LA CUENTA regresiva no cesa para las elecciones atípicas de gobernador en el departamento del Putumayo, así como de la alcaldía en el municipio de Puerto Guzmán, programadas para el próximo 23 de febrero. A menos de un mes de estos comicios la Registraduría Nacional sigue insistiendo en las garantías económicas y de seguridad que se requieren por parte del Gobierno, solicitudes que, por ahora, no han sido atendidas.
Según expresó el registrador, Hernán Penagos, diferentes casos de alteraciones de orden social en la región, son un motivo más que merece la atención e intervención inmediata del Gobierno para ser llevados a cabo. El funcionario explicó que para su entidad está siendo compleja la preparación de estas elecciones que son claves tras la destitución de Carlos Andrés Marroquín, inicialmente elegido para ser el gobernador de este departamento.
“Hay preocupación y el mismo Gobierno lo ha advertido. La Procuraduría, la Defensoría y el Ministerio del Interior han señalado circunstancias difíciles en materia de seguridad y orden público. Se hace necesaria la actuación determinante de la Fuerza Pública para garantizar el derecho al voto libre”, dijo primeramente Penagos.
Además, agregó que “diferentes autoridades han advertido sobre dificultades en materia de seguridad y orden público en el departamento, luego, se hace necesario la actuación determinante de la Fuerza Pública para garantizar no solo el derecho al voto, sino el derecho al voto libre”, y expresó la preocupación desde su entidad en que pueda haber instrumentalización de los ciudadanos a la hora de ejercer el voto.
De acuerdo con su estimación, son cerca de 27.000 personas las que se encuentran habilitadas para votar, por lo que se urge para que el Gobierno, representado por el Ministerio de Hacienda y Defensa, puedan dar las garantías necesarias para estas elecciones.
En días pasados desde la Procuraduría también se emitió la solicitud al Gobierno para el acompañamiento de los comicios electorales, contribuyendo con los fondos necesarios para esta cita electoral. El ente hizo un llamado para que “dispongan de todo lo necesario tendiente a implementar la logística que requieren las elecciones, debido a que los procesos para Congreso y Presidencia de la República de 2026 inician el 8 de marzo y el 31 de mayo de 2025”.
“El Ministerio Público estará atento a que, durante la etapa preelectoral, se garantice a la ciudadanía el derecho a inscribir la cédula para actualizar su residencia electoral”, agregaron. Además, el órgano dirigido por Gregorio Eljach destacó que a la par de los comicios de febrero, también están en la mira las elecciones de marzo en Santander, y el inicio de las precandidaturas presidenciales para 2026.
Finalmente, Eljach le pidió al Gobierno “garantizar que los procesos de contratación se adelanten con el tiempo necesario y en cumplimiento de los principios de planeación y transparencia”.
Fechas claras
En diálogo con EL NUEVO SIGLO, el representante Carlos Adolfo Ardila había destacado previamente que “hemos venido insistiendo en que el cambio de fechas es un mal mensaje, en que cambiar las reglas de juego y en este caso la fecha de la elección es un mensaje pésimo en materia de legitimidad”.
Sus palabras se refirieron cuando propiamente el registrador Penagos había advertido la posibilidad de un aplazamiento de los comicios ante la falta de giros por parte del Ministerio de Hacienda, hecho que no garantizaría la realización de las elecciones. Ardila entonces reveló a este Diario que “le solicitamos al señor ministro de Hacienda que de manera atenta acuda a la Registraduría y de manera urgente puedan encontrar una solución a esta problemática”.
No obstante, aún no hay una solución clara por parte de la cartera, a pesar que el ministro Juan Fernando Cristo aseguró que se habrían los comicios y que los dineros para este fin estaban asegurados. No obstante, Diego Guevara, ministro de Hacienda, no se ha referido a este caso. Ardila había señalado en aquel diálogo con EL NUEVO SIGLO que “existen temas que no se pueden aplazar tales como temas de educación, temas de salud, y los temas que resultan urgentes para una región”, y por ello, es necesaria la realización de estas elecciones en su fecha estipulada.