Jugando con fuego
El incendio social que se está desatando en torno de la destitución del alcalde de Bogotá, puede tener consecuencias inimaginables, que no podrán apagar quienes estratégicamente lo están provocando, en época preelectoral, desde las propias instituciones.
Y lo que se propaga no es precisamente un consenso en torno de la buena gestión del burgomaestre que, de la noche a la mañana, es presentado como una víctima por los mismos medios que fueron implacables con él aún antes de que empezara a gobernar. Ni siquiera es en aras de la proporcionalidad de las penas. Pues ya son más de 300 alcaldes destituidos en el país, sin que nadie alce la voz para defenderlos. El consenso no es a favor de Gustavo Petro, es en contra del procurador Alejandro Ordoñez.
Lo que motiva a esta turba no es la “injusticia” con el alcalde, es el temor que produce un Procurador que no consulta al establecimiento y que, además, parece tener los cálculos de su propia agenda electoral, a largo plazo.
En medio de este espectáculo nacional, que nos hace ver vulnerables hacia afuera, aparecen los organismos internacionales metiendo mano en nuestra casa, de manera natural. Basta repasar lo sucedido con las frecuentes intervenciones en política interna que tuvo el desaparecido presidente Chávez, para ponernos en alerta. Las declaraciones del delegado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, son inadmisibles. Debería mejor dedicarse a investigar el manejo que le está dando el PNUD al tema de las víctimas de las Farc, en su alianza con el Congreso.
Y sobre las declaraciones del nuevo embajador de EE.UU. en Colombia, Kevin Whitaker, según las cuales la destitución de Petro, “podría erosionar el proceso de paz con las Farc” el Gobierno no puede guardar silencio. Pero consuela que el embajador haya reiterado la preocupación de su Gobierno en torno de los derechos de las víctimas de las Farc. Ahí sí, necesitamos veeduría internacional.
Alguien sensato tiene que poner freno a este peligroso desquiciamiento. Aún no se ha medido, en términos de daño institucional, las consecuencias que tuvo ese famoso “le doy en la jeta m*****” del presidente Álvaro Uribe. En adelante, todos se sintieron legitimados para “darle en la jeta a los demás”. Basta recordar el reciente enfrentamiento entre los expresidentes pastrana y Gaviria, entre el presidente Santos y el expresidente Uribe, entre el fiscal Montealegre y la contralora Morelli, para no hablar de un fenómeno peligrosamente generalizado en el interior de las empresas privadas en Colombia. “Las barras bravas” de nuestros dirigentes se sintieron así legitimadas, para darle en la jeta a los demás. Eso se llama desinstitucionalizar.
Cómo hacen de falta dirigentes con sentido de grandeza, con intereses generales que primen sobre los particulares. Con sentido de Estado. Que alguien se atreva a decir “Basta Ya”. Estos hombres podrían hablarle al oído al establecimiento político y al Gobierno, llamándolo a la cordura. De lo contrario, las consecuencias del fuego verbal serán devastadoras para la democracia colombiana.