* ¿Desmayo general de la autoridad?
* Factores de una Colombia cercada
A dos meses del paro, que comenzó el pasado 28 de abril y todavía tiene graves remanentes anárquicos en algunos lugares cruciales, es posible decir que mucho es el desconcierto nacional después de las muertes, aun por establecer; de las pérdidas por más de 12 billones de pesos de cuenta del vandalismo y los bloqueos viales; y de la confusión internacional sobre lo que verdaderamente ocurre en el país.
A ello, en este lapso, hay que añadir de otra parte el muy mal aspecto que tiene Colombia en materia de seguridad, incluido el atentado al helicóptero presidencial y la bomba que de modo casi inverosímil estalló en la brigada militar de Cúcuta, dejando un saldo estremecedor de heridos. Sin que, en ambos casos, por demás, se hubiera llegado de milagro a saldos mortíferos, como era el propósito evidente de los agentes terroristas. Y que solo por razones providenciales, valga reiterarlo, no llegaron a tener la incidencia todavía más trágica que presupuestaban.
Sin embargo, a estas alturas, semejantes hechos no han tenido una respuesta categórica que pueda satisfacer o al menos indicar que las autoridades actúan con la presteza que la situación exige, en procura de reducir los enclaves de terror que predominan territorialmente a sus anchas en la frontera colombo-venezolana.
Esto, desde luego, exige poner a tono a la Fuerza Pública con los dramáticos retos que se presentan. Porque a no dudarlo lo que hay es un punto de inflexión en las operaciones de quienes se empeñan en llevar a cabo sus protervos objetivos desestabilizadores, desdoblándolos con mayor energía y el consecuente sufrimiento para el país. De modo que pedir temple y acción, de parte del Estado, es apenas un acto de sindéresis con los postulados constitucionales de nuestra democracia, cuyos instrumentos además están a la mano para proceder con todo carácter ante desafíos de este tipo.
Es probable, ciertamente, que en términos generales las estadísticas de la delincuencia sean menores a las de hace unos lustros, pero sería un error utilizar estos registros de escudo para obviar la fatídica erosión de la seguridad en muchas materias de la cotidianidad colombiana. Hasta el punto, precisamente, de que el combustible para ello, que es en parte considerable fruto de la expansión de los cultivos de hoja de coca y la producción y comercialización de los narcóticos correspondientes, mostró una curva ilícita en franco ascenso al confirmarse hace unos pocos días, por cuenta de las autoridades de Estados Unidos, que se había llegado a la cifra colosal de 245.000 hectáreas de siembra ilegal y bastante más de 1.000 toneladas métricas procesadas cuya mayoría, en consecuencia, entró al mercado incontinente de los estupefacientes en el último año.
Y decimos, en efecto, que se trata de una cifra colosal porque entre 2012 y 2013 el país había logrado reducir los cultivos ilícitos a cerca de 45.000 hectáreas promedio y, en la misma proporción, disminuir ostensiblemente el tráfico de drogas. Todo esto antes de cambiar de estrategia, a partir de 2014. De manera que ahora el reto se ha sextuplicado, sin que se sepa con claridad cuál va a ser el ajuste inexorable y sistemático de la política pública que de algún modo permita siquiera avizorar los índices de aquellos años. Porque, de lo contrario, de mantenerse el incremento del área sembrada y la mayor productividad por hectárea de hoja de coca, así como la comercialización desbordada de los alcaloides, no se sabe a ciencia cierta cuál será la suerte de la nación en el futuro inmediato.
Pero no es bajo esta somera perspectiva de lo que sucede en el país, en las últimas semanas, que en ningún caso se pueda dejar de lado que, a dos meses del paro, como se dijo, todavía existan remanentes vandálicos que persisten en su desafío al principio de autoridad. La situación de ayer, en varias localidades colombianas, como en las ciudades de Pasto, Popayán, Bogotá y la población de Madrid, no deja duda de que se pretende volver a prender la chispa, ajena a la protesta y las reivindicaciones sindicales, para persistir en los nefandos propósitos desestabilizadores orquestados que agobiaron a Colombia, hace no más unas semanas, antes de proceder tardíamente contra la anarquía.
Avisados los gobiernos, nacional y locales, sería un despropósito frente a la nueva evidencia no lograr ahora una acción conjunta y determinada y permitir, en medio de la dispersión, que otra vez se aplasten los derechos de todos los colombianos por una minoría radicalizada y exigua, promocionada además por los detentadores de ciertas mullidas curules del Senado, según lo ha venido denunciando la propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López.