Un primer balance presentó el Departamento Administrativo de la Función Pública de los trámites que deben surtir un proceso de racionalización en el 2021, en cumplimiento de la Ley Antitrámites 2052 de 2020.

“Invitamos a las entidades públicas del orden nacional y territorial a adelantar las gestiones pertinentes para la implementación de las acciones de simplificación de trámites, actualizando la estrategia de racionalización formulada en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y registrada en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)”, indicó el director de la Función Pública, Fernando Grillo.

En total son 602 trámites y otros procedimientos administrativos los que deben ser simplificados por parte de las entidades del orden nacional como territorial, y que corresponden a trámites que debieron simplificarse durante la vigencia 2020, pero que a 31 de enero de 2021 no se ha reportado su cumplimiento, y a aquellos trámites que aún no han sido simplificados, atendiendo a las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 2106 de 2019.

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“Desde Función Pública seguimos avanzando en el fortalecimiento de las capacidades de las entidades públicas para la garantía de los derechos de los ciudadanos y la generación de valor público”, agregó el Director de esta entidad.

Finalmente, Función Pública dijo que puso a disposición de las entidades que requieran asesoría en la racionalización de los trámites un equipo multidisciplinario que atenderá las solicitudes en todo el país.