SI EL Gobierno no toma con urgencia medidas drásticas para evitar el atentado a oleoductos, los robos de combustible y los bloqueos de vía que a diario se presentan en distintas regiones, el país está en riesgo de perder el abastecimiento necesario de gasolina, diésel y gas.

Así lo expuso de forma dramática Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).

Esta situación no deja de sorprender, sobre todo cuando el desarrollo de estos combustibles está siendo frenado por el Gobierno nacional, dentro de su política de transición energética.

Según cifras del Plan Energético Nacional (PEN) a 2022, el 65% del consumo final de energía del país corresponde a derivados de petróleo y gas, y en específico, el 42% del consumo final de energía del país a combustibles líquidos. En el sector transporte, el cual incluye movilidad terrestre, aérea, fluvial y marítima, cerca del 97% de la demanda de energía depende de los combustibles líquidos.

Aporte crucial

Indica la ACP, en un informe “Combustibles Líquidos: Energía de hoy y mañana, contexto del sector en 2024 y expectativas a 2030”, el suministro adecuado de combustibles líquidos asegura estabilidad económica, bienestar social y derechos fundamentales como la salud, educación y trabajo.

Además, señalan que “permite el funcionamiento de vehículos particulares, transporte público y de carga, aviones, barcos, y actividades críticas como el transporte de alimentos, insumos médicos y ambulancias. Por ello, la cadena de distribución de combustibles líquidos es considerada un servicio público, esencial para garantizar los derechos fundamentales de los colombianos y pilar para la seguridad energética”.

Exponen que “los combustibles líquidos también respaldan el 6% de la matriz eléctrica del país. Particularmente, en abril, octubre y noviembre de 2024, los combustibles líquidos sostuvieron la generación térmica nacional y evitaron el riesgo de racionamiento de energía. Además, son esenciales en las Zonas No Interconectadas (ZNI), garantizando energía en regiones apartadas de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño, donde su disponibilidad garantiza el desarrollo diario y derechos fundamentales de las comunidades”.

El presidente de la ACP, Frank Pearl, dice que “el año 2024, para el sector de combustibles, fue un año de avances significativos en la reducción del costo fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), la tendencia de estabilización del consumo y la gestión de eventos que requirieron del esfuerzo coordinado de entidades de Gobierno y todos los agentes de la cadena”.

Sin embargo, las crecientes dificultades de conflictividad social y orden público, entre otros, ponen en riesgo el abastecimiento de combustibles en el país.

No en vano, en 2024, se registraron 147 bloqueos a plantas y vías, más de 300 válvulas ilícitas en poliductos y más de 40 atentados a oleoductos.

Las operaciones

En este contexto, la ACP propone la creación de un Consejo Nacional de Operación (CNO) para el abastecimiento de combustibles líquidos, como una instancia que propendería por una mejor planeación y coordinación tanto de la operación recurrente como ante cualquier eventualidad y en escenarios con mayores requerimientos de importación, en la que todos los agentes de la cadena son corresponsables de garantizar el suministro.

El gremio manifiesta que la creación de este CNO esta es una de las principales propuestas y prioridades planteadas en el informe, el cual registra el contexto del sector en 2024 y las expectativas a 2030, así como una hoja de ruta para la seguridad energética en combustibles, producto de la visión de un grupo representativo de agentes de toda la cadena: refinador, transportador, empresas distribuidoras mayoristas y gremios representantes de los minoristas y consumidores finales.

Servicio esencial

“La distribución de combustibles líquidos es un servicio público esencial y la columna vertebral de la movilidad en el país. Para garantizar su continuidad, debemos trabajar de manera articulada y estructurada, anticipándonos a los desafíos operativos y de abastecimiento que actualmente enfrentamos, pues los combustibles líquidos además de garantizar derechos fundamentales también respaldan el 6% de la matriz eléctrica del país, por ejemplo, el año anterior sostuvieron la generación térmica nacional y evitaron el riesgo de racionamiento de energía”, afirmó Pearl.

Asimismo, de la creación del Consejo Nacional de Operación, de acuerdo con los agentes de la cadena, será necesario avanzar en la habilitación de importaciones de manera estructurada, desarrollar los proyectos de poliductos y almacenamientos estratégicos, promover la libre competencia y aumentar la mezcla de biocombustibles y desarrollo del combustible sostenible de aviación (SAF), agregó Pearl.

Demanda en crecimiento

De acuerdo con el Informe, el consumo total de combustibles líquidos (gasolinas, diésel y jet) en 2024 creció un 0,6% respecto a 2023, promediando 347 KBD9 (miles de barriles día). La demanda de diésel aumentó 5,2% y la del combustible de aviación (jet A1) un 9,5%, evidenciando que es el combustible con mayor potencial de crecimiento para los próximos años; mientras el consumo de gasolinas (corriente y extra) cayó 5,9%. Así que, teniendo en cuenta la capacidad de refinación del país y los eventos coyunturales presentados, fue necesaria la importación del 39% de la demanda de gasolina corriente, el 8% de la de diésel y el 2,4% de jet A-1.

Hacia adelante, la demanda total crecería, en promedio, al 1,2% en 2025 y al 1,8% promedio anual en el mediano plazo (2026-2030). Lo cual, considerando la capacidad actual de producción, implicará importaciones estructurales: en gasolina de hasta del 35% entre 2025 y 2030; en diésel, hasta del 10% entre 2027 y 2030; y en jet, hasta del 16% entre 2025 y 2030; proyección que no tiene en cuenta las importaciones coyunturales que se puedan requerir para asegurar el abastecimiento ante eventos de fuerza mayor, cambios en las condiciones operativas de las refinerías y/o mantenimientos.

Confiabilidad

En su pedido, el presidente de la ACP dijo que reiteró que “el abastecimiento confiable, continuo y eficiente de combustibles líquidos es fundamental para la seguridad energética de Colombia, para la estabilidad económica, el bienestar social y la garantía de derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo, al viabilizar el funcionamiento de vehículos particulares, transporte público y de carga, aviones, barcos, y actividades críticas como el transporte de alimentos, insumos médicos y ambulancias”.

Los aportes fiscales

Según cálculos de la ACP, en 2024, las actividades de la cadena de distribución de combustibles líquidos representaron el 1,5% del PIB, generaron 264 mil empleos, y los impuestos al consumo de gasolinas y diésel representaron $9,1 billones de ingresos fiscales, de los cuales $5,2 billones al Gobierno nacional, y $3,9 billones a las entidades territoriales.

Este incremento estuvo asociado, principalmente, a ajustes normativos del impuesto nacional y la sobretasa según la inflación, y en el caso de la gasolina al aumento significativo del ingreso al productor, base gravable del IVA.

Para 2025, con precios y demandas estables de la gasolina y diésel, el incremento normativo de las tarifas según la inflación, se proyecta un recaudo fiscal cercano a los $9,5 billones por impuestos.

Además de los de los impuestos asociados directamente a los combustibles, las actividades de refinación, distribución mayorista y minorista de combustibles, se estima que aportaron en 2024 $2,1 billones en impuesto de renta y otros gravámenes (gravamen a los movimientos financieros e ICA).