MIENTRAS TUVO desarrollo el cónclave del Gobierno nacional entre el presidente Gustavo Petro y todo el gabinete ministerial, una de las primeras determinaciones tomadas por la cumbre fue la aplicación de un plan de austeridad para este año ante el déficit fiscal de 12 billones de pesos en el presupuesto general de la nación. La medida contempla diversos recortes al sector público y la contratación de personal, sumados a los tijeretazos que ya tuvieron varias carteras y subsidios.

Si bien el proyecto de decreto se encuentra apenas presentado como borrador por parte del Ministerio de Hacienda, y abierto a la ciudadanía para aportar sus comentarios, el Gobierno ha tomado como referencia estas primeras propuestas para perfilar los recortes, así como los criterios de gasto a los que se tendrán que regir los ministerios, entidades y funcionarios, especialmente aquellos que requieren de dinero procedente del Presupuesto General.

Según explicó el ministro Diego Guevara, titular de la cartera de hacienda, “la regla fiscal de 2024 se va a cumplir. Para sostener esa senda y ese horizonte de sostenibilidad fiscal necesitamos un esfuerzo de austeridad y parsimonia en las diferentes entidades, tratando de medir de una manera muy juiciosa los gastos en viáticos o los gastos en contratistas”.

En este sentido, la primera determinación tomada por el Gobierno fue cancelar su agenda en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, compromiso que de manera anual representaba un impacto fiscal importante. Y es que según se refleja en el proyecto de decreto, los viaje y costes en viáticos serán limitados a los estrictamente necesarios, migrando a la realización y asistencia de eventos de manera virtual; así como un mayor control de las horas extras en sus funcionarios.

El documento, publicado el pasado 10 de enero por el ministerio, también contempla una modificación en la contratación de personal a través de la figura de prestación de servicios; limita y regula los gastos en arrendamiento inmobiliario, además de la adecuación de estos bienes; pide la reducción de comitivas a encuentros oficiales; busca un mayor control en los esquemas de seguridad pagos a través del Presupuesto General, así como el uso, adquisición y arrendamiento de vehículos oficiales; además de los gastos en publicidad.

Con la medida, de los 12 billones que argumenta el Gobierno, hacen falta para el funcionamiento de este 2025, el ministerio espera recaudar por lo menos 5 billones. Asimismo, desde la administración se buscaría el impulso de una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento, a pesar del hundimiento de la más reciente propuesta de este carácter en las comisiones económicas a finales del año pasado.

DPS avanza en recortes

En cumplimiento con esta medida, el primero en anunciar movimientos en su sector fue el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien aseguró en medios de comunicación que, en primera instancia, para este año, al menos 300 trabajadores de la entidad que cumplían sus funciones a través de la figura de prestación de servicios no serían contratados.

“Para que la gente tenga una idea, el estado tiene cerca de 2.200.000 servidores públicos. De ellos 910.000 son contratistas, personas que no están vinculadas directamente con el Estado. En lo que respecta a mi entidad, a los contratistas que no se les renovará el contrato, porque al tener un recorte, no puedo pagarles. En la responsabilidad social, solo en el DPS tendremos que prescindir de 300 contratos”, dijo Bolívar, en relación a la primera medida de cumplimiento desde Prosperidad Social.

Asimismo, el director de este ente aseguró que, teniendo en cuenta que muchos de los contratistas cumplen funciones a dos o más entidades, por lo que serán estos a los que no se les renovarán sus vínculos con el DPS. También destacó que en entidades donde se presentó el mayor recorte presupuestal se deberá, por lógica, presentar un mayor número de recortes de personal para equilibrar los gastos de funcionamiento con las labores de ejecución.

Otro de los rubros por los que fue cuestionado Bolívar se centró en pagos para promoción en redes sociales, no necesariamente en publicidad. Allí surgió nuevamente la parcela de las ‘bodegas’, de las que Bolívar apuntó, que “eso es marginal. Y no se paga para atacar. Ellos nos dan una publicidad en redes sociales que no tenemos en los medios”, para posteriormente argumentar que ese tipo de movimientos solamente surgen en elecciones.

Garantías en educación

A pesar de la crisis que atraviesa el sistema educativo ante la deuda con universidades y el Icetex, que de manera prematura cerró su convocatoria de créditos para 2025-1, el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín aseguró que su cartera no tendrá mayores afectaciones, y que este derecho fundamental será garantizado en el país a pesar de los diversos recortes.

“Ha sido una instrucción del presidente que el sector educación, por garantizar un derecho fundamental, no va a sufrir las consecuencias de ese aplazamiento. Por el contrario, vamos a tener la garantía de cubrir los recursos de gratuidad y del aumento en las instituciones de educación superior públicas”, dijo el jefe de la cartera.

Críticas al plan de austeridad

Tras el anuncio del Gobierno por su plan de austeridad, diversos sectores cuestionaron la medida, argumentando que la medida es “vaga” y “poco clara”. Según dijo el exministro Mauricio Cárdenas, el Gobierno “tiene un problema fiscal que se estima en 40 billones y esto no se va a arreglar diciéndole a los funcionarios que no celebren aniversario o no asistiendo a Davos”.

Asimismo, el representante por el Partido de la U Víctor Salcedo dijo a EL NUEVO SIGLO que también resultaría clave “recortar en el plan de austeridad el presupuesto de Minigualdad, que demostró que no ejecuta, no tiene programas ni planeación”. En la misma línea de Cárdenas, Salcedo propone que haya recortes en programas “por no delinquir y al final hay que trasladar esos recursos a la educación”.

El parlamentario también dijo a este Diario que en esta misma línea austera que propone la Administración Petro, debe haber un cambio en el manejo de las relaciones exteriores. “Creo que con embajadas en África u otros países, Colombia no ve resultados. Debe haber un plan que ingrese al país a la comunidad internacional y que busque relaciones equitativas, comerciales y donde toda la comunidad se involucre”, señaló Salcedo.

En relación, el también exministro José Manuel Restrepo señaló al mandatario por sus constantes recordatorios de la deuda adquirida, apuntando que Petro “está aumentando la deuda en 140 billones a septiembre de 2024 y 170 billones a diciembre de 2024 y solo en dos años. Parte para pagar deuda anterior, como le toca a todos los gobiernos en la llamada “gestión de pasivos” en crédito público. Ustedes se demoraron en ese proceso porque no fueron capaces de tramitar la ley de emisión de bonos internacionales y obviamente se rezagaron”.

Restrepo también explicó que “la solución es crecer mucho más y tener cuidado con sus declaraciones y decisiones que han aumentado el costo de la deuda y la prima de riesgo país”, línea compartida por el congresista consultado por este Medio.