CON EL argumento de que se requiere contar con recursos para atender la emergencia invernal, garantizar la alimentación infantil y la gratuidad en la educación superior (no menciona para nada las necesidades del Icetex), el Gobierno anunció finalmente que el recorte del presupuesto de este año no será de $33 billones como inicialmente lo estableció, sino que llegará a $28,4 billones.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que “aunque el Confis había sugerido un recorte de hasta $33 billones, la cifra final responde principalmente a la necesidad de contar con recursos para responder a la situación de emergencia”.

La cifra fue definida durante un consejo de ministros en el que se discutió la urgencia de ajustar las finanzas públicas ante la caída en el recaudo tributario y los retos para cumplir con la regla fiscal.

Aunque, inicialmente el Gobierno había proyectado un ajuste de $33 billones, la cifra final quedó por debajo de esa meta tras semanas de análisis. Según el Ministerio de Hacienda, la decisión responde a una estrategia para equilibrar las necesidades de los sectores clave y las presiones fiscales que enfrenta el Estado.

El recorte incluye $20 billones previamente congelados debido al desplome en los ingresos tributarios de la DIAN, situación que ha agravado las restricciones presupuestarias.

¿Insuficiente?

Sin embargo, expertos, como los integrantes del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), advierten que este ajuste podría resultar insuficiente. Según sus cálculos, el déficit fiscal requeriría un recorte adicional de $31 billones, sumado a los $33 billones inicialmente proyectados, para cumplir con los compromisos fiscales establecidos para este año.

Aunque la cifra oficial del recorte es de $28,4 billones, el Gobierno no descarta la posibilidad de ajustes adicionales. Una herramienta clave en este escenario es la figura de la “pérdida de apropiación”, que ocurre cuando los recursos presupuestados no se ejecutan antes del 31 de diciembre. Estos fondos no comprometidos se pierden automáticamente, contribuyendo de manera indirecta a las metas de ajuste fiscal.

De hecho, diversos sectores presentan bajos niveles de ejecución presupuestal. Uno de los casos más destacados es el sector educativo, que cuenta con $800.000 millones sin comprometer destinados a infraestructura de la educación superior pública, según el último reporte del Ministerio de Hacienda.

Entre los argumentos expuestos por la CARF, está que los ingresos se ubicarían $74,1 billones (4,3% del PIB) por debajo del nivel programado en PGN 2024 (aprobado en octubre de 2023) [...]. Por lo anterior, la reducción del gasto fiscal en el presupuesto que se requiere para cumplir con la meta de la regla fiscal para 2024 se estima en $56,2 billones (3,2% del PIB).

Para alcanzar la cifra de $56,2 billones, el comité indicó que el Gobierno podría gastar en noviembre y diciembre solamente $15,9 billones.

Subejecución

Respecto a este recorte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, indicó a los medios, que ahora el camino a seguir debe ser la subejecución, es decir, materializar el recorte de forma indirecta, bajo una modesta asignación de partidas presupuestales en lo que resta del año y de esta forma completar la tarea por otro lado.

Sostiene el analista que “el recorte en el presupuesto de $28,4 billones para este año, cerca de $5 billones inferior al anunciado inicialmente, es insuficiente para garantizar el cumplimiento de la regla en 2024, entre otras razones porque el recaudo está cerca de $9 billones por debajo de la meta ajustada a la baja a mediados del año”.

Señaló que “la única salida sería que la subejecución del presupuesto permita tener un margen adicional para acomodar la insuficiencia en el tamaño del recorte y los menores ingresos por concepto de recaudo tributario en lo corrido del año”.

Por su parte, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, manifestó que claramente es un recorte insuficiente frente a los análisis que decían que este ajuste debía superar por lo menos los $50 billones, como es el caso del Comité Autónomo de Regla Fiscal.

Sostuvo que “corremos el riesgo de incumplir regla fiscal, asunto que no es de poca monta porque eventualmente nos podría llevar a más prima de riesgo país, más tasa de cambio y sobre todo un mayor nivel del costo de financiamiento público y privado en nuestro país, entonces es un recorte insuficiente”.

Más ajustes

Indicó Restrepo que todo lo que está pasando es “un mensaje al Gobierno nacional para no repetir el mismo error en el decreto de presupuesto del 2025, es un hecho que vamos a caminar a la dictadura fiscal, en donde el Gobierno señalará el presupuesto, pero tiene que ser responsable y ajustar el Presupuesto del próximo año, por lo menos en los $39 billones que se está proyectando”.

A su vez, el director de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, Camilo Pérez, dijo que “es positivo que sea un poco menor de lo que han anunciado previamente, genera inquietudes, pero de alguna manera, en la medida en que el Gobierno tiene más información que los analistas y que el público en general sobre las finanzas públicas, pues uno debería confiar en que el recorte que están haciendo es suficiente”.

“Nuestro cálculo era que para todo el año se iban a recortar casi $60 billones y ya hemos venido escribiendo que son $28 billones con este decreto y los otros $30 billones van a venir de subejecución. De esta forma, lo que podríamos esperar es que precisamente aumente esa subejecución”, sostuvo.

En otro orden, los investigadores del Bancolombia, consideran que “el Gobierno tendrá que comprometer recursos hasta un máximo de $53 billones en los últimos dos meses del año para garantizar el cumplimiento de la RF. Esto sería consistente con unos recursos comprometidos totales que deben cerrar el año en $348 billones, en comparación con los $410 billones originales. Esta cifra luce posible, considerando que en los primeros diez meses del año el Gobierno ejecutó un promedio de $29 billones por mes, con lo que en noviembre y diciembre debería ajustar moderadamente a un monto de $27 billones por mes”.

Por otro lado, indican que, aunque hay riesgos, “es posible que el Gobierno logre dar cumplimiento a la meta de la regla fiscal este año. En ese sentido, consideramos que el mensaje hablaría elocuentemente de la fuerza de la institucionalidad de la regla fiscal, lo que además podría aliviar, en algún grado, las preocupaciones del mercado respecto al futuro de las finanzas públicas del país. De cara a 2025, aunque las dudas se mantienen en torno a la definición del PGN, los mensajes recientes sugieren que el Gobierno haría lo posible desde el manejo del gasto para honrar el espacio de déficit que permita la regla fiscal”.

Menos recursos a Minhacienda

La cifra equivale a 5,6% del Presupuesto General de la Nación (PGN) para este año. El recorte estará dividido en $18,2 billones de funcionamiento y $10,1 billones de inversión.

Este recorte contempla tanto los $20 billones del aplazamiento presupuestal anunciado en junio, así como $8,4 billones adicionales que surgen como resultado del análisis de la situación económica actual de la nación.

Señala el Ministerio de Hacienda, que el recorte, que se da como resultado de la caída en los ingresos tributarios, es una muestra del compromiso del Gobierno nacional con la disciplina fiscal y el cumplimiento de la regla fiscal.

Los sectores que tendrán mayores disminuciones en esa área son Hacienda con $11,8 billones, Trabajo con $3,9 billones, Defensa con $606.000 millones, Rama Judicial con $452.000 millones y Fiscalía con $347.000 millones.

Con respecto a la inversión, se hará un recorte de $10,1 billones que estará liderado por el sector de Inclusión Social y Reconciliación con $1,8 billones, seguido de Hacienda con $1,7 billones, Transporte con $1,4 billones, Agricultura con $1,2 billones y Vivienda con $647.000 millones.