Según la Constitución venezolana el poder constituyente reposa en el pueblo pero el presidente puede convocar una Asamblea constituyente y así lo ha hecho el dictadorzuelo Maduro con el apoyo de otros poderes. La manera en la que, de acuerdo con Maduro, se van a elegir los delegados es amarrada y antidemocrática y busca consolidar la dictadura. 

Esto ha generado con razón toda clase de rechazos y críticas, porque es una nueva violación -la enésima- de la Constitución y de la democracia.

La Constitución es, en cualquier parte, ley de leyes y es la Carta en la cual se asientan las instituciones estatales.

En Colombia, la Constitución de 1991 -que nos rigió hasta hace poco- indicaba que podía reformarse por referendo, Asamblea Constituyente o por el Congreso, mediante acto legislativo, aprobado en dos periodos ordinarios y consecutivos, y debates en las comisiones y en las plenarias de ambas cámaras. Con este mecanismo la Constitución fue reformada 41 veces en veintiséis años -127 artículos de 380, es decir, uno de cada tres-. No obstante esa fragilidad, la Constitución era la carta de navegación de un Estado democrático. 

El Acuerdo de Paz de La Habana contiene un sinnúmero de cambios fundamentales a la Constitución y a la ley. El Congreso enmermelado aprobó una modificación a la Constitución mediante la cual los actos legislativos y las leyes presentadas por el gobierno se aprueban por un procedimiento abreviado sin lugar a cambios -fast track- pero dijo (artículo 5, Acto legislativo a de 2016) que “todos los instrumentos de este Acto Legislativo sólo operarán tras la refrendación popular del Acuerdo Final”, lo que llevó al referendo en el cual se preguntó al pueblo si apoyaba o no el Acuerdo de La Habana. Y el pueblo dijo NO. Ergo, el mecanismo y el Acuerdo de Paz no podían implementarse. ¿No podían? El gobierno maquilló el acuerdo inicial,  el Congreso enmermelado lo aprobó y la Corte constitucional, que no es independiente, lo avaló. Y en esas andamos.

La pregunta que cabe hacer, en un análisis desprevenido, es si la Constitución podía ser enmendada por el Congreso, sin el trámite señalado por la de 1991, aún con el aval de la Corte Constitucional, a la cual la Carta le otorgó el deber de guardarla. Al pueblo que votó NO le ha tocado tragarse el sapo del Acuerdo de La Habana, del fast track mediante el cual se atienden las órdenes de la Farc y de las violaciones a la Carta.

¿Qué diferencia hay entre esas violaciones y las de Maduro en Venezuela con una Constituyente espuria? La respuesta es que ninguna y que aquí, como allá, vamos a una dictadura de los enmermelados que atienden órdenes de las Farc y que nos van a llevar a un socialismo del siglo XXI (véase proyecto agrario) que va a convertir “nuestro lindo país colombiano” en un remedo del de “nuestro nuevo mejor amigo”.

La Constitución venezolana es un librito azul que Maduro sacude todos los días. La colombiana es ahora un libraco rojo del tamaño de una biblia.

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Coda: un proyecto de ley del Mininterior pretende prohibir las corridas de toros en razón de los desmanes que se presentaron en Bogotá cuando se reanudaron en febrero y que cometieron los anti-taurinos. ¿Vender el sofá, ministro Cristo?