UNA INVESTIGACIÓN contra funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ordenó la Procuraduría General de la Nación.

El motivo son las presuntas irregularidades en la extinción del decreto con el que se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2024.

Sobre este tema, la delegada para la Economía y la Hacienda Público comunicó que, según informes de los medios de comunicación, “habría material probatorio que evidenciarían posibles anomalías en el detalle de las apropiaciones y en la clasificación y definición de los gastos de cerca de $13 billones”.

En tal sentido, el ente de control disciplinario busca establecer si hubo omisiones “al surtir el proceso como dicta la normativa y se pasó por alto incorporar las modificaciones realizadas durante el proceso legislativo, así como las razones por las que inicialmente no hubo claridad en la destinación de los recursos de inversión”.

Además, se supo que el Ministerio Público revisará el Decreto 2295 de 2023, en el que estaban consignados los gastos presupuestados para 2024. También, hará lo propio con la fusión de dos documentos de naturaleza técnica y normativa, para dejar todo en uno solo, con lo que se pudo contravenir lo señalado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que establece la emisión por separado de los mismos.

A través de un comunicado, el Ministerio Público indagará por el acta que debió gestionar el encargado de la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros y que, al parecer, por desconocer su responsabilidad omitió hacer, lo que habría provocado el extravío de las conclusiones y su elaboración tardía.

“La Entidad ordenó la práctica de pruebas para identificar a los sujetos procesales implicados, establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, destacó el ente de control.

Cabe recordar que el pasado 15 de febrero, el Ministerio de Hacienda expidió el decreto de ‘yerro’ que le permitió superar los errores en la reglamentación del presupuesto del 2024 en materia de financiación de los grandes proyectos de infraestructura por un monto de $13 billones.