A las complicaciones que han surgido para el desarrollo de las obras en el país por efectos de los derrumbes por el invierno, los cierres e impactos sociales, se le debe añadir el concepto de las calificadoras de riesgos.

En efecto, la firma Fitch Ratings, señala que las concesiones de iniciativa pública de cuarta generación (4G) para las carreteras de peaje colombianas presentan un conjunto de fuentes de riesgo principales que incluye posibles demoras o sobrecostos durante la fase de finalización de las obras.

Esto incluye, asimismo, la gestión de la liquidez y la calidad crediticia de las contrapartes, como contratistas, proveedores externos y el otorgante de las concesiones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Señala la firma que los riesgos menos significativos incluyen el operativo y la exposición a la tasa de cambio, además que el volumen de tráfico puede variar según las características específicas de cada proyecto.

Programas

Hace diez años, el gobierno lanzó su programa 4G de concesiones de carreteras de peaje para mejorar y ampliar la red de carreteras a nivel nacional. Posteriormente, el anuncio de la quinta generación (5G) de concesiones hace casi tres años, marcó un nuevo esfuerzo para seguir apoyando el desarrollo de la red.

Sostiene la calificadora que muchas características del contrato 4G prevalecen en la plantilla 5G, pero ciertos cambios en el enfoque tienen repercusiones en los perfiles de riesgo crediticio de los proyectos.

En opinión de Fitch, la mayor dependencia del programa 5G en el volumen de tráfico, los términos de concesión variables, los pagos por terminación anticipada potencialmente más pequeños y la exposición reducida a problemas socioambientales, son las diferencias más relevantes entre los dos programas.

Explica el informe de la calificadora que Fitch ha analizado y calificado proyectos en Colombia durante los últimos siete años, y actualmente monitorea siete proyectos 4G que comparten evaluaciones de factores clave de calificación similares, de acuerdo con los criterios aplicables. “Debido a que el marco contractual es idéntico entre ellos, los supuestos utilizados en nuestros casos también se alinean. Todos menos uno de los proyectos 4G en la cartera de Fitch tienen una calificación de 'BB+' o 'AAA (col)' o 'AA+ (col)' y cuentan con sólidas estructuras de deuda.

Dada su menor dependencia del crecimiento del tráfico, los proyectos 4G pueden lograr las mismas calificaciones que los proyectos de carreteras de peaje convencionales, incluso con métricas más bajas.

Impacto

Por otra parte, Fitch Ratings opina que el impacto del congelamiento de las tarifas de peajes para este año, variará entre los proyectos de autopistas de Cuarta Generación (4G) calificados por Fitch. Aun así, el impacto en las calificaciones será neutral.

El congelamiento de tarifas limitará el crecimiento de los ingresos este año y, por lo tanto, tendrá un impacto negativo en el flujo de caja de las autopistas. No obstante, no se anticipa un impacto en la calificación de las autopistas de peaje 4G en este momento, ya que los emisores se benefician de una liquidez adecuada, otras fuentes de ingresos o en algunos casos, instalaciones subordinadas multipropósito (SMF) renovables.

De igual manera, la firma argumenta que las autopistas 4G de iniciativa pública conservan su calidad crediticia, ya que estos proyectos cuentan con otras importantes fuentes de ingresos, como las vigencias futuras y las diferencias de recaudo quinquenales, ambas de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Además, dichos proyectos cuentan con estructuras de deuda con mecanismos que mitigan adecuadamente los ingresos inferiores a los proyectados en 2023. Los emisores públicos calificados con estas características son Fideicomiso Costera, Fideicomiso PA Pacifico Tres, PA Autopista Río Magdalena y Patrimonio Autónomo Unión del Sur.

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Considera Fitch Ratings que el impacto en el flujo de caja de las autopistas de peaje 4G de iniciativa privada debería ser más significativo, ya que estas concesiones no tienen derecho a recibir los pagos de la ANI y los peajes son la principal fuente de ingresos.

Las notas

Por lo contrario, de todos modos, las calificaciones de las notas senior garantizadas de PA Concesión Ruta al Mar (BB+ / Estable/; AA (col) / Estable) no se verán afectadas como resultado de la falta de incrementos de peaje para 2023, dado que se proyecta que la liquidez se mantendrá sólida este año. Sin embargo, si las tarifas de peaje no alcanzan la inflación de 2022 en los próximos dos años, su calidad crediticia podría deteriorarse, y el índice mínimo de cobertura de vida del préstamo podría disminuir a un nivel inconsistente con las calificaciones actuales.

El 15 de enero de 2023, el gobierno nacional anunció, a través del Decreto 050, que las tarifas de peaje para 2023 quedarán congeladas como parte de las políticas antiinflacionarias del gobierno, considerando que la inflación registrada en Colombia en 2022 fue de 13,1 %. El congelamiento aplica para los peajes nacionales a cargo del Instituto Nacional de Vías y la ANI. No obstante, el decreto también establece que el gobierno diseñará y aplicará

El impacto de los peajes

El gremio de la infraestructura dijo que un contexto de inflación, los proyectos concesionados no están exentos de enfrentar la coyuntura económica que vive el país con incrementos derivados de la inflación en el costo de las nóminas o los aumentos en el valor de los insumos, entre muchos otros factores.

“Así pues, no ajustar al alza las tarifas de sus peajes, implica el riesgo de no reconocer el verdadero valor de los bienes y servicios requeridos para la construcción y administración de los proyectos. (Esto puede generar desempleo y eventuales incumplimientos con proveedores, por parte de las concesiones)”, señaló la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI).

De acuerdo con la CCI, la mayor consecuencia para el país de la medida es que a partir de la fecha, será el Gobierno y todos los colombianos, incluso aquellos que no transitan por las carreteras concesionadas quienes terminarán respondiendo, vía impuestos, por los dineros que dejen de recaudar los proyectos, dado que dicho recaudo se constituye en la fuente de pago de inversiones realizadas sobre la infraestructura.

“A lo anterior, habría que sumar el hecho de que cambiar las reglas del juego genera un clima de inseguridad jurídica que, por razones obvias, redunda en incertidumbre entre aquellos financiadores e inversionistas que apuestan por iniciativas de esta naturaleza”, sostuvo el gremio.