Muy orgulloso -y con toda la razón-, le anunció la semana pasada al país el presidente Santos la culminación exitosa del proceso de ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se trata, ciertamente, de una de sus apuestas más firmes en materia de política exterior. Y se trata también de una oportunidad para que el país siga perfeccionando sus instituciones y su gobernanza política y económica en ámbitos de política pública que van desde la calidad regulatoria y las condiciones de competencia económica hasta la educación y el ordenamiento territorial. Tareas pendientes que no se resolverán de la noche a la mañana, por el solo hecho de ser ahora el país miembro de la OCDE. Pero tareas, no cabe duda, que el país podrá asumir con mejores insumos y capacidades, con arreglo a criterios y parámetros más exigentes, y con el incentivo-presión de la evaluación y la comparación permanentes, que vienen anejos a esa condición.
El próximo Gobierno tiene el deber de mantener esa apuesta del presidente Santos y del equipo que lo acompañó a lo largo del exigente proceso durante todos estos años. A fin de cuentas, esa apuesta no le pertenece sólo a él, sino que es un compromiso de país que empezó a materializarse desde la administración de Álvaro Uribe, cuando Colombia ingresó al Centro de Desarrollo de la OCDE. No sería lógico desandar el camino ya recorrido, o simplemente abandonarlo por una mera veleidad ideológica. O, en el peor de los casos, darse por satisfecho con la “membresía” y hacer de ella meramente una pose, una etiqueta sin substancia. Como decía el poeta Luis Cernuda, hay que tener mucho cuidado, no vaya a acabar el país en la OCDE como esos “Que estando ya, no estaban, / Pues entre estar y estar hay diferencia”.
Aprovechó la ocasión también para informar que en el mismo viaje a Europa en el que se daría por notificado de la admisión de Colombia a la OCDE, se formalizaría “el ingreso de Colombia a la OTAN en la categoría de socio global”. Una noticia algo trasnochada, pues tal condición la ostenta el país desde mayo de 2017, cuando esa organización y Colombia acordaron un Programa Individual de Colaboración y Cooperación (IPCP, por sus siglas en ingles), que en estricto sentido, además, no es necesario “formalizar”, pues no se trata de un instrumento jurídico sino de una hoja de ruta. Una noticia también bastante imprecisa, pues Colombia no “ingresa” a la OTAN, ni como socio global ni como nada, por la sencilla razón de que la condición de socio global no es una forma de membresía, sino un esquema o marco de relacionamiento, como el que tienen con la OTAN países como Afganistán, Pakistán o Mongolia, ninguno de los cuales alardea de haber “ingresado” a la alianza.
En términos prácticos, el IPCP define unas áreas prioritarias para el diálogo político entre Colombia y la OTAN (ciber-seguridad, seguridad marítima, lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, mantenimiento de paz, construcción de capacidades y buena gobernanza del sector defensa). En consecuencia, el país tiene acceso a los programas, actividades y asesorías que ofrece la organización a todos los demás socios globales.
Lo anterior es, evidentemente, muy distinto a ser parte del sistema de seguridad colectivo definido por el artículo 5 del Tratado de Washington de 1949. La Alianza no tiene obligación de acudir en defensa de Colombia en caso de agresión, ni de proporcionarle asistencia militar. Por lo tanto, se engañan quienes piensan que ser socios globales implica el involucramiento automático de Colombia en los despliegues militares de la OTAN, o que ello aumentará la capacidad de disuasión del país frente a eventuales amenazas externas. Decirlo así no implica desconocer la importancia de este logro diplomático, que habrá que profundizar mediante otros instrumentos y mecanismos, sino ser conscientes de que, también en la OTAN, “entre estar y estar hay diferencia”.
*Analista y profesor de Relaciones Internacionales