Los impulsores de la iniciativa aseguran que en los cuatro debates que le restan se mejorará la redacción para evitar malos entendidos

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En la segunda parte de esta legislatura, que arranca el lunes, el Congreso tendrá que discutir en segunda vuelta el acto legislativo que revive la cadena perpetua en Colombia.

Se sabe que el debate se concentrará en la redacción del proyecto, pues algunas voces disidentes indican que podría prestarse para interpretaciones diferentes a los planteamientos de quienes impulsan la reforma constitucional.

Según el senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), esta iniciativa altera todo el sistema penal colombiano.

“Tengo la absoluta certeza que afuera, en las calles de Colombia y en los hogares, el 90% de los colombianos está de acuerdo con este proyecto. Sería fácil para cualquiera de nosotros pararse a decir que estamos de acuerdo con ese clamor. Sin embargo, los demócratas y los que creemos en el humanismo, tenemos la obligación de explicarle a los padres de familia que este proyecto no solo no satisface el clamor ciudadano de castigar a los más oprobiosos delincuentes, sino que implica una rebaja de penas potencial en la práctica a las que hay hoy y pone en riesgo a innumerables ciudadanos imputados por otro tipo de actos sexuales abusivos que comienzan con el acto sexual no consentido o con el acoso sexual”, expresó en diálogo con EL NUEVO SIGLO.

Así mismo, indicó que en casos como los de “Noguera o Garavito, para ellos ya hay 60 años”, pero con el proyecto “también estamos haciendo” que “el homicidio doloso, que tiene pena de hasta 50 años, que hoy no tiene revisión, la tenga. El homicidio por piedad, tendría cadena perpetua. El delito de violación tiene 30 años hoy. Este proyecto lo hace revisar a 25 años. Actos sexuales abusivos que hoy se castigan con 16 años de cárcel podrían tener cadena perpetua. Por supuesto que hay que castigar esos actos, pero en el acto legislativo no hay ningún tipo de castigo para esos hechos”.

Sin embargo, uno de los autores de la iniciativa y ponente de la misma, el representante barranquillero César Lorduy, de Cambio Radical, le explicó a este Diario que se va a mejorar la redacción del proyecto.

Lorduy defendió la pertinencia del proyecto, argumentando que “las estadísticas demuestran dos cosas: primero, que hay un alto nivel de violencia que se sigue presentando contra niños y niñas en Colombia. La Fiscalía nos informa que en este 2020 hay cifras dicientes que señalan que aquí hay algunos asuntos que no están funcionando. Y además, que el índice de reincidencia para autores de este tipo de delitos es muy alto, por lo que se puede decir que esa es una característica de quienes cometen ese tipo de hechos”.

No basta

Camilo Enciso, penalista de la Universidad del Rosario, le aseguró a este Medio que de aprobarse este acto legislativo “la estructura penal no sufre una modificación de fondo. Simplemente se permite la imposición de una pena que actualmente está proscrita por la Constitución. Mienten quienes dicen que la reforma viola las garantías procesales y los tratados de derechos humanos. Lo clave es que se regule el derecho a revisar la sentencia periódicamente, tal como he argumentado en el pasado. Pero eso no implica un cambio estructural al sistema penal”.

Agregó que la cadena perpetua por sí misma no basta: “quienes se oponen a la cadena perpetua intentan ridiculizar el proyecto llevándolo al absurdo. Lógicamente se requieren políticas de Estado que prevengan el delito y que permitan su detección temprana. La cadena perpetua se requiere por su capacidad disuasoria, pero sobre todo, porque el derecho penal debe aspirar a materializar el anhelo de justicia de la ciudadanía. Los críticos dicen que quienes defendemos la medida aspiramos a la venganza. No. Nosotros aspiramos es a la justicia. Dicen también que la cadena perpetua viola el principio de proporcionalidad. Carreta. Los violadores de niños generan un daño grave e imborrable en la vida de las víctimas. Muchos se vuelven abusadores y muchos quedan psicológicamente afectados por siempre. Muchos nunca logran rehacer sus vidas ni ser felices. Viven en la depresión y el aislamiento. Les resulta imposible volver a confiar en los demás”.

El también penalista Iván Cancino le indicó a este Diario que “este acto legislativo jamás servirá para disminuir el delito sexual. Una cadena perpetua siempre se va a ver como una venganza del Estado y no como una solución al problema real que es proteger a los menores. Si el país quiere proteger a los menores, debe buscar medidas efectivas para ello”.

Según Cancino, el impacto de la norma “sería de populismo punitivo, pero en el corto y mediano plazo el país se va a dar cuenta que no soluciona el problema ni protege a las víctimas. A esto hay que sumarle un país con errores judiciales graves. Los últimos dos consejos asesores de los últimos presidentes han conceptuado que esta no es la solución al problema, por eso el doctor Ricardo Posada renunció. Los expertos en materia penal de la Comisión Asesora de Política Criminal han manifestado su negativa a este proyecto”.

Otro penalista, Francisco Bernate, sostuvo en diálogo con este Medio que “Colombia en toda su historia ya ha tenido cadena perpetua y pena de muerte. No es novedoso. Y menos aún si vemos que el Código Penal contempla penas que pueden superar los 70 años. Esto ha existido en el pasado y ya existe”.

Bernate no cree “que alguien que haya atravesado una facultad de Derecho y se haya tomado en serio sus estudios y se haga llamar humanista estaría de acuerdo con la prisión perpetua. Es una redacción defectuosa confusa. Y de fondo el proyecto está mal, por contrariar la Constitución y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Ficha técnica del proyecto

Radicado el 20 de julio de 2019

Aprobado en primer debate: Comisión Primera de la Cámara, 30 de septiembre de 2019

Aprobado en segundo debate: Plenaria de la Cámara, 15 de octubre de 2019

Aprobado en tercer debate: Comisión Primera del Senado, 26 de noviembre 2019

Aprobado en cuarto debate: Plenaria del Senado, 11 de diciembre 2019

Autores: Martha Villalba (La U), Adriana Magali (Partido Conservador), Jorge Burgos (La U), Elbert Díaz (La U), Rodrigo A. Rojas (Partido Liberal), Milene Jarava (Opción Ciudadana), Maritza Martínez (La U), Norma Hurtado (La U), Mónica Raigoza (La U), Wilmer Carrillo (La U), Adriana Gómez (Partido Liberal), Alonso del Río (La U), Aquileo Medina (Cambio Radical), Carlos Cuenca (Cambio Radical), Harry González (Partido Liberal), Sara Helena Piedrahita (Cambio Radical), Mónica Valencia (La U), José Daniel López (Cambio Radical), Roosvelt Rodríguez (La U), Erasmo Zuleta (La U), Astrid Sánchez (La U), Erwin Arias(Cambio Radical), Teresa Enríquez (La U), Betty Zorro (Cambio Radical), Emeterio Montes (Partido Conservador), Efraín Cepeda (Partido Conservador), Carlos Eduardo Acosta (Colombia Justa Libres), John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres), Ciro Rodríguez(Partido Conservador), Armando Zabaraín (Partido Conservador), José David Name (La U) y César Lorduy (Cambio Radical).

Sinopsis: se busca incluir en la Constitución la posibilidad de que exista cadena perpetua para quienes cometan actos sexuales abusivos contra los menores de edad. La reforma constitucional quedaría así: “De manera excepcional, cuando se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menor de 14 años; se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua. En todo caso la pena será revisable en un plazo de veinticinco años en los términos que establezca la Ley”.

Reglamentación: Tras la aprobación del acto legislativo el Gobierno nacional tendrá un año para radicar una ley estatutaria que regule la prisión perpetua y sus condiciones. Sumado a la reglamentación, el Gobierno “deberá formular en el mismo término, una política pública integral que desarrolle la protección de niños, niñas y adolescentes; principalmente fundamentados en las alertas tempranas, educación, prevención, judicialización efectiva, condena y acompañamiento psicológico”.