LOS DOCUMENTOS recibidos por la Corte Constitucional en los que el Gobierno nacional justificó su llamado de conmoción interior en el Catatumbo dejaron ver una grave crisis de recursos en las Fuerzas Armadas. Si bien este apuro financiero ya había sido anunciado por parte de las autoridades, quedó reflejada con el cese de operaciones de por lo menos 18 helicópteros de tipo Black Hawk.
Para 2025, el Ministerio de Defensa vio un recorte presupuestal de 700.000 millones de pesos, que a su vez realizó una reducción para otras entidades como la Fuerza Aeroespacial, el Ejército Nacional o la Policía. En este sentido, para este nuevo año, y a pesar de las crisis en diferentes regiones del país, la FAC tendrían apenas 554.627 millones, recursos con los que apenas funcionaría hasta junio de 2025.
De parte, el Ejército pasaría de 735.311 millones en 2024 a tan solo 385.000; La Armada de 662.313 a 490.777 millones; mientras que la Policía tendría a su disposición tan solo 195.520 millones, perdiendo algo más de 105,000 millones respecto al año pasado.
Sobre esta crisis, el representante a la Cámara Hernán Cadavid dijo a EL NUEVO SIGLO que “el presidente de la República castiga sectores sensibles para poder someter al Congreso en próximos días y decirles, ‘es que, si ustedes no me aprueban una ley de financiamiento, es decir, más impuestos, pues no tengo cómo financiarlos’. Y quiero ser muy insistente. La disminución, el recorte al sector defensa viene desde el momento justo en cuando ellos llegaron”.
En ese sentido, la representante a la Cámara por el Huila, Luz Ayda Pastrana, le dijo a este Diario que “hay un Gobierno nacional que no ha priorizado la seguridad dentro del país y que desafortunadamente ha hecho caso omiso a las alertas y a las advertencias”.
Además, agregó que “es desafortunado que ese programa de gobierno y esa promesa de gobierno sea una de las que sí se están ejecutando. Había 214 promesas y justo la de reducir a nuestras Fuerzas Armadas, esas en la que más está poniendo especial empeño. En ese momento, nosotros vemos con preocupación cómo las relaciones con el gobierno y con Nicolás Maduro se estrechan cada día, más ahora con la excusa de una seguridad fronteriza”.
Sin embargo, los recortes y la crisis de seguridad en el Catatumbo, y otras regiones del país, llegaron a la par que la cúpula militar ha solicitado 500.000 millones de pesos para solventar gastos y ahora, para atender las necesidades en la región noroccidental del país.
Reducción de milicias
Según el representante Cadavid, “los retiros voluntarios de las Fuerzas Militares, de la Policía, de la Fuerza Aérea y de la Armada, del 7 de agosto a la fecha son más de 23.600 hombres que se han ido de manera voluntaria. Son 656 que los han llamado a calificar servicios. Entonces es toda una desagregación de las capacidades, no solamente presupuestales, sino de talento y preparación que ya tenía la Fuerza Pública en Colombia”.
Ante esta denuncia, el senador Nicolás Echeverry agregó que “desde el inicio del actual Gobierno, los ataques contra la sociedad civil, los asesinatos de líderes sociales y el fortalecimiento de grupos armados han ido en aumento. Las estadísticas lo demuestran: los desplazamientos masivos han aumentado en un 35%; las masacres y ataques a comunidades se han incrementado exponencialmente: y el reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales está en niveles alarmantes”.
Echeverry también dijo a EL NUEVO SIGLO que “es imperativo que el Gobierno reevalúe sus prioridades y destine recursos suficientes para la seguridad; se enfoque en buscar cooperación con aliados estratégicos para reforzar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo; y finalmente, realice un fortalecimiento del control territorial, puesto que, sin presencia del Estado, los grupos ilegales seguirán avanzando”.
No obstante, el ministro de Defensa Iván Velásquez aseguró que “la Fuerza Aeroespacial no carecerá de recursos para atender las situaciones normales y extraordinarias que se están presentando en este momento”. Además, afirmó que los documentos en poder de la Corte dan razón a una necesidad de más recursos para ser inyectados a través de los decretos de conmoción en las Fuerzas Armadas y que “son recursos que naturalmente no estaban previstos en el presupuesto”.