UN INTENSO debate se dio ayer en la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral sobre el reparto de las cuatro indagaciones a la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Se concluyó que acumular estos expedientes, como se propuso, depende de que se pongan de acuerdo los magistrados que ya tienen los casos. Mientras que prácticamente quedó descartado conformar una comisión que se ocupe de todo el proceso.

El ambiente en esa Sala Plena era tenso porque ya estos procesos fueron repartidos a tres magistrados, pero la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández propuso acumular las indagaciones a dicha campaña.

Y si esto era aprobado, designar una comisión de dos o más magistrados que se ocupen de las cuatro investigaciones u otras que puedan llegar, como lo planteó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez Grisales.

Sin embargo, estas propuestas fueron consideradas por algunos magistrados del Consejo Electoral y colectividades de oposición, como una supuesta ‘jugadita’ del Pacto Histórico, el partido base de la coalición de gobierno, para presuntamente dejar en sus manos las investigaciones a la campaña del presidente Petro.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, trinó “bonito así”, al referirse a un titular de un medio que decía ‘la jugadita del Pacto Histórico para quedarse con la investigación a la campaña de Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral.

Cabe acotar que la magistrada Fabiola Márquez fue postulada por el Pacto Histórico y la magistrada Alba Lucía Velásquez por el Pacto Histórico-Polo Democrático para la elección que hizo el Congreso de los nueve integrantes del Consejo Nacional Electoral.

Si bien los magistrados del Consejo Electoral en su función deben tomar sus decisiones fundamentadas en derecho y en la normatividad, para muchos sería ‘tapar el sol con un dedo’ desconocer la influencia que pueden tener los partidos que los eligieron.

Las suspicacias crecieron debido al manejo que le dio la Presidenta del Consejo Nacional Electoral al reparto de una denuncia que les llegó esta semana, remitida por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes contra la campaña de Petro por supuesta violación de los topes de financiación.

Dicha denuncia fue impetrada en mayo pasado en la Comisión de Investigación de la Cámara, sin embargo, no se le había dado trámite.  

No obstante, optó por remitirla por competencia al Consejo Nacional Electoral, después de que el pasado fin de semana el entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, en un diálogo con la entonces jefe de Gabinete, Laura Sarabia, dijo que si hablara sobre $ 15.000 millones que obtuvo para la campaña en la costa norte, “nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”.

Llamó la atención que la presidenta Fabiola Márquez Grisales determinó enviar la denuncia proveniente de Cámara al despacho del magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero, en lugar de a Benjamín Ortiz o Álvaro Hernán Prada, quienes de antemano tenían tres de las indagaciones a la campaña petrista en 2022.

Hay que señalar que el magistrado Cristian Ricardo Quiroz fue postulado para el cargo en la elección que hizo el Congreso por la Alianza Verde, Partido que hace parte de la coalición que defiende las políticas del presidente Petro.

Las indagaciones

El Consejo Nacional Electoral abrió en marzo pasado una investigación preliminar por las denuncias de Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro, el hijo del jefe de Estado, ya que, supuestamente, este joven recibió para la campaña más de 1.000 millones de pesos de una persona condenada por narcotráfico y otra llamada a juicio por un crimen y supuestos vínculos con grupos criminales.

Vásquez, asegura que su expareja recibió, presuntamente, más de $ 600 millones de Santander Lopesierra, conocido como ‘El hombre Malboro’, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y por sus vínculos con el contrabando; así como también cerca de $ 400 millones de Alfonso ‘El Turco Hilsaca’, investigado por sus nexos con el paramilitarismo.

Si bien Vásquez señaló que probablemente Nicolás Petro se quedó para sí con esos $ 1.000 millones, y por lo tanto cree que no entraron a la campaña, el Consejo Nacional Electoral indaga si esos recursos fueron utilizados o no para financiar la campaña; y si ingresaron, si fueron reportados o no en las cuentas que entregó el gerente de la misma, Ricardo Roa, quien posteriormente con el apoyo del nuevo gobierno fue escogido presidente de Ecopetrol.

Esta investigación está en el despacho del magistrado Benjamín Ortiz, quien fue postulado por el Partido Liberal para la elección de los integrantes del actual Consejo Nacional Electoral, colectividad que hizo parte de la coalición de gobierno, pero que a finales de abril pasado el presidente Petro la rompió con esta formación política, así como con los liberales y La U, porque no votaron a favor la reforma de salud.

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El magistrado Ortiz también asumió la más reciente indagación que inició el lunes pasado el Consejo Nacional Electoral por las delicadas afirmaciones de Armando Benedetti.

En tanto que el magistrado Álvaro Hernán Prada, quien fue postulado para su elección por el Centro Democrático, Partido de oposición, tiene a cargo un expediente por una indagación preliminar que en febrero pasado el Consejo Nacional Electoral abrió a la campaña Petro, después de que le llegara un correo electrónico en donde señalan al entonces gerente de la campaña Ricardo Roa y Jonathan Ramírez, exsecretario general del Departamento de Prosperidad Social (DPS), por supuestamente manejar dineros de la campaña en cuentas bancarias personales.

En la denuncia señalan que estas personas habrían incumplido “la ley al no reportar las donaciones que se recibieron en efectivo en la sede de campaña”.

¿Qué determinó la Sala Plena?

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral concluyó en su reunión de ayer que no hay forma que pueda decidir sobre acumular las cuatro indagaciones que hay sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro en 2022, pues esa decisión solo la pueden tomar los tres magistrados que ya tienen los procesos.

En ese sentido, quedaron en que se oficiarán entre los magistrados Ortiz, Prada y Quiroz haciendo la petición de acumular los procesos. Luego informarán a la Sala Plena sobre su decisión.

Precisamente por la solicitud de acumulación de los procesos tiene que suspenderse todo procedimiento.

Por este motivo fue suspendida Ia práctica de pruebas de oficio que había ordenado el magistrado Ortiz en la indagación por las graves afirmaciones de Armando Benedetti.

Entonces fue suspendida la citación del martes de la próxima semana, cuando Armando Benedetti había sido llamado para escuchar su testimonio a las 9:00 a.m., y Laura Sarabia a las 2:00 p.m.

En cuanto a la propuesta de constituir una comisión de magistrados que asuma las indagaciones a la campaña del actual jefe de Estado, la Sala Plena dejó en suspenso la decisión.

Sin embargo, fuentes consultadas por EL NUEVO SIGLO aseguraron que esta iniciativa no tiene futuro, pues dicen, el reglamento del Consejo Nacional Electoral es claro en que se puede constituir una comisión antes de que se haga el reparto de la indagación, lo cual ya se hizo.

La magistrada, Márquez, por su parte argumenta que por tratarse de un asunto de connotación nacional las investigaciones a la campaña de Petro deben estar a cargo de una comisión integrada por al menos tres magistrados.

Sobre el reparto de procesos el reglamento del Consejo Nacional Electoral establece que “los asuntos sometidos al conocimiento y decisión del Consejo y en general las cuestiones que deba estudiar la corporación, serán repartidas por sorteo entre los miembros, hasta agotar el número de ellos. En este caso todos deberán participar de nuevo en el sorteo”.

Añade que “si el asunto fuera de cierta importancia o complejidad, a juicio del Consejo, podrá designarse para su estudio una comisión integrada por dos o más miembros del mismo, caso en el cual se hará una equitativa compensación de negocios”.

Los magistrados

• César Augusto Lorduy (Cambio Radical)
• Fabiola Márquez Grisales (Pacto Histórico)
• Maritza Martínez Aristizábal (Partido de La U)
• Benjamín Ortiz (Partido Liberal)
• Alfonso Campo (Partido Conservador)
• Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico-Polo Democrático)
• Cristian Ricardo Quiroz (Alianza Verde)
• Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático)
• Altus Alejandro Baquero Rueda (Partido Liberal) ‒Consejo Estado suspendió su elección‒.
• Pablo Julio Cruz Ocampo (Comunes) ‒Con voz, pero sin voto‒.