Se murió esa reforma

La reforma de la Justicia está muerta y sepultada. Ni el Congreso ni el Ejecutivo ni las Cortes pueden resucitarla, ni la opinión pública lo permitiría.

Pero es importante precisar que la enterrada es esa reforma, la que tuvo tan mal término y logró que todos, ciudadanos, instituciones y hasta sus propios padres y los expertos que le ayudaron a ver la luz, se empeñaran en liquidarla. Porque sería deplorable que el fracaso del proyecto volviera imposibles los ajustes necesarios para que exista una justicia pronta y cumplida, como lo repitieron los participantes en los debates y lo cantaron, inclusive en los responsos, el día en que sus artículos dejaron de ser mirados como un texto legal, para ganarse la dudosa reputación de ser el más grande mico de la historia legislativa.

Es evidente que el sistema actual no funciona con eficacia y que existe un consenso nacional sobre la urgencia de encontrar remedios rápidos. El estrepitoso fracaso de una reforma que había despertado tantas ilusiones al principio, significa que la opinión pública no quiso esa reforma, de ninguna manera implica que no haga falta un marco institucional reforzado, para garantizar que las diferencias entre las personas, sus controversias con entidades oficiales y los atentados contra la convivencia social sean juzgados veloz y limpiamente.

Los colombianos expresaron su repudio absoluto al proyecto aprobado en definitiva por las Cámaras, con unanimidad y vehemencia vistas raras veces. Pero no lo hicieron porque estén satisfechos con la justicia que tienen, o mejor dicho que no tienen, sino porque consideraron que las nuevas disposiciones no mejoraban sino empeoraban la situación en materia grave. Reaccionaron contra esas propuestas por creer que contradecían los anhelos de tener una justicia mejor.

Es hora, entonces, de pensar en las aspiraciones de justicia que siguen vigentes, aumentadas por el episodio que condujo al entierro de este articulado.

Es el gran desafío institucional de los días que corren. Y de la forma como lo enfrenten el Gobierno, el Congreso y la Rama Judicial dependerá en buena medida la solidez de nuestra democracia. Si el país es capaz de superar las dificultades, incluidas, las que los propios organismos del Estado se crean, saldremos finalmente fortalecidos de la prueba. Si no, sufriremos las consecuencias del fracaso de esta reforma y, además, el descrédito de las instituciones cuyos miembros se meten en problemas de los cuales no pueden salir después.

¿El Gobierno sabrá interpretar el anhelo de justicia de los ciudadanos y articular una manera de proporcionársela?

¿El Congreso estará dispuesto a repetir la tarea y organizar una estructura judicial eficaz y rápida?

¿Cómo pueden las Cortes contribuir al diseño de una nueva legislación?

¿Los ciudadanos encontrarán la manera de expresar su pensamiento sobre los puntos que se discutan, día a día, para no despertar una mañana en medio de artículos y parágrafos agobiados por el peso de los micos?

Los colombianos rechazaron esa reforma. Esa en concreto. Pero siguen deseando una de verdad, fuerte y transparente que les garantice la justicia pronta y cumplida.