+ Disidencias y reincidencias tienen 5.200 efectivos
* Claramente el término “residuales” ya no aplica
El reciclaje de la violencia armada en muchas regiones del país es alarmante. Es claro que la disputa por las rentas ilícitas, desde el narcotráfico, pasando por la minería criminal, hasta el contrabando de madera y otros delitos derivados, es la principal causa de la preocupante escalada de inseguridad y desorden público en muchos departamentos.
Un fenómeno que no solo se refleja en el aumento de las acciones típicas de conflicto armado, sino en el incremento de asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, la racha de masacres, el resurgimiento de casos de desplazamiento forzado de población así como el auge de narcocultivos al igual que de redes de microtráfico. Una mezcla de violencias cruzadas que tiene en jaque la seguridad urbana y rural, disparando de paso muchos delitos de alto impacto.
A ello debe sumarse que los ataques contra las Fuerzas Militares y de Policía se han vuelto más frecuentes en distintas zonas del país. De hecho, un parlamentario que lleva un registro diario de los uniformados muertos en combate, asesinados durante operativos de vigilancia rutinaria o en actos terroristas, señalaba esta semana que en lo corrido de este año se han perdido 584 vidas de personal castrense y policial.
Si bien las autoridades han desplegado intensos operativos y planes de choque en campos y ciudades para hacer frente a este repunte de inseguridad y desorden público, asestando importantes golpes a la delincuencia común y organizada, es claro que la expansión acelerada de los grupos armados ilegales se erige como la principal dificultad.
Como lo reiteramos días atrás en estas páginas, a propósito de los cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el anterior gobierno y las Farc, así como de la votación y desconocimiento del dictamen popular en el plebiscito refrendatorio, la violencia armada está repuntando de nuevo en muchas zonas por cuenta no solo de la guerrilla del Eln y las bandas criminales de alto espectro (tipo ‘Clan del Golfo’ o ‘Los Caparros’), sino principalmente por el accionar creciente y cruento de las disidencias y reincidencias de las Farc. Es decir, de aquellas facciones que, decididas a seguir rentando del narcotráfico y la minería criminal en todos sus eslabones, se apartaron del proceso de negociación de La Habana antes o después de la accidentada suscripción del igualmente cuestionado pacto.
Aunque suele decirse que se trata de grupos “residuales”, lo cierto es que no hay tal. Una prueba de ello es el último informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), según el cual hay más de 30 estructuras armadas derivadas de las Farc que operan en 123 municipios de 23 departamentos. Más preocupante resulta el hecho de que entre las tres organizaciones de reincidencias y reincidencias que se tienen identificadas la cantidad total de hombres-arma, es decir de personal combatiente y redes de apoyo, ya tendrían no menos de 5.200 integrantes. Una cifra más que preocupante porque es similar a la cantidad de combatientes reales (dejando de lado los efectivos logísticos y de apoyo) que sí se reinsertaron y que, además, es más del doble que los 2.450 efectivos que se calcula hacen parte del Eln.
Así las cosas, en modo alguno puede considerarse esta circunstancia como un elemento “residual”. Es más, el propio diagnóstico de Indepaz señala que de las 13 mil personas que se acogieron al acuerdo de paz suscrito con la facción de las Farc que sí se desmovilizó, el 95% está cumpliendo con el proceso y solo de un 5% (casi 800 reinsertados) “no se reconoce dónde se encuentran actualmente y si hacen o no parte de estas estructuras. Lo que permite entender que en su mayoría, el pie de fuerza que conforma estos grupos post Farc son nuevos reclutas”. Se podría concluir, entonces, que estamos ante un fenómeno muy complejo, de gestación de una nueva guerrilla, claramente delincuencial y sin mayor estructura ni móvil político, pero compuesta esencialmente por personal subversivo que nunca se desarmó, otro tanto que sí lo hizo pero volvió a la clandestinidad y una porción restante de nuevos ‘enrolados’. A ello habría que adicionar que una parte de estas facciones no solo están enfrentadas por el dominio del negocio del narcotráfico, sino que tienen una especie de retaguardia estratégica en Venezuela, en complicidad con la dictadura chavista.
Visto todo lo anterior, surgen dos conclusiones. La primera, como lo hemos reiterado en estas páginas, las grandes falencias de una negociación que no llevó a la paz ni mucho menos a la terminación del conflicto. Y, segunda, la necesidad de ajustar la política de seguridad y orden público para enfrentar a un nuevo enemigo, creciente y violento: las disidencias-reincidencias de las Farc.