Utilizo la palabra supra para intentar una primera descripción del propósito de la reforma constitucional que Nicolás Maduro se propone imponer a la nación venezolana. Supra se refiere a una entidad que está por encima de otras semejantes: Supranacional, por ejemplo, describe aquella entidad que está por encima de las naciones.

Así las cosas, el lector se preguntará: ¿Para qué una dictadura omnipotente, represiva, violadora sistemática de los Derechos Humanos, quiere todavía más poder para sumar al enorme poder que ya tiene? ¿Qué más necesita que no tenga ya, si tiene el control absoluto del sistema judicial, juez a juez, tribunal a tribunal, expediente a expediente? ¿Qué más puede querer si el Consejo Nacional Electoral, bajo instrucción del dictador, desconoce la voluntad popular e inventa unos resultados electorales sin sustento alguno, y declara ganador a un Maduro, cuando todas las evidencias señalan de manera unánime, que fue derrotado de forma abrumadora por Edmundo González Urrutia?

Insisto, ¿qué más puede querer si el organismo electoral inventa resultados a gusto del dictador y ha hecho saber que eso no cambiará y que la fabricación de resultados continuará de forma indefinida, y con ello cerrar cualquier posibilidad de cambio político en Venezuela?

Y, por si todo esto no bastara, por si todo esto no constituyera un cuadro que hace casi imposible cualquier forma de ciudadanía en Venezuela -para exigir el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución; para exigir que las autoridades cumplan las leyes; para oponerse a la corrupción y la impunidad; para protestar; para demandar el cumplimiento del debido proceso-, como si no bastara haber despojado a los ciudadanos de cualquier derecho, ejerce su poder con un alto mando militar a su servicio, alto mando que mantiene a las fuerzas armadas apuntando a las cabezas de cada ciudadano.

¿A qué más puede aspirar si tiene bajo su control las armas, las instituciones del Estado, las riquezas de la nación, el poder legislativo, la casi totalidad de los medios de comunicación, el control del territorio, de los cuerpos policiales, de las arcas públicas y de los bienes nacionales?

Quiere cambiar la Constitución para erradicar la libertad de pensamiento y establecer un Estado bajo el modelo de pensamiento único, de postración unánime al régimen, de modo que el mismo se eternice en el poder. Lo que Maduro y los jefes de su banda están diseñando es un modelo supra dictadura, basada en dos fundamentos.

El primero de ellos consiste en la expansión ilimitada de la categoría de fascismo. Es la reinvención, la expansión ilimitada del concepto: fascismo será, de aquí en adelante, toda idea, tesis, artículo, reportaje, crónica, poema, relato, ensayo, cátedra, libro, opinión, escenificación, documental, filme, chiste, agrupación o iniciativa distinta u opuesta, no ya al socialismo o al bolivarianismo, sino al madurismo, que se pretende constituir en un poder semejante al de Corea del Norte, donde a Maduro padre le seguirá Maduro hijo y así, sucesivamente, hasta el fin de los tiempos.

Maduro se propone establecer una nueva categorización de la realidad y las ideas: habrá madurismo y fascismo. No más. Y para simular la existencia de libertades, de controversia y ejercicio de la política, tendrá en un rincón, una jaula para su colección privada de alacranes, a los tirará alguna migaja y sacará a pasear, con la rienda corta bien atada a sus cuellos, cada vez que los necesite. Si alguno se negara, corre el riesgo de que el Sebin o el Dgcim lo secuestre, lo torture y lo entierre de forma perpetua.

El segundo componente de este modelo, en realidad, no es nuevo: es el manoseado poder comunal, sobre el que ya existe un cuerpo de leyes, que no han encontrado ninguna aplicabilidad a lo largo de los años. Esta invocación del poder comunal será el cuarto o quinto intento de activar la acción política organizada en las comunidades y barriadas de Venezuela.

¿Qué ocurrió en los intentos previos? ¿Qué pretendieron Chávez primero y luego Maduro? Que el poder comunal o las comunas se estructuraran políticamente contra la oposición de democrática, contra las empresas y comercios, contra las clases medias, contra las universidades. Y no funcionó. Solo un ejemplo: la que fue llamada la ley sapo, por la que se intentó convertir a los dirigentes comunales en informantes del Sebin y del Dgcim, fue repudiada de forma amplia.

Sin embargo, ahora hay una diferencia sustancial: la reforma se propone crear comités populares, con funciones seudo policiales, para que se conviertan en unidades de espionaje en los mismos barrios.  Puesto que el poder teme a los sectores populares de todo el territorio, que es donde se concentra la fuerza más movilizada de rechazo y voluntad en contra de la dictadura, el régimen ha diseñado un modelo para que la represión política sea ejecutada desde adentro, desde la propia comunidad. Que sean vecinos los encargados de vigilar, denunciar, secuestrar y entregar a los cuerpos represivos, a quienes se organicen y protesten.

La reforma constitucional establecería que también los sectores populares que se opongan al régimen y protesten son fascistas y, por tanto, personas fuera de la ley. Delincuentes. Tales los dos puntos esenciales de la supra dictadura.

*Fundador y director del periódico El Nacional