El inventario mortal y de violencia que han dejado los grupos armados en el Catatumbo, por fin tiene una respuesta, aunque tardía, del Gobierno, con una cascada de decretos que se desprenden de la ordenanza madre de la conmoción interior.

En el rosario de medidas, hay un énfasis en indicaciones de tipo económico que buscan atender con programas sociales a la población y una enorme controversia ya desatada porque en uno de los textos se habla de la famosa “expropiación exprés”, que el gobierno no ha logrado aprobar en el Congreso y ahora pretende colocar ahí sin querer queriendo.

Entre las medidas de corte militar y logística está el Decreto 0118 de 2025 que se refiere a la estrategia que el Gobierno ejercerá para coordinar las operaciones militares. Lo más importante de la directriz es que habrá un solo comandante militar delegado por el presidente de la República para liderar a las fuerzas militares y también a la Policía en el territorio.

El decreto original de la conmoción interior y también este sobre el comandante militar aclaran de que una de las ciudades en donde operará la conmoción es Cúcuta, región de frontera y capital de Norte de Santander que tiene un entorno mayoritariamente urbano.

El comandante militar, que será delegado directamente por el presidente Gustavo Petro, les dará órdenes a todos los hombres de las fuerzas con el objetivo de recuperar el territorio, tarea que no es fácil dada la dispersión de los grupos armados, en zonas rurales y pobladas del Catatumbo y otras subregiones de Norte de Santander a las que también llegó la guerra que el Gobierno no ha podido parar.

Por otro lado, están las medidas correspondientes al transporte. Para ello el gobierno emitió el Decreto 0120 de 2025 en el que, entre otras, da vía libre plena a la prestación de los servicios de transporte público, pero no contempla ninguna restricción o prohibición para movilizarse de forma terrestre entre los municipios de Ábrego, Convención, El Tarra, Hacarí, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, en el departamento de Norte de Santander, así como en las poblaciones de González y Río de Oro en Cesar.

Se establece que las empresas que presten el servicio deberán coordinar con las autoridades militares o de policía las condiciones de horarios, recorridos e infraestructura para poder movilizarse. Además, las empresas deberán coordinar con la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Vías (Invías) las condiciones de transitabilidad frente a recorridos por infraestructuras alternativas.

Otra medida controvertida con el Decreto 0116 de 2025, es el que suspende los trámites de licencias ambientales, como la concesión de licencias, permisos y autorizaciones en varios municipios y territorios indígenas.

El Gobierno precisa que la reciente escalada de violencia ha puesto en peligro la institucionalidad ambiental, toda vez que los funcionarios de las autoridades competentes se han visto en la necesidad de proteger sus vidas.

Otro decreto, permite que las empresas privadas que operen en la jurisdicción del Catatumbo y de los demás municipios que fueron cobijados con el Estado de Conmoción, deberán prepararse para que sus empleados realicen sus labores en la modalidad de teletrabajo.

En el Decreto 0119 del 30 de enero quedó fijada la necesidad de que los trabajadores ‒cuyas funciones son compatibles con el trabajo remoto‒ puedan realizar sus tareas desde la virtualidad.

Por otro lado, están los tres decretos del Ministerio de Agricultura, el 106, 107 y 108 de 2025, donde hay artículos relacionados con la soberanía alimentaria y la protección de zona agrícolas y las cadenas productivas, entre otros temas relacionados.

Y está el más controvertido, el del Decreto 108 que autoriza expropiación administrativa para “concluir los procesos en curso de adquisición directa de predios en los programas especiales de dotación de tierras cuando fuese necesario para garantizar los procesos de retorno y estabilización a víctimas de desplazamiento forzado, así como la reincorporación a la vida civil de excombatientes”.

Pero el precio que le dé el Estado a una expropiación no debe ser cualquiera, debe ser la que se tenga en cuenta desde el avalúo comercial. No es un precio que se le ocurra al Estado. Además, tiene que demostrarse por qué urge tomar unas tierras específicas según cada caso. En este caso se aplica por el desplazamiento de la gente que estaba en esas tierras.

El temor con la expropiación exprés es que ya el Gobierno lo tenía como primordial en la ley de financiamiento que no aprobó el Congreso, pero que ahora revive, con el peligro que, con la consabida idea de presentar una reforma tributaria, la medida se vuelva permanente.

Pese a esto, la medida solo tiene duración de 90 días, con la posibilidad de otras dos prórrogas cada una por el mismo periodo previa aceptación de la Corte, pero el Gobierno deja ver las intenciones que tiene con la expropiación.

En el recuento de la violencia en la región, la Procuraduría dijo que la ola violenta de los grupos armados dejó 52 personas muertas y 52.000 desplazados. A su vez, la Gobernación de Santander indica que en el Catatumbo hay 31.758 personas confinadas por cuenta de los combates.

En Norte de Santander hay 61.287 empresas y el 63% de ellas están ubicadas en Cúcuta. La mayoría de estas organizaciones se dedican a los sectores de comercio, reparación de vehículos, industrias manufactureras, alojamientos y servicios de comida.

El Gobierno aseguró que en la región cobijada por la conmoción interior habitan 659.000 personas, de las cuales la mayoría están en Cúcuta (424.000). Es decir, casi un millón de ciudadanos, que quieren seguir viviendo en paz después de la conmoción…