YA NO hay reversa. Las cuentas han salido a flote y denotan que para poder equilibrar las finanzas este año y cumplir con la regla fiscal, el Gobierno deberá hacer un recorte no de $20 billones como inicialmente estaba previsto, sino de $33 billones.

Esta situación ha sido confirmada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien dijo que se presentará un decreto con el objetivo de recortar el presupuesto actual de la nación en $33 billones. Así la carta de recursos pasaría de $502 a $472 billones, lo que representa un recorte de casi 5%.

De hecho, ya en algunos ministerios se nota que no hay liquidez para la firma de muchos contratos por servicios que se han vencido, pero que están a la espera de saber en dónde se van a presentar los recortes.

Esta situación se debe a que Colombia enfrenta un déficit fiscal que ya alcanzó el 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB) entre enero y agosto de 2024, según un informe del Banco de Bogotá. Esta cifra representa el segundo registro más alto para este periodo desde 2004, lo que obliga al Gobierno a ajustar sus niveles de gasto para cumplir con la Regla Fiscal vigente.

No se debe perder de vista, que el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del Gobierno proyectaba que el déficit fiscal podría llegar al 5,6% del PIB para el final del año, lo que supone un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto a 2023.

Menos gasto

Para alcanzar este objetivo, las autoridades deberán reducir el gasto público en un 20% y asegurar que el recaudo tributario se mantenga conforme a las metas establecidas.

De esta cifra, $20 billones quedaron congelados en junio de este. Sin embargo, la decisión final sobre qué sectores enfrentarán estos recortes será tomada por un comité político.

El Gobierno ha señalado la importancia de revisar y optimizar el uso de los recursos disponibles, aunque aún no se ha especificado qué áreas del gasto público se verán más afectadas por esta decisión.

Pese a esos cálculos, la Dirección de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá calcula que el recorte del gasto en funcionamiento e inversión del Gobierno sería de $63,8 billones en 2024, excluyendo las transferencias al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Esta cifra es resultado de sumar los $20 billones de los recursos congelados a principios de junio, los más de $10 billones del ajuste de gasto que se decretaría este mes (estos dos sumarían los $30 billones anunciados por el ministro) y casi $30 billones de lo que estiman no se alcance a ejecutar del presupuesto.

La primera maquillada

Cuando se anunció el primer recorte de $20 billones del Presupuesto General de la Nación, el ministro Bonilla, dijo que, sin excepción, que cada cartera ministerial debía realizar un ajuste financiero del 5,6% en sus gastos de funcionamiento e inversión. El ministro expresó la necesidad de revisar meticulosamente las estimaciones presupuestarias y comprender las causas detrás de la disminución de $15 billones en el recaudo proyectado.

Por otro lado, el ministro confirmó que el Presupuesto de 2025 se fijará en $523 billones y acotó que, dado que el Congreso no aprobó ninguna modificación, el Gobierno solo puede trabajar con el presupuesto inicialmente propuesto.

Sin embargo, en esa seguidilla de recortes, el ministro Bonilla, reiteró que se va a esperar qué pasa con la ley de financiamiento: “esperamos el trámite del proyecto de ley de financiamiento para saber qué queda financiado y qué no queda financiado”.

Congelar gastos

Bonilla ha dejado claro que, si no se avala la también conocida como reforma tributaria, habrá que congelar gastos de la próxima vigencia, puesto que no se tendrá forma de respaldar la ejecución.

Teniendo en cuenta que las cosas no han salido como se planearon arrancando este año, especialmente con el recaudo tributario, la pregunta de los analistas se centra en si el Gobierno realizará nuevos recortes del Presupuesto que tiene en marcha, ya que si bien al cierre del primer semestre se pasó la tijera por $20 billones, y ahora decide otros $113 billones para sumar $33 billones, indica que todavía las cuentas no cuadran.

Los sectores

No obstante, al tener cuenta los rubros que tienen más recursos, los sectores que podrían resultar más sacrificados, serían Educación con $79,4 billones, salud con $61,5 billones y Defensa con $55,2 billones, serían los más sacrificados.

En el ajuste que anunció el Gobierno en junio pasado, cada una de las carteras debía recortar 5,6% por el concepto de presupuestos de inversión y funcionamiento, y con ello el Gobierno ahorraría $22,8 billones.

En esas cuentas los sectores a los que más se les recortó fueron los de mayores recursos, por ejemplo, educación perdería $3,9 billones, a salud se le restarían $3,4 billones y a defensa se le quitarán $3,1 billones.

“Dada la evidente reducción en el recaudo tributario, mostrado en las cifras al final de mayo, y la decisión de la Corte de negar la no deducibilidad de las regalías, el Gobierno decidió ajustar el gasto presupuestado. Mientras se evalúa por dónde se hará el ajuste, el Ministerio de Hacienda suspendió las partidas presupuestales que tengan que ver con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), no expedidos para garantizar el control del gasto”, explicó Bonilla.

Es por esto que el Gobierno también le hizo un llamado al Congreso para que agilice la aprobación de la ley de endeudamiento, que propone aumentar el cupo en US $17.607 millones. Según lo sustentado por el titular de la cartera económica, parte de esos recursos se destinarán para atender las obligaciones de deuda pública, que habrían subido casi 11 puntos del Producto Interno Bruto entre 2019 y 2020.

El ajuste en el gasto y la solicitud de la ampliación del cupo de endeudamiento es una medida necesaria, sobre todo por la caída de la inversión registrada en el año, de acuerdo a los análisis y proyecciones presentadas por varios expertos.

“Es necesario, sin embargo, que protejan el gasto público con mayor impacto sobre el empleo y corregir el sistema de retenciones en la fuente, que explica en parte el débil comportamiento de los recaudos de impuestos en 2024. Y es importante que el Gobierno presente y tramite la ley para el arbitraje de litigios tributarios, que pueden compensar en parte los bajos recaudos”, dijo el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Lo ejecutado hasta ahora

Por otra parte, de los recursos presupuestados para este año, y de acuerdo con el informe del Ministerio de Hacienda, entre enero y octubre de 2024 se comprometieron recursos por $364,1 billones, equivalentes a 72,3% de las apropiaciones vigentes del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024 por $503,5 billones.

Del mismo modo, se han ejecutado $316,8 billones, cifra equivalente a 62,9% del total del PGN 2024, el cual evidencia el total de recepción de bienes y servicios por parte del Gobierno nacional en la planificación del Presupuesto.

Por su parte, se pagaron $312,6 billones que representan 62,1% del Presupuesto. Del total pagado, $68 billones correspondieron al servicio de la deuda, es decir el 72,2% del total para todo el año.

Sin contabilizar el servicio de la deuda, se adquirieron compromisos por $292,5 billones, un 11% más que el valor comprometido a finales de octubre de 2023, cuando se registraron $263,5 billones. La ejecución acumulada a octubre (60%) fue 5,8% superior a la observada en septiembre (54,2%) y de los 31 sectores que componen el Gobierno, 13 (42%) evidenciaron un aumento en la ejecución, superior al promedio del mes de septiembre (5,8%).

Un proceso normal

El proceso de recorte presupuestal es una práctica común en situaciones donde se busca ajustar el gasto a las realidades económicas del país. En este caso, el comité político tendrá la tarea de evaluar las prioridades y determinar cómo se distribuirán los ajustes entre los diferentes sectores.

El anuncio ha generado expectativas sobre el impacto que estos recortes podrían tener en áreas clave como la educación, la salud y la infraestructura. La decisión del comité será crucial para definir el rumbo de las políticas públicas en el corto plazo.