LA SALA Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) retomará hoy la discusión de la ponencia que radicaron los magistrados Benjamín Ortiz y Carlos Prada, en la que piden abrir investigación y formular cargos al presidente Petro por irregularidades que se habrían presentado en la financiación de su campaña en 2022.

Hace unos días volvió el proyecto de resolución a esta instancia del organismo, después de que el pasado 29 de agosto sus integrantes, cuando se esperaba una decisión sobre si acogían o no el sentido de la misma, determinaron rotarla para el estudio de otros magistrados.

Sobre el particular, el CNE tiene en el orden del día de hoy la discusión de la ponencia que presentaron en mayo pasado los togados Ortiz y Prada, así como un informe que radicó el magistrado Alfonso Campo Martínez tras la decisión de la Sala Plena de rotar la misma.

Entonces, lo que se espera es que la Sala Plena del CNE inicie la discusión del proyecto de formulación de cargos al presidente Petro y apertura de investigación a la campaña por supuestamente haber superado en $5.300 millones los topes de gastos que puso este organismo para los comicios presidenciales del 2022 en primera vuelta, que eran de $28.536'520.492, sumando los recursos aportados por el Estado y los particulares, y en la segunda, de $13.347'457.427.

En la Sala Plena del CNE de hoy sus actuales ocho magistrados con derecho a voz y voto (debería estar integrada por nueve, pero el Consejo de Estado en junio pasado anuló la elección del Altus Baquero) expresarán sus posiciones sobre la ponencia. Después de eso, se someterá a votación. 

Para su aprobación esta ponencia requiere el voto afirmativo de al menos seis magistrados. En caso de ser así, se abrirá formalmente la investigación a la campaña por violación de los topes de gastos y se elevarán por ello cargos al presidente Petro, proceso en el cual su defensa tendrá la oportunidad de presentar descargos y explicar qué fue lo que pasó. 

Luego, en ese escenario hipotético, comenzará un periodo probatorio con las pruebas que solicite la defensa del jefe del Estado y las que decreten de oficio los magistrados investigadores. 

Finalmente, el CNE establecerá un término para tomar una decisión, que en cualquier caso es de tipo administrativo, pues por la eventual pérdida del cargo la competencia recae en el Congreso, por medio inicialmente de la Comisión de Acusación de la Cámara, como lo ratificó el pasado 23 de agosto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

No para la discusión

El presidente Petro ha insistido en estas semanas que el CNE no tiene competencia para investigarlo. Incluso, señala que la ponencia en ese sentido hace parte de un "golpe blando" para supuestamente sacarlo del poder, a lo que suma decisiones del Consejo de Estado y del Congreso por, según él, sabotear y no aprobar las reformas. Igualmente, en su intervención el pasado sábado en la Asamblea Nacional Popular en la Universidad Nacional, reiteró que quieren asesinarlo.

“Se lo voy a decir: con el billete compraron dos volquetas (...) Una ya debió haber entrado. La idea que tienen es llenar una volqueta con dinamita y explosivos y con información interna de mis rutinas hacerla volar a mi paso. Ese es el operativo de la muerte”, sostuvo el residente, quien dijo que tiene información de tres fuentes distintas que coinciden en que planean un atentado en su contra.

El pasado sábado, el CNE expresó en un comunicado que "ante las reiteradas declaraciones del señor presidente de la República, que son de conocimiento general, aclara que todas sus actuaciones son estrictamente institucionales y se enmarcan de manera rigurosa en la competencia otorgada por la Constitución y las leyes. Que dicha competencia, además, ha sido objeto de recientes decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que la ratifican como incuestionable”.

Agregó el CNE que “en el caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor presidente de la República, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial. Por lo tanto, cualquier alusión o presunción en sentido contrario, desconoce nuestro ordenamiento jurídico y está completamente al margen de las competencias del Consejo Nacional Electoral".