El consultor electoral y exregistrador delegado, Alfonso Portela, comentó los aciertos y desaciertos de la reforma electoral radicada la semana pasada en el Congreso de la República.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué no le gusta del proyecto de reforma política?

ALFONSO PORTELA: En lo que tiene que ver con el proyecto de Gobierno creo que se quedó muy pobre, habíamos conocido un borrador de iniciativa de reforma política en días anteriores al radicado y era mucho más amplio. Tenía mayor cobertura y temas de mayor interés, pero se quedaron cortos porque simplemente se limita a bajar la edad para participar tanto en el Senado como en la Cámara; hablar de variedad de género, que eso ya se venía trabajando hace mucho rato en diferentes reformas políticas. Habla de la diferenciación puramente estatal, que yo aplaudo desde el punto de vista de contenido, pero no en el procedimiento porque colocar la financiación estatal directamente en un artículo constitucional dificulta mucho la posibilidad de que más adelante, si el modelo fracasa, tenga que sanearse con un acto legislativo, entonces debería dejarse esto a nivel de ley, como la de garantías electorales. El problema va más allá de definir si es estatal o privada; hay muchos más elementos que dificultan el control de los dineros en las campañas. Uno de los ejemplos es que el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene la facultad de hacer las investigaciones, cuenta con herramientas para hacer eso. ¿De qué sirve poner una norma muy interesante si no se fortalece el aparato electoral para que se puedan hacer las investigaciones? Otro punto que me parece muy complejo es el hecho de clasificar los partidos entre movimientos y partidos políticos, lo que genera unas jerarquías que ya la Corte Constitucional en el análisis de la Ley 1475 los equiparó a todos, incluso a estos movimientos de firmas.    

ENS: ¿Qué puntos destaca de esta reforma?

AP: Yo destaco el hecho de que la financiación sea estatal, lo que no me gusta de la propuesta es que lo eleven a categoría de artículo constitucional, lo vuelve muy rígido. Pero sí, el Estado debe hacer ese experimento de ser el financiador de las campañas políticas para ver qué lectura puede salir de ahí y cuál es el comportamiento de los dineros, porque el problema de la financiación política es que lo estamos saneando a punta de prohibiciones y resulta que, entre más prohíben, el dinero se va mucho más abajo y más oculto, así que en esto habría que mirar la implementación y me parece positivo que haya financiación estatal.

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ENS: ¿Cómo queda el CNE en este proyecto?

AP: En esta reforma no se quiso tocar y en algunos proyectos se habla de Corte Electoral, incluso en el mismo Gobierno, que no es propiamente la solución, pero sí es uno de los grandes problemas y es el de la credibilidad de la autoridad electoral, que es la forma como se elige a los magistrados. Es que los partidos no pueden seguir eligiendo a quienes los van a vigilar, controlar y sancionar en algún momento. Esto es un llamado a gritos de todos los estamentos: que la forma de elección de los magistrados del CNE es inadecuada y le quita el peso que podría tener ese organismo que cuenta con unas funciones muy importantes para que marche la política.  

ENS: ¿Qué cambios considera usted necesita la Registraduría?  

AP: Eso es desde el punto de vista legal, no constitucional. Por ejemplo, el 13 de marzo tuvimos una dificultad con un elemento del proceso electoral que nosotros denominamos preconteo. Falta reforzar el tema de los escrutinios; si algo nos salvó en esas elecciones es que tenemos un formato electoral muy amplio con una gama de posibilidades de información que, de alguna manera, si uno falla hay otros que pueden suplirlo y no se ponga en riesgo la legitimidad del proceso. Pero sí hay que reformar el proceso de los escrutinios porque cada autoridad hace lo que quiere.