El conflicto armado en Colombia se ha vivido en todos estos años en su mayor parte en los territorios, por ello causó sorpresa una Alerta Temprana que emitió la Defensoría del Pueblo, en la que da cuenta de la presencia en Bogotá y varios municipios circunvecinos, de al menos seis grupos armados organizados (GAO) al margen de la ley que se nutren de rentas ilegales por el narcotráfico y la extorsión, entre otros, y que en su accionar ponen en riesgo a la población.
Por medio del mecanismo de Alertas Tempranas la Defensoría del Pueblo pone en conocimiento de las autoridades el peligro en que podrían estar las comunidades por la presencia de grupos armados al margen de la ley.
La Defensoría del Pueblo alerta en el citado informe por la presencia en esta subregión de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, el ‘frente de guerra urbano’ del Eln, facciones disidentes de las ex Farc, las ‘Águilas Negras’, ‘los Paisas’ y ‘los Boyacos’.
La Alerta Temprana va dirigida a 10 localidades del Distrito Capital: Ciudad, Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén. De igual forma cobija a 12 municipios de Cundinamarca, aledaños a la capital de la República: Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí, Ubaque, Chipaque.
Explica la Defensoría del Pueblo que como antecedente se destaca que, entre 2017 y 2020, se habían emitido cuatro Alertas Tempranas que coinciden con el territorio advertido. Se muestra asimismo que la presencia de grupos armados ilegales en esta subregión tiene antecedentes que se remontan a la década de los años 70.
Agrega que el escenario de riesgo se caracteriza por conformar 4 nodos que articulan 2 corredores de movilidad: el corredor oriental, desde la localidad de Usme hasta Usaquén, conectando con las dinámicas de Chipaque, Ubaque, Choachí, La Calera, Guasca y Sopó.
Así como el corredor occidental, desde el municipio de Sibaté hasta Chía, atravesando zonas urbanas del municipio de Soacha como las comunas 3 La Despensa, 4 Cazucá y 5 San Mateo, así como por las localidades de Bogotá: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba.
El organismo señaló que estos dos corredores de movilidad son “utilizados por grupos armados ilegales para dinamizar economías ilegales, entre otras fuentes de financiación, a partir de la comisión de delitos de alto impacto que afectan las comunidades que se asientan en estos territorios”.
Agregó la Defensoría del Pueblo que la dinámica de riesgo de estos corredores se explica debido a la “disputa por el control de los corredores de movilidad entre grupos armados ilegales, que implica una incidencia principalmente en territorios donde prevalece una relación urbana –rural”.
Además hay la expansión y copamiento de actores armados ilegales parte del conflicto y de grupos armados de crimen organizado hacia nuevos territorios; así como una mayor incidencia en el territorio y en las dinámicas de violencia por parte de organizaciones de crimen transnacional, articuladas con grupos armados ilegales.
De igual forma explica la entidad que la red criminal funcionaría como cuerpo colegiado “ubicando en la base a los grupos armados de crimen organizado con presencia regional o local; en el medio se encontrarían los grupos armados de crimen organizado de alcance nacional; en el último nivel se encontrarían las organizaciones de crimen transnacional y los grupos armados ilegales”.
La Defensoría del Pueblo advierte que las conductas vulneratorias por parte de los actores armados ilegales que operan en este territorio tienen que ver con homicidios, extorsiones, restricciones a la movilidad e imposición de normas de conducta a la población civil.
Así mismo constreñimiento, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, adolescentes y jóvenes, violencia sexual y basada en género. Además tráfico de personas con fines de explotación sexual, atentados y desaparición forzada.
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Población en riesgo
La Defensoría del Pueblo subrayó que en las 10 localidades de Bogotá en las que operan estos grupos armados ilegales, reside el 88% de los habitantes de esta ciudad.
En este sentido basta señalar que solo las localidades de Suba y Kennedy tienen más de 2 millones 300 mil habitantes. Advierte el informe de la Defensoría del Pueblo que por el accionar de los grupos armados ilegales, existe una mayor vulnerabilidad en grupos poblacionales como mujeres, niños, adolescentes, jóvenes y personas con una orientación sexual e identidad de género diversa, “quienes han sido en mayor medida afectados por el conflicto armado. Con base en el escenario identificado el organismo que debe velar, entre otros, por el respeto de los derechos humanos, advierte sobre la posibilidad del incremento de amenazas, hostigamientos y atentados a los líderes sociales, víctimas del conflicto armado así como defensores de derechos humanos.
Adicional a ello se advierte sobre la posibilidad de “un incremento de amenazas contra los miembros de las juntas de acción comunal de los barrios aledaños a los lugares en donde se concentra la venta y el expendio de sustancias psicoactivas, así como a los estudiantes jóvenes de los sectores de mayor influencia del narcotráfico.
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Recomendaciones
La Defensoría del Pueblo a partir de esta Alerta Temprana hizo una serie de recomendaciones a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Gobernación de Cundinamarca, en el sentido de “elaborar un plan de trabajo específico Distrital para la respuesta rápida, institucional e interinstitucional, que defina estrategias y acciones coordinadas, focalizadas y especiales acordes con las amenazas y vulnerabilidades identificadas”.
También recomienda a la Gobernación de Cundinamarca y a la Alcaldía de Bogotá “establecer un mecanismo que permita la definición de acciones orientadas a prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos a la vida, a la integridad, libertad y seguridad personal; respetar y garantizar las libertades civiles y políticas; prevenir infracciones al Derecho Internacional Humanitario; superar el escenario de riesgo advertido; y la revisión periódica de la evolución del escenario de riesgo y ajuste de medidas”.
En tanto que a la Fiscalía le pide “definir un mecanismo que permita impulsar las investigaciones de los hechos victimizantes descritos en la esta Alerta Temprana; al igual que las investigaciones por amenazas y ataques en contra de los jueces penales y defensores públicos”.