RESTAN MENOS de dos semanas para el inicio de una nueva legislatura en la que la apuesta del Gobierno Petro es clara: impulsar la mayor cantidad de reformas posibles. A su vez, la rama legislativa también tiene una serie intención de hacer modificaciones sustanciales para las mejoras de condiciones de calidad de vida, donde entran seriamente en juego los proyectos de ley de carácter estatutario, mismos que deberían, en su mayoría, entrar en debate este mismo semestre.

Con el inicio de las campañas presidenciales a la vuelta de la esquina, los próximos cinco meses serán vitales para el impulso de las principales propuestas tanto en Cámara como en Senado. Sin embargo, el tiempo será uno de los principales obstáculos para la mayoría de estos proyectos, puesto que, de acuerdo al calendario para este 2025, las leyes estatutarias que se encuentran en trámite o listas para debate solo podrán ser discutidas desde marzo.

Este tipo de normativas modifican, entre otras, los derechos y deberes fundamentales de las personas; procedimientos y recursos de su protección; justicia; el régimen político nacional; la participación de minorías; y los mecanismos de participación ciudadana, siendo tratados en su totalidad en las comisiones primeras de las dos corporaciones que conforman el Congreso. Además, tienen que pasar por revisión de la Corte Constitucional.

En ese sentido, para el nuevo periodo que se aproxima en el Congreso quedan en reposo 28 iniciativas de carácter estatutario, de las cuales, 17 fueron radicadas de manera inicial en la Cámara de Representantes, pero de las que apenas una está lista para entrar en su debate en la plenaria de esta corporación.

Los principales proyectos

Una de las iniciativas que más ha causado controversia dentro del Congreso ha sido la regulación de la muerte médicamente asistida, donde el representante Juan Carlos Losada, y otro grupo de parlamentarios, se propuso “regular el acceso al derecho fundamental a la muerte digna en la modalidad de muerte médicamente asistida y garantizar la seguridad jurídica de los participantes involucrados en el procedimiento por medio del cual se aplica la muerte médicamente asistida”.

El proyecto de ley ha generado debate, debido a que diversos sectores consideran la medida como una vulneración al derecho fundamental de la vida, además de asegurar que podría abrir una peligrosa puerta en caso que no exista una regulación eficaz. Este proyecto se perfila para pasar a sus debates en Plenaria de Cámara, donde la división es importante y podría encontrar serios traspiés en su posible avance.

Asimismo, la Cámara también propuso ajustes necesarios en los estatutos de revocatoria de mandato, esto debido especialmente a los serios problemas que se han presentado a la hora de la ejecución de este derecho político. “El objeto de la presente ley es promover, proteger y garantizar la revocatoria del mandato como modalidad del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político”, se firma en el texto, promovido en su mayoría por las bancadas opositoras de esta corporación y se encuentra en su trámite inicial.

En esta lista también se pueden encontrar proyectos en los que se busca la no inclusión en centrales de riesgo a los deudores y codeudores con motivo de los créditos educativos. También hay trámite por un proyecto de ley en el que se propone la regulación de reproducción humana médicamente asistida, que al igual que el proyecto del representante Losada, ha encontrado numerosos opositores en su radicación.

Desde el Senado, la parlamentaria Maritza Martínez propone un proyecto de ley para “garantizar la transparencia en la financiación de las campañas electorales y fortalecer la capacidad de la autoridad electoral para su supervisión y control”, muy en relación a los problemas que ha presentado la Administración Petro, a la que investigan desde el Consejo Nacional Electoral por superación de topes y presunta financiación ilegal durante la campaña.

En su mayoría, las iniciativas tendrán plazo también para ser discutidas en la próxima legislatura, correspondiente entre agosto de 2025 y julio de 2026, aunque difícilmente estas serían aprobadas en el pleno de las campañas electorales a la presidencia.