Al completarse más de 6 meses desde la expedición del decreto 050, que congeló el cobro de los peajes concesionados, el gremio de la infraestructura pidió al Gobierno que cese esa situación y permita las alzas debido al enorme hueco fiscal que está generando entre las empresas contratistas.

De acuerdo con la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), “tras la congelación de los peajes concesionados a comienzos de año, se hace necesaria la actualización de los mismos (con base en el IPC de 2022), para garantizar la marcha de los proyectos, así como la confianza de los inversionistas y los financiadores”.

Señala el gremio que “tal incremento no generaría una afectación inflacionaria, por cuanto, según el propio Dane, el impacto de los peajes en la inflación fue del 0% en los años 2019 y 2021, al igual que en lo corrido de 2023”.

Inflación

Consideran que “los peajes, en efecto, tienen un impacto nulo en la inflación, dado que cada año la tarifa de los mismos se ajusta, teniendo como referencia el IPC. Ahora, si se tiene en cuenta que el salario mínimo se incrementa -año a año- por encima del IPC, el bolsillo de quienes transitan las vías y, por consiguiente, pagan peajes, no sufre afectación alguna”.

Para el Dane, de otro lado, el indicador de peajes mostró en el 2022 una variación marginal, si se tiene en cuenta que las tarifas de los mismos contribuyeron solo con 0,01 puntos porcentuales a la inflación total de ese año.

Por su parte, en junio de 2023 -de acuerdo con la más reciente publicación del Dane-, los peajes registraron la menor variación anual, con tan solo un 1,71% en el índice que mide los costos de los transportes de carga por carretera. En contraste, insumos como los lubricantes fueron los que registraron una mayor variación anual con un 26,19%.

En síntesis, el objetivo de la actualización anual de la tarifa de peajes es, justamente, el de mantener la tarifa en el valor presente o real del dinero.

La CCI explica las consecuencias socioeconómicas de la congelación indefinida del valor de los peajes. Una de ellas es que seguiría abriéndose un enorme boquete en las finanzas de los proyectos viales cuya construcción, operación y mantenimiento depende de los recursos provenientes de los peajes. Ese faltante podría acercarse a los $13,8 billones, durante los próximos años”.

Dicen que “así, la única alternativa para compensar una contingencia fiscal, de semejante cuantía, sería vía impuestos que pagarían todos los colombianos, incluso aquellos que nunca transitan por una carretera”.

Sostienen que “los peajes son, indiscutiblemente, la compensación de un servicio (como lo son el pago del gas, el agua o la luz) y, justamente, ese servicio lo prestan los proyectos concesionados. Si se eliminan los peajes, ¿quién mantiene la infraestructura? ¿Cuánto le costaría al país y a los colombianos hacer eso mediante el modelo tradicional de obra pública?”.

Inversiones

Manifiestan que “después de seis meses de la expedición del decreto 050, que congela el cobro de los peajes, se puede concluir que el país podría estar sacrificando su política fiscal y la inversión extranjera que ha impulsado el desarrollo de infraestructura, por cuenta de un aporte marginal de los peajes al IPC”.

Indican que “el congelamiento de las tarifas de peajes, de otro lado, envía mensajes de incertidumbre e inseguridad jurídica a los grandes financiadores nacionales e internacionales. Los concesionarios pondrían en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones financieras y, por ende, el ritmo de inversiones que requiere el país en materia de infraestructura”.

Así mismo, dicen que “podría verse un riesgo el modelo de concesiones, el cual ha dado frutos a lo largo de 30 años con la intervención de más de 10.000 km, más de 1 millón de empleos, así como el desarrollo económico local de las regiones. El sector de la infraestructura -del cual hacen parte las vías concesionadas- es, junto a la vivienda y el sector energético, dinamizador contracíclico de la economía, justo en el momento que ella lo requiere”.

Costo

De otro lado, un estudio desarrollado por la Fundación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) estima que los anuncios del gobierno de no aumentar las tarifas de los peajes podrían afectar a mediano y largo plazo el modelo de las Alianzas Público-Privadas (APP) en infraestructura, pues podrían "generar una contingencia fiscal del orden de $13,8 billones en los próximos años".

 Referente al modelo de las concesiones APP, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó que “son esquemas de ejecución que exigen estabilidad institucional y jurídica. Es fundamental profundizar el modelo APP en transporte como un instrumento crucial para el desarrollo nacional y la reducción de la pobreza en Colombia, dado su aporte macroeconómico y su capacidad para habilitar nuevos negocios. Para esto, es necesario mantener unas reglas claras que permitan asegurar la sostenibilidad del modelo”.

Cada año, las tarifas de los peajes aumentan según el dato de inflación suministrado por el Dane. Para este año, los montos deberían haber subido 13,12%, según el IPC de 2022.

Sin embargo, el decreto 005 de 2023 del 15 de enero de 2023 ordenó no incrementar las tarifas de peaje a vehículos que crucen por las 143 estaciones a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ubicadas a lo largo del territorio nacional.

“La naturaleza del modelo de concesiones ha permitido la financiación y operación óptima de inversiones que no se hubieran podido realizar con los recursos públicos disponibles a lo largo de tres décadas. El desmantelamiento del modelo de APP reduciría la dotación de infraestructura de buena calidad dado que no hay espacio fiscal para sustituir APP por obras públicas en el corto plazo, aumentaría los costos generalizados de transporte, reduciría el ritmo de crecimiento del PIB, y empobrecería a la mayoría de la población”, concluyó el director del estudio, Juan Benavides.

Análisis

Sin embargo, se conoció que, ante la magnitud del desfase fiscal, el Gobierno comenzó a estudiar la posibilidad de anticipar el fin de la medida.

Aunque el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que “eso no está definido, es hipotético”, fuentes conocedoras del tema explicaron que sí existe intención de retomar el ajuste, para aplicarlo posiblemente antes de fin de año.

Para el mercado de infraestructura resulta incoherente que por un lado el Gobierno se mantenga firme en la decisión de cerrar el hueco del Fondo de Estabilización de los Combustibles (Fepc), pero al mismo tiempo sostenga el precio de los peajes a valores del 2022, asumiendo un costo fiscal, así sea en montos más pequeños que en la gasolina.

Esta posible decisión, sin embargo, no es del agrado de los transportadores de carga, quienes reiteran que se debe también evaluar dentro de este reajuste, el pago de los peajes dependiendo del estado de la vía y los servicios que prestan a los usuarios de las mismas.

“Antes de hablar de un aumento en el precio de los peajes es importante generar una política pública de peajes que unifique a los que administra el Estado, gobernaciones y alcaldías y en ningún caso deben superar la inflación de un año a otro”, dijo Nidia Hernández, presidenta de Colfecar.

Los recursos pendientes

El Gobierno logró en la adición presupuestal $500.000 millones para pagarles a las concesiones que no pudieron aumentar su tarifa, como lo dictan los contratos, el 15 de enero de 2023 (34 de 39 proyectos según la ANI).

Como se recuerda, este dinero no alcanzaría para saldar las deudas del Gobierno con las concesiones viales, pues se calcula que el reajuste podría estar entre $800.000 millones según las cuentas de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), lo que dejaría $300.000 millones en el aire, sobre los cuales no hay certeza aún de cómo estarían financiados.

Así mismo, esta decisión daría fin a la incertidumbre que existe por parte de los financiadores sobre los proyectos que buscan fondeo para las obras.