AL TIEMPO que la Superintendencia de Servicios Públicos realizó ayer la toma de posesión de Air-e, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que si el Gobierno y otras entidades no adoptan las medidas frente a la situación financiera de las empresas, en especial en la costa Norte, podría presentarse la cesación del servicio de energía y que otras de estas compañías tengan que ser intervenidas.

El contralor general subrayó que “si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes, como la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicándose los usuarios y el desarrollo económico del país, en especial en toda la costa Caribe”.

Rodríguez dijo que la situación es grave y “no vemos medidas concretas, oportunas y efectivas para solventar lo descrito. Tan es así que hoy Air-e, empresa que presta el servicio de energía en una parte importante de la costa Atlántica, está en proceso de intervención, lo que se puede presentar en otras empresas como el caso de Afinia, que tiene un número de usuarios significativo en la costa Atlántica, y que al perjudicarse financieramente, afectaría además a otras empresas como EPM y las finanzas del municipio de Medellín y el departamento de Antioquia”.

Enfatizó que “la posible intervención de las compañías puede darse no solo en la región Caribe, sino a nivel nacional y comprende, además un riesgo para otros servicios, como el de gas, que en el caso de la costa Caribe afectaría a más de 10 millones de habitantes”.  

El pasado 2 de septiembre, el jefe de este órgano de control advirtió que 10 millones de personas podrían quedar sin el servicio de energía en diferentes regiones del país.

El contralor previno que una nueva intervención a otra empresa prestadora del servicio de energía le podría costar al Gobierno $4 billones al año, “que corresponde al déficit de operación por ejemplo de las dos compañías Air-e y Afinia, para solventar no solo su operación, sino también las inversiones y garantizar la atención de la demanda con los niveles de calidad y confiabilidad necesarios”, anotó.

Agregó que “por los anuncios que hemos visto en los últimos días, la Nación no cuenta con los recursos necesarios, prueba de ello es el atraso en el giro de los subsidios y el no cumplimiento de su compromiso de asumir la deuda de los usuarios de energía eléctrica a través de la opción tarifaria, lo cual requiere que se tomen medidas para garantizar la prestación del servicio público”. 

Por su parte, la Procuraduría General anunció que realizará una vigilancia preventiva a la intervención de la empresa Air-e. Así lo dijo la procuradora general, Margarita Cabello, quien declaró que el Ministerio Público lo hará con el fin de garantizar que se mantengan los índices de calidad, cobertura y continuidad en la prestación del servicio de energía en los departamentos del Atlántico, La Guajira y Magdalena. 

“La reciente intervención de Air-e ha revivido el fantasma de Electricaribe para los habitantes de la región, por lo que seguiremos atentos para asegurar que se tomen las medidas necesarias”, dijo Cabello.

La intervención

La acción de intervención se llevó a cabo en la sede de la compañía en Barranquilla (Atlántico) y paralelamente en las oficinas en Magdalena y La Guajira, en donde también presta el servicio. El superintendente, Dagoberto Quiroga, expresó que “nuestro objetivo es recuperar la empresa, resolver los problemas financieros que tiene y satisfacer las necesidades de los usuarios”.

La Superintendencia dijo que verificará la situación operativa, financiera, comercial y la información clave de la compañía, en un inventario que permitirá hacer análisis sobre cómo recibe la empresa. “Con este diagnóstico haremos un plan de acción de corto plazo, un plan de choque, para que los ciudadanos empiecen a ver los resultados de esta intervención, que nos permitan responder y avanzar como lo esperan los habitantes del Caribe”, agregó el superintendente.

Finalmente, explicó que se ha establecido un plazo de un año para la intervención y se instalará un consejo consultivo de expertos. 

Así mismo, tomó posesión como agente interventor de Air-e el ingeniero Carlos Diago Abello.