Complemento

Se  ha ocupado, esta columna, en la Justicia Paralela a cargo de los medios de comunicación, con base en las posiciones adversas de Juan Manuel López Caballero, en  “Falsos Positivos ¿de quién la culpa?”, y Andrés Nanclares en “El mito de la independencia de los jueces”. Estos autores no se refieren explícitamente a la clase citada de Justicia pero sus explicaciones permiten la conversión o equivalencia.

Se concentró, quien escribe, la semana pasada, en la restricción a la independencia de los jueces con los medios como causa y convertidos en el cuarto poder, por analogía con Montesquieu, con imperio similar al del Ejecutivo y el Legislativo y, puede pensarse, poderío mayor al del Judicial por los casos citados; Nanclares fue la fuente. Permita el lector una digresión. Se indicó que las sentencias de, por ejemplo, la prensa, son imborrables, pese a las rectificaciones, lo cual significa que el castigo social a inocentes, consistente en desvinculación total o parcial a la economía monetaria, y la sanción, persisten; ¿qué puede hacer, o debe, la sociedad? Este aspecto merece atención y análisis. Se está frente, en ese momento, a la transición de Justicia Institucional a Paralela.

Sostiene Nanclares que los medios de comunicación son solo uno de los mecanismos para socavar la independencia de los jueces. Cita la escogencia, a través del concurso de méritos “fundamentado en exámenes tipo selección múltiple”, como indicativa de ausencia de espíritu crítico. Llama la atención, también, sobre “la falta de independencia institucional del Poder Judicial”, lo cual se refiere al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación; cabe recordar, en el primer caso, la composición de la Sala Disciplinaria con criterios políticos y consiguiente posibilidad de clientelismo. La Fiscalía se considera entidad enemiga. Conclusión: no existe independencia de los jueces en lo funcional, personal y profesional, lo cual contradice las tesis de Montesquieu sobre el equilibrio de los poderes, o sea, se perjudican la democracia y el Estado social de derecho.

Conviene se organice un debate público alrededor de los planteamientos de Andrés Nanclares y Juan Manuel López Caballero, aunado a las conclusiones de la investigación sobre las pensiones millonarias de los magistrados a las que están vinculados la Cámara de Representantes (Comisión de Acusación), Fiscalía General, Corte Suprema y el Consejo Superior de la Judicatura.