Piden tramitar con urgencia la prohibición del asbesto

Foto El Nuevo Siglo.

 

Agilizar el trámite del proyecto de ley que busca la prohibición del asbesto en el país para que no se hunda por falta de tiempo, pidieron la senadora conservadora Nadia Blel y el representante por Bogotá, Mauricio Toro, de la Alianza Verde.

Si hoy la iniciativa no se debate “corremos el riesgo que el proyecto naufrague, que el proyecto se hunda. Necesitamos que se le den los dos debates en la Cámara y si esta hace modificaciones habría que hacer una conciliación”, afirmó la senadora Blel, autora de la iniciativa.

Toro, quien es miembro de la Comisión Séptima de Cámara, donde deberá surtir su tercer debate, manifestó que “el proyecto está colgado de tiempo. Estamos contra el reloj. Yo agradecería que pudieran ponerlo en el orden del día como prioridad. De tal manera que podamos atender esta urgencia y pueda pasar también con urgencia a la plenaria de Cámara y no se pueda morir por tiempos”.

Blel solicitó el apoyo de todas las bancadas. “Este es un proyecto que busca salvar vidas de colombianos inocentes. Esta no es la primera vez que impulsamos este proyecto y lastimosamente vemos que las cifras de muertes por asbesto en el país van en aumento. Nuestro llamado es a la Cámara de Representantes y a la Comisión Séptima para que le den prioridad a esta iniciativa. Este proyecto no es para las víctimas del asbesto. Lastimosamente ellos ya perdieron la batalla contra el cáncer. Este proyecto es para los que estamos aquí. Este es un proyecto para salvar vidas. Necesitamos el apoyo de todas las bancadas”, afirmó.

“Estamos a menos de mes y medio para que se acabe la legislatura, necesitamos que antes del 20 de junio se apruebe la Ley Ana Cecilia Niño, una ley que busca salvar vidas, proteger la salud de los colombianos frente a un enemigo silencioso que tenemos en nuestros hogares, en los hospitales, en nuestros colegios. Un enemigo que acaba con la vida de los colombianos inocentes”, añadió.

De acuerdo con Blel, países como Chile, Argentina y Perú, que son países “que tienen economías como las nuestras”, han avanzado en la prohibición mientras que Colombia está rezagada. “Por eso le pedimos el apoyo al Gobierno nacional, necesitamos ese apoyo del Ministerio de Salud, del Ministerio del Trabajo, de Ambiente. El asbesto está matando colombianos inocentes. Hoy está quedando por encima del derecho a la vida los intereses comerciales de unos cuantos”, manifestó.

Y añadió: “La verdad nos duele que hasta ahora el Ministerio de Salud no se haya pronunciado sobre esta iniciativa, tampoco tenemos pronunciamiento del Ministerio de Ambiente”.

Indicó que en Colombia las cifras son alarmantes: “Son más de 1.744 casos de cáncer de pulmón atribuibles a la exposición al asbesto en los últimos cinco años y 250 casos de mesotelioma en el último quinquenio”.

En diálogo con EL NUEVO SIGLO hace unos meses, Blel manifestó que, aunque el proyecto contempla la prohibición absoluta del asbesto, entiende también que es una industria productora en la que hay muchos trabajadores vinculados, por lo que establece un período de transición de cinco años en donde las empresas busquen sustitutos que no pongan en riesgo la vida de sus trabajadores y que a su vez, se les permita continuar operando en el país.

“Se les dio ese período de transición para proteger a los trabajadores de la industria y por supuesto, para que el Gobierno en este período de tiempo haga un plan de adaptación laboral con el fin de ofrecerle una alternativa de empleo a los trabajadores de la mina, porque para ellos sí no hay otra alternativa”, expresó.

En marzo, el juez 39 administrativo de Bogotá Leonardo Galeano dio cinco años de plazo al Estado colombiano para sustituir el asbesto por otros materiales menos nocivos para la salud. El juez determinó que se dará ese plazo para hacer un proceso transitivo, en vez de la sustitución definitiva.

Cuando el juez evaluó las pruebas definió que no hay un uso seguro del asbesto, para que no afecte la salud de las personas a corto y largo plazo. Dentro de los factores que el juez evaluó están los pronunciamientos de las organizaciones internacionales que le dan a este material la etiqueta de perjudicial para la salud, es decir que no hay unas condiciones mínimas para evitar afectaciones.