Human Rights Watch entregó este miércoles un informe en Washington acerca de las violaciones de derechos humanos en Colombia, en el marco de las protestas y manifestaciones del paro nacional.
Dentro del informe la entidad advierte que el gobierno de Colombia debería tomar medidas urgentes e iniciar una reforma policial profunda para garantizar que la fuerza pública espete el derecho de la manifestación pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia.
En su reporte, HRW resaltó los graves hechos de violencia en contra de la Fuerza Pública, incluyendo ataques a estaciones de la Policía, saqueos e incendios de bienes públicos y privados. Del mismo modo menciona, citando fuentes en esta institución, que por lo menos 1.200 policías han sido lesionados y dos perdieron la vida.
Otro hecho relevante fue los bloqueos por parte de algunos grupos de manifestantes y los problemas que han desencadenado como el desabastecimiento de alimentos, suplementos medicinales. En este punto de bloqueos la ONG señala los dos casos de muertes dentro de ambulancias a cuenta de estos bloqueos y los daños ocasionados a la asistencia humanitaria.
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“La violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”, señaló Vivanco.
De acuerdo el informe, el ministerio de Defensa reporta que más de 1.100 manifestantes han sufrido lesiones pero anota que el número podría ser más alto pues no todos los casos se reportan.
“La violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”, señaló Vivanco.
Dentro de las personas lesionadas hay periodistas y defensores de derechos humanos que estaban cubriendo las protestas, sin embargo fueron agredidos pese a que portaban chalecos que los identificaban.
La organización, también documentó dos casos de violación sexual, 14 de agresión sexual y 71 casos de violencia de género que atribuye a la fuerza pública según reportes de la Defensoría del Pueblo.
HRW reconoce en su reporte que bajo los estándares internacionales y legislación colombiana la policía está autorizada para utilizar armas letales, pero solo cuando resulte estrictamente necesario y esté en riesgo la vida del uniformado o de civiles, y en ningún caso para dispersar reuniones o manifestaciones