El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad interpuesta contra el Acuerdo 10 del 29 de diciembre de 2023, emitido por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que modifica la lista de oficios y ocupaciones y establece una nueva fórmula para el cálculo de la cuota de aprendices. Este acuerdo ha generado controversia, especialmente entre sectores empresariales, debido a los posibles impactos económicos en diversas industrias.
La demanda fue presentada por el abogado Cristian Eduardo Stapper, quien advirtió sobre los riesgos que conlleva la implementación de estas nuevas disposiciones, particularmente en sectores como el aseo, el transporte y la logística. El hombre sostiene que las modificaciones propuestas, como la inclusión de oficios controvertidos como "gigoló", "adivinador" y "hechicero", podrían poner en peligro la sostenibilidad económica de estas actividades, al agregarles costos adicionales y dudas sobre la pertinencia de los oficios enlistados.
"Confiamos en que el análisis del Consejo de Estado tendrá en cuenta las consideraciones planteadas por los distintos actores, en aras de construir un sistema que promueva la empleabilidad y el crecimiento económico de forma sostenible", declaró Stapper, actual vicepresidente de Fenalco, al referirse a la necesidad de una regulación equilibrada entre las exigencias de formación profesional y las realidades del sector productivo.
Además de los cambios en la lista de oficios, el Acuerdo 10 también introduce una modificación en la fórmula de cálculo de la cuota de aprendices que deben asumir las empresas. Mientras que en el régimen anterior la cuota se basaba en el número de empleados administrativos, la nueva normativa amplía este cálculo a toda la plantilla de trabajadores de la empresa, lo que podría traducirse en un aumento sustancial de los costos operativos, afectando la competitividad y sostenibilidad del sector empresarial en el país.
El consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez será el encargado de estudiar la solicitud de suspensión provisional del acuerdo, lo que podría determinar su futuro. En la demanda también se alega que el SENA no ha demostrado la necesidad de incluir ciertos oficios en el listado ni que estos requieran formación profesional, técnica y completa, lo que pone en duda la viabilidad de estas medidas.
El impacto de estas modificaciones podría ser significativo, ya que los gremios empresariales consideran que el nuevo cálculo de la cuota SENA representa una carga adicional que incrementará la tributación para las empresas y afectará la competitividad y la sostenibilidad del tejido empresarial del país. A la espera de la decisión del Consejo de Estado, el futuro del Acuerdo 10 sigue siendo incierto, con una fuerte oposición desde el sector privado.