigarlo, incluso señala que la ponencia en ese sentido hace parte de un golpe blando para supuestamente sacarlo del poder, a lo que suma decisiones del Consejo de Estado y del Congreso por, según él, sabotear y no aprobar las reformas. 

El pasado sábado, el CNE expresó en un comunicado que "ante las reiteradas declaraciones del señor Presidente de la República, que son de conocimiento general, aclara que todas sus actuaciones son estrictamente institucionales y se enmarcan de manera rigurosa en la competencia otorgada por la Constitución y las leyes. Que dicha competencia, además, ha sido objeto de recientes decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que la ratifican como incuestionable”.

Agregó el CNE que “en el caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor Presidente de la República, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial. Por lo tanto, cualquier alusión o presunción en sentido contrario, desconoce nuestro ordenamiento jurídico y está completamente al margen de las competencias del Consejo Nacional Electoral.

Los magistrados Prada y Ortiz indican en su ponencia que la campaña superó en más de $5 mil millones los topes de gastos establecidos para las elecciones del 2022.

Entre las presuntas irregularidades indican que en la primera vuelta de la campaña del hoy jefe de Estado no reportaron un aporte por $500 millones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Directivos de la campaña sostienen que esos recursos no fueron para la misma, sino para el movimiento Colombia Humana. Sin embargo, el CNE tuvo en cuenta un acta del Comité Ejecutivo de Fecode en donde se indica que el aporte es como “apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro”.

Igualmente, los magistrados dicen que la campaña no reportó un aporte de $500 millones del Partido Polo Democrático. Se omitió reportar $931 millones por el pago a testigos electorales. La campaña explicó que no se informó este valor porque, sostiene, la misma ya había terminado el día de las votaciones.