Reglas claras para espacio público

  • Urge que Congreso precise marco regulatorio
  • Pleitos evitables entre ciudadanía y autoridad

 

 

 

El uso del espacio público es, de lejos, una de las actividades más difíciles de reglamentar, no solo en Colombia sino en casi todo el mundo. No pocos tratadistas suelen afirmar que es, precisamente allí, en donde se da la confluencia más directa y abierta de los derechos individuales y los colectivos, razón por la cual la interacción de unos y otros son causa constante de pleitos entre particulares así como de debate sobre hasta dónde puede llegar el nivel de intervención de la autoridad, ya sea para ejercer su facultad regulatoria o, incluso, para imponer sanciones cuando se viola la normatividad vigente.

En nuestro país las controversias por el espacio público se dan casi todos los días. Sin embargo en las últimas semanas varias polémicas han focalizado la atención pública y generado múltiples reacciones. La primera tuvo relación con el sonado caso de un grupo de personas a los que la Policía les impuso un costoso comparendo debido a que compraron empanadas a una vendedora ambulante en un céntrico sector de la capital del país. El caso, más allá de lo anecdótico que resultó y la forma en que se viralizó en las redes sociales, dio lugar a una intensa discusión sobre el alcance del Código Nacional de Policía, la actuación de los uniformados, el papel de los alcaldes y el eterno debate entre cómo equilibrar el derecho al trabajo y el derecho a un espacio público libre y seguro. Como coletazo de todo ello se anunciaron sendas demandas ante la Corte Constitucional contra varios artículos del Código así como la presentación de proyectos de Acuerdo y de ley en el Concejo Distrital y el Congreso de la República, respectivamente, para eliminar este tipo de sanciones a compradores y vendedores de alimentos y otros productos en las calles…

De otro lado, ayer se dio a conocer una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la nulidad de un decreto dictado por el alcalde de Chía mediante el cual prohibía las ventas ambulantes en ese municipio y daba pie al decomiso de las mercancías e incluso a la posibilidad de un arresto de los infractores. Ante una acción de nulidad interpuesta contra el decreto en mención, los magistrados determinaron anular sus efectos debido a que tanto la legislación vigente como la jurisprudencia de la Corte Constitucional establecen que a los mandatarios locales les está facultada la competencia para reglamentar el ejercicio, ubicación y demás reglas para ordenar las ventas ambulantes, pero no así la prerrogativa de prohibirlas totalmente y menos la de disponer medidas sancionatorias más drásticas y generales, como la del decomiso de productos o el arresto de los infractores, ya que ello sólo puede disponerse por vía legal, para lo que es necesario una norma emanada del Congreso.

Como queda claro, tanto en el sonado caso del comparendo por la compra de la empanada -que en la apelación fue anulado a uno de los multados- como en el fallo del Tribunal, hay una serie zonas grises en cuanto a lo que se puede y no hacer en el espacio público por parte de los particulares y, más aún, sobre cuáles son las competencias y facultades precisas de que las autoridades civiles y policiales pueden hacer uso, en aras de su mandato legítimo, para garantizar que este tipo de áreas no sean invadidas ni explotadas ilegalmente por terceros.

Si se analizan todas las reacciones en uno y otro caso es fácil concluir que el marco regulatorio sobre el uso y aprovechamiento del espacio público necesita una reglamentación más puntual y taxativa. Las zonas grises que existen en la normatividad respectiva permiten un inconveniente margen de discrecionalidad a las autoridades para determinar qué tipo de acción tomar y, al mismo tiempo, dejan un espacio a los particulares para buscar esguinces a la ley con el fin de esquivar sanciones y restricciones legales. Dicha reglamentación se hace más urgente porque es sabido que no en pocas de las grandes ciudades han surgido grupos delincuenciales que se ‘adueñaron’ de amplios tramos de calles, andenes y hasta de semáforos, cobrando extorsiones a todos los vendedores ambulantes para dejarlos trabajar en estos sitios.

El Congreso debe tomar nota de la necesidad de contar con un marco más claro en materia de lo que es permitido y no en el espacio público. Un marco que sea equilibrado, realista y que una vez aprobado sea lo suficientemente socializado para que todos conozcan las nuevas reglas del juego en un asunto tan trascendental y del diario vivir. Concretar ese objetivo disminuiría de forma sustancial muchos pleitos  entre ciudadanía, autoridades civiles y Fuerza Pública.